¿Es posible una respuesta regional integral a la migración en América?

Acabo de concluir una visita a cuatro países americanos, la primera desde que en septiembre asumí mi cargo como directora general adjunta de Gestión y Reforma de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). El viaje pretendía entender de primera mano las dinámicas migratorias en el continente americano.

Recorrí Bajo Chiquito, una comunidad indígena localizada en el Tapón del Darién (Panamá); la ciudad Tapachula, en el sur de México; pasé por Ciudad de Panamá, Bogotá, por Washington y Ciudad de México para reunirme con altos funcionarios de esos países. También hablé con las personas migrantes y escuché de viva voz sus historias y los riesgos que enfrentan en las rutas.

En estos últimos meses la cifra de personas en situación de movilidad en las Américas ha aumentado significativamente. Si bien la mayoría procede de Haití, otras personas son nacionales de Cuba, Chile, Brasil y Venezuela. También encontré muchas personas procedentes de Asia y África.

El número por sí solo es sorprendente. Hasta octubre, más de 120.000 personas migrantes, sobre todo originarias de Haití, han atravesado la frontera con Colombia con Panamá y puesto en peligro sus vidas en la región del Darién. En México, en 2021 la cifra de solicitantes de asilo se ha triplicado respecto al año anterior y supera las 110.000 peticiones de enero a octubre. Desde 2018 5,9 millones de venezolanos han dejado su país para buscar otros horizontes, en muchos casos hacia los países de la región.

Algunas personas migrantes me contaron los complicados viajes que pusieron en riesgo sus vidas, otras relataron cómo inundaciones, huracanes o sequías habían acabado con sus hogares, sus cosechas, y sus medios de vida. Y no eran vidas de opulencia, sino todo lo contrario, vidas marcadas por la vulnerabilidad y la incertidumbre. Está claro que ha llegado el momento de abordar las causas de la migración irregular en el continente americano.

En toda la región, los cierres de fronteras y las dificultades económicas consecuencia de la pandemia de la covid-19 han llevado a un aumento de la migración irregular estos últimos dos años.

Ha llegado el momento de alinear las respuestas nacionales con las multilaterales y apostar con decisión por la cooperación internacional. Me doy cuenta de que ningún país de las Américas puede responder solo, con eficacia, a los desafíos de la movilidad humana, pero todos tienen un rol que jugar.

Hay cuatro componentes clave que deben ser incorporados en un enfoque regional coordinado: primero, asistencia humanitaria para los más necesitados. Segundo, desarrollo mediante inversiones a corto plazo en las comunidades de acogida que vayan más allá de la atención a las causas raíz de la migración irregular o forzada y que permitan fortalecer los servicios que puedan beneficiar a toda la población en su conjunto. Tercero, fortalecimiento del sistema de asilo y oferta de alternativas de regularización, incluyendo oportunidades para migrar de manera segura, ordenada y regular, por ejemplo, por trabajo o reunificación familiar. Y cuarto, difundir información confiable y tomar medidas enérgicas contra los tratantes y traficantes que explotan a las personas migrantes.

En julio pasado, Estados Unidos planteó dos estrategias, una para una gestión colaborativa de la migración y otra que atienda a sus causas raíz. Sin embargo, es necesario crear un momento político adecuado para impulsarlas. Solucionar flujos migratorios irregulares asociados con la pobreza, la violencia, y la desigualdad hace necesaria una respuesta desde el desarrollo sostenible e inclusivo, también fortalecer la resiliencia contra la degradación del medio ambiente exacerbado por el cambio climático que provoca desplazamiento, y aún más, porque no es suficiente dar atención solo a una emergencia o crisis.

Hay algunos hechos positivos: EE UU ya ha propuesto un enfoque integral para gestionar la migración; Colombia ha ofrecido Estatus de Protección Temporal a personas de origen venezolano; México, con la ayuda de la OIM y de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), está considerando alternativas de regularización migratoria para las personas haitianas en el país; y los gobiernos de toda la región están reconociendo que deben cooperar para encontrar las oportunidades, y no únicamente reaccionar a crisis. Existen acuerdos como el Pacto Global sobre Migración para hacer de la movilidad humana un proceso más seguro y digno para las personas. El marco para un acuerdo existe dentro del Pacto, ahora es el momento de implementar los principios y objetivos en términos muy concretos.

Todos los países deben aumentar la disponibilidad y flexibilidad de las vías de migración regular, las visas humanitarias o por motivos laborales, de reducir las vulnerabilidades en la migración, y de gestionar las fronteras de manera integrada, segura y más humana. Mediante un enfoque regional podemos atender las necesidades humanitarias más perentorias, y plantearnos horizontes de más largo plazo para crear más oportunidades.

La pandemia ha demostrado que, a menos que cooperemos de manera más estrecha, será imposible una alianza para una migración segura, ordenada, regular y digna en las Américas. El momento de actuar es ahora.

Amy Pope es directora general adjunta de Gestión y Reforma de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).