Agenda reformista

España cierra 2021 con el desembolso de los primeros 10.000 millones de euros de los fondos europeos Next Generation (además del adelanto de otros 9.000 millones), y logra, asimismo, el plácet de Bruselas al plan estratégico del coche eléctrico por 3.000 millones. Contra lo que sostuvo la actual oposición conservadora, el papel de España en el diseño, desarrollo normativo y agilidad en la justificación y obtención de esos fondos ha sido algo más que significativa.

Este país contribuyó a perfilar el plan de recuperación europeo entendido como un plan Marshall desde antes de crearse, en la primavera de 2020, mediante su propuesta de eurobonos al Eurogrupo. España fue el primer país de los 27 en aprobar su plan nacional de recuperación y resiliencia (el 27 de abril de 2021), en lograr su aprobación por la Comisión (el 16 de junio) y el Consejo, en rubricar el Acuerdo Operativo para su aplicación (el 10 de noviembre), en vehicular la originaria solicitud de fondos (el 12 de ese mes), y ha sido también el primero en ver aprobado y efectuado su desembolso (el 27 de diciembre).

Esta eficacia es un activo del Gobierno y del alto funcionariado. Queda pendiente en estos planes la ejecución final de las subvenciones al compás de la presentación de las demandas efectivas, que no serán ya solo aproximativas “manifestaciones de interés”, mientras las autonomías han de despachar los 11.247 millones de euros puestos a su disposición (el 80% está ya comprometido). Las exigencias administrativas y de las garantías antifraude de Bruselas, y del mismo reglamento español, impusieron un ritmo lento inicial que debe acelerarse sin perder el rigor que extremó por su parte el Consejo de Estado. Cuanto mayor velocidad se imprima, más rápido se notarán los efectos de las inversiones.

Sin embargo, tan relevante como la dimensión cuantitativa de los fondos es el significado cualitativo de que España haya cumplido las puntillosas condiciones (de momento, para 2021) impuestas para desembolsar los fondos.

La cobertura de los 52 “hitos y objetivos” se debe a un enorme y consistente paquete reformista en leyes, reglamentos y medidas fundamentales: van desde la ley del cambio climático, que nos alinea con el Acuerdo de París, hasta la primera fase de la reforma de pensiones, pasando por la nueva ley de formación profesional (dual, con el apoyo empresarial y sindical, pero el voto negativo del PP en el Congreso), o la ley de empresas emergentes (startups), la del ingreso mínimo, o la de la tecnología 5G para telefonía móvil.

La ambición de la transformación en marcha es resistente incluso a los embates de la polarización política y carece de precedentes comparables en nuestra historia reciente.