Una verdadera política de rentas

Los datos sobre la subida salarial en los convenios colectivos de 2021 han reabierto el debate sobre la conveniencia de actualizar su poder adquisitivo a la inflación del pasado año. Los salarios han subido de media un 1,41%, menos de la mitad del 3,1% de la inflación promedio del año pasado. Ese diferencial es el que centra las llamadas al mantenimiento del poder adquisitivo de los salarios, reforzadas por el alza del último periodo del año, que ha situado la inflación interanual en cifras inéditas en las últimas dos décadas: un 6,7%.

La actualización automática de los salarios puede no ser la mejor solución. La subida de precios se debe fundamentalmente al alza del coste de la energía y a los cuellos de botella producidos en el último trimestre del año pasado. De momento, no ha repercutido en toda la cadena de suministro y buena parte del incremento de los costes se ha trasladado a menores márgenes empresariales, en un tejido económico que lleva dos años con beneficios menguantes y fragilidad financiera creciente. Con este escenario, una subida de salarios que actualice automáticamente el poder adquisitivo debe considerarse con mucha precaución. En primer lugar, porque incidiría en unas mayores expectativas de inflación para 2022, consolidando el ritmo de crecimiento de los precios. Con márgenes empresariales reducidos por los efectos de la pandemia, la subida salarial terminaría afectando a los precios de venta, de manera que la medida no solo no lograría sus objetivos, sino que probablemente generaría el efecto contrario. En segundo lugar, porque lo que ahora es, todavía, una situación transitoria (que puede estabilizarse durante el primer semestre de 2022), podría convertirse en un fenómeno estructural en el medio plazo. Eso empeoraría las perspectivas de la economía española y dañaría su competitividad exterior, justo en el momento en el que habíamos logrado controlar el déficit exterior, que es uno de nuestros desequilibrios endémicos.

La coyuntura actual abre la oportunidad de una reflexión sobre una verdadera política de rentas, abandonada en España en la última década y solo parcialmente recuperada en los últimos años. Entre 2009 y 2018, los salarios perdieron peso en la distribución de la renta en favor de los excedentes empresariales, al crecer por debajo del crecimiento de la productividad, siendo este uno de los efectos más duraderos de la anterior crisis financiera. Una política de rentas que recupere los salarios en el medio y largo plazo implica actuaciones destinadas a fomentar el crecimiento de la productividad, nuestro principal talón de Aquiles. Ese es el objetivo último que debería guiar la actuación de la política económica del Gobierno, particularmente con la llegada de los fondos europeos. Solo desde esta aproximación, y esperando que la reforma laboral pactada mejore las condiciones de los colectivos más golpeados por la precariedad y la dualidad, podremos ofrecer una respuesta robusta y justa si el alza de precios se vuelve permanente.