El pacto de Estado contra la violencia de género

El contexto internacional de regresión de los derechos y libertades de las mujeres explica la importancia de la conferencia sectorial convocada por la ministra de Igualdad, Irene Montero. El objetivo es blindar el pacto de Estado contra la violencia de género frente a los ataques procedentes de regímenes autocráticos como Hungría o Polonia que en España se reflejan en Vox y una ideología antifeminista y negacionista sobre los problemas que afectan específicamente a las mujeres.

La corriente de fondo de contestación a las conquistas de las mujeres hace más necesario si cabe blindar una política de Estado como lo es la existente contra la violencia machista plasmada en la conocida Ley Integral contra la Violencia de Género de 2004, que consolidó un discurso institucional para nombrar la violencia sufrida por las mujeres y unas herramientas administrativas y financieras para avanzar en su erradicación. Esa manera de nombrar y representar el problema está siendo hoy atacada por la formación ultraderechista, al pretender cambiar el término “violencia de género” por “violencia intrafamiliar”, tal y como ha sucedido con la propuesta en el acuerdo de gobierno de coalición cerrado con el Partido Popular en Castilla y León.

El cambio no es menor. La atribución de sentido que lleva el término “violencia de género” supone un entendimiento de la situación como un problema social, no como uno familiar o privado sin elementos diferenciales con respecto a la violencia sufrida por ancianos o niños. Supone además negar que dicha violencia responde a un tipo específico de machismo que arraiga en estructuras discriminatorias que sitúan a las mujeres en una posición de desigualdad de poder, que es lo que la ultraderecha también niega. Implica, en definitiva, que si dejamos de ver esas estructuras sociales de desigualdad, los cursos de acción no se destinarán a transformar los diferentes ámbitos de la sociedad como el jurídico, el sanitario, el mediático o el educativo.

El hecho de que exista un pacto entre los dos principales partidos sistémicos —el PP y el PSOE— sobre ese diagnóstico confiere al reto la entidad de un política con prioridad de Estado. Por eso son malas noticias que el Partido Popular haya cerrado un acuerdo con Vox en Castilla y León en el que se contempla la creación de una ley que cambia expresamente la violencia de género por la intrafamiliar. El acuerdo es sintomático de la amenaza existencial que los partidos de extrema derecha están suponiendo para el conservadurismo tradicional. Del cierre de filas del PP de Alberto Núñez Feijóo contra esta lacra y su lealtad al pacto de Estado contra la violencia de género dependerá la credibilidad de un partido que se dice moderado y de gobierno. De momento, Feijóo no ha dudado en dar luz verde a la agenda regresiva de Vox en Castilla y León.