editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Residencias: una reforma urgente

Estas instituciones deben abordar cambios de fondo para adaptarse a las necesidades de los mayores y no al revés

Fachada de una residencia de Sevilla cerrada el miércoles al detectar la inspección "deficiencias graves".
Fachada de una residencia de Sevilla cerrada el miércoles al detectar la inspección "deficiencias graves".Eduardo Briones (Europa Press)

Entre las lecciones más crueles que ha dejado la pandemia está la urgente reforma del funcionamiento de las residencias: allí hemos visto y vivido situaciones dramáticas que han revelado graves carencias. Pero el plan de reforma elaborado por el Ministerio de Derechos Sociales que dirige la ministra Ione Belarra acaba de encallar por el desacuerdo de varias comunidades autónomas. El proyecto ni siquiera se llegó a votar en la reunión del Consejo Interterritorial de Servicios Sociales, celebrada el miércoles, ante la evidencia de que no contaba con los apoyos suficientes. Expresaron su rechazo las comunidades del PP, Cataluña y País Vasco, pero también dos comunidades socialistas, las de Castilla-La Mancha y Extremadura. Este percance retrasa un proyecto del que depende la calidad de vida de miles de ancianos y dependientes.

Lo que hoy sabemos sobre la red de atención a las personas mayores obliga a actuar con la mayor celeridad posible. El proyecto del ministerio no solo aumenta la ratio de empleados por residentes, sino que establece unos requisitos mínimos de espacio, organización y prestaciones para mejorar la vida en las residencias. El borrador impulsa una nueva orientación de estos servicios de manera que sea la institución la que se adapte a las necesidades de los internos, y no al revés. Las implicaciones de este cambio de filosofía son múltiples y el objetivo último es que la residencia, donde cada vez más españoles pasarán el último tramo de su vida, se parezca lo máximo posible a un hogar. A este propósito obedece por ejemplo la limitación de plazas a un máximo de 75 para las zonas rurales y de 120 para las urbanas, la exigencia de organizar la vida interna en unidades de convivencia de 15 personas y de aumentar el porcentaje de habitaciones individuales.

Pero este cambio de modelo implica también un aumento considerable de los costes. Lo que suscita las mayores resistencias entre las comunidades autónomas es la falta de garantía de que su aplicación contará con los recursos financieros suficientes: temen que las arcas autonómicas acaben afrontando la mayor parte de ese sobrecoste. Pese a que en 2021 el Gobierno hizo el esfuerzo de aportar 1.800 millones adicionales para ese año y el siguiente, sigue siendo una cantidad insuficiente. Las patronales ven inviable el modelo si no se modifica el marco presupuestario y tanto los sindicatos como las asociaciones de familiares lo consideran insuficiente desde el punto de vista de la dotación de personal. El ministerio deberá ahora hacer un mayor esfuerzo de concreción presupuestaria, con garantías de dotación financiera suficiente, pero las comunidades autónomas también deberían aparcar los cálculos partidistas para lograr que las condiciones de habitabilidad de las residencias rehúyan cualquier parecido con aparcaderos humanos.

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