El virus Djokovic

Australia ha deportado a Novak Djokovic tras un procedimiento bastante ejemplar, incluyendo sus vacilaciones y errores. O sea, sólido desde la óptica garantista de los derechos humanos individuales, del imperio de la ley, del respeto al Estado de derecho, de la salud y el interés público. El tenista ha sido escuchado, ha podido defenderse de forma suficiente, se ha dispensado el tiempo necesario y han intervenido todas las autoridades ejecutivas y judiciales pertinentes.

Por ello, el campeón deportivo no se convertirá en un icono respetable del movimiento antivacunas. Y porque él mismo ha reconocido tres errores graves en su actuación. Que podrían configurar algo peor, un intento de engaño a las autoridades y a los ciudadanos australianos embarcados en una rigorista campaña antipandemia. Aunque eso será difícil saberlo, pues desconocemos el detalle del historial médico —y de sus eventuales manipulaciones—, y está bien que sea así, que se preserve esa privacidad de sus datos personales: forma parte del elenco garantista en las democracias.

Pero sus quiebros han inquietado. “Fue un error de juicio” entrevistarse, enfermo, con un periodista en Belgrado, reconoció. “Fue un error humano” declarar que no había pasado por otro país (España) antes de volar a Melbourne, concedió. “Probablemente cometí un error” al afirmar que el panel que le facilitó en principio el vuelo fue del Gobierno federal, y no de la autoridad deportiva y del Estado de Victoria, aseveró.

A esos errores se les suman sus apariciones sin mascarilla en eventos públicos cuando —dice que— estaba contagiado (sin contar las sugerencias de que nunca se infectó). Y se les agrega su campaña antiprotección (“Me opongo a la vacunación” y a que “nadie me obligase a vacunarme para poder viajar”, declaró ya en 2020). El virus Djokovic no son sus errores, sean inexactitudes o falsedades. Es que de ellos y de su conducta se infiere la falta de credibilidad sobre su respeto al derecho de los demás a no ser infectados.

Por eso Australia le expulsa. Eso sí, tras cometer dos fallos: un expediente favorable elaborado a la ligera a nivel estatal (Victoria) y un reprobable ninguneo de los agentes federales de inmigración a su derecho a un procedimiento equitativo (con tiempo holgado para organizar su defensa). Por eso el juez Kelly suspendió la cancelación del visado. Esa rectificación, la pausa en la decisión final del Gobierno federal de deportarle —por razones mayores de “salud”, “buen orden” e “interés público”— y el sometimiento del caso a un tribunal en pleno han validado el proceso. Replica el Gobierno serbio que era mejor ahorrar esos pasos, esa “tortura”. Así piensan los partidarios de los juicios sumarísimos. Dios nos libre de ellos.