Un cese inexplicado

La destitución el martes de la directora del Centro Nacional de Inteligencia, Paz Esteban, es la decisión más contundente que toma el Gobierno para que el caso Pegasus no acabe dinamitando la legislatura. Es posible que sea también la última. La salida de Paz Esteban se daba por descontada desde que el Ejecutivo reveló que habían sido espiados el presidente del Gobierno, la ministra de Defensa, —y ahora se ha sabido que también el ministro del Interior más un intento frustrado al ministro de Agricultura—. Una grieta de ese calibre en la seguridad del Estado, una vez que trasciende, no puede quedar sin consecuencias. Y a ello se añade la difusión del espionaje a 18 dirigentes independentistas catalanes, entre ellos el entonces vicepresident Pere Aragonès, sin que la propia Esteban revelara la información razonada que justificó pedir esa autorización judicial. Y sin que, según La Moncloa, se informara al Gobierno de un espionaje tan delicado a un cargo público representante del Estado.

Nada de esto explicó el martes el Gobierno al anunciar el relevo en el CNI. Solo quedó claro que no fue una dimisión voluntaria. La ministra de Defensa no dio ninguna explicación sobre una “sustitución” de esta trascendencia, más allá de admitir que “puede haber fallos” y que “la seguridad completa no existe”. Todo el mundo entiende la opacidad con la que tienen que trabajar, por fuerza, los servicios de inteligencia, pero una vez que su trabajo sale a la luz, solo se cierra de verdad una crisis cumpliendo las exigencias de la transparencia democrática. Lo que no se menciona, sigue existiendo aunque no se mencione.

Margarita Robles no ocultó ayer su satisfacción por que la elección de la nueva directora del CNI, Esperanza Casteleiro, refuerza su posición al tratarse de alguien de su máxima confianza que hasta ahora desempeñaba el cargo de secretaria de Estado en su ministerio. Las palabras de Robles en defensa del Centro Nacional de Inteligencia, su comprensión sobre los posibles fallos pasados y futuros, y el diagnóstico sobre la competencia y fiabilidad de su trabajo buscan reforzar la autoestima de un centro poco acostumbrado a la luz pública, pero también garantizar la seriedad de España de cara a la cumbre de la OTAN de Madrid de finales de junio. Difícilmente podría presentarse el Gobierno a esa cita con sus servicios secretos cuestionados por una brecha en la seguridad nacional.

El cese era el gesto más obvio que el presidente del Gobierno podía ofrecer a ERC y al resto de grupos que lo apoyan (incluido su socio de gobierno Unidas Podemos). El cambio de tono de ERC, evidente en la entrevista de Oriol Junqueras en este periódico, y la decisión del cese —adoptada tras finalizar el análisis de todos los móviles del Gobierno— favorecen el anunciado encuentro de los presidentes Pedro Sánchez y Aragonès que, en teoría, debe constatar si ERC sigue siendo un aliado parlamentario para lo que queda de legislatura. Aún queda pendiente la decisión de desclasificar los documentos que justifican el espionaje a Aragonés, algo a lo que no se opuso el martes la ministra de Defensa.

Pero este episodio ha revelado vulnerabilidades en las comunicaciones y una estructura organizativa del CNI que exigen reflexión y adopción de medidas para su control democrático y para evitar que un Gobierno ignore —según asegura La Moncloa— que se investiga a un cargo público, vicepresidente de un Ejecutivo autonómico. Todo ello puede y debe ser compatible con la naturaleza del trabajo de los servicios de inteligencia.