Opinión
Texto en el que el autor aboga por ideas y saca conclusiones basadas en su interpretación de hechos y datos

La sociedad civil en tiempos de AMLO

Una propuesta fiscal del presidente López Obrador contra la corrupción revela también su desconfianza hacia el activista comunitario.

Un familiar pide informes en el Hospital Civil de Guadalajara “Fray Antonio Alcalde” es el hospital escuela de la Universidad de Guadalajara.
Un familiar pide informes en el Hospital Civil de Guadalajara “Fray Antonio Alcalde” es el hospital escuela de la Universidad de Guadalajara.Monica Gonzalez (EL PAIS)

El problema con el presidente López Obrador, decía hace poco alguien que lo conoce, es que tiene la mitad del diagnóstico bien, pero la otra mitad mal. El ejemplo más reciente sería la propuesta incluida en la miscelánea fiscal, mediante la que se limitarán los fondos que los ciudadanos pueden deducir vía donación a organizaciones de la sociedad civil.

Esa medida está motivada —la mitad “correcta” del diagnóstico— por la andresmanuelista noción de que solo el gobierno debe dar a los ciudadanos todo cuanto estos necesitan para desarrollarse. Todo. Por ello, ni la Federación ni los privados deberían aportar recursos fiscales a organismos no gubernamentales. No puede evitar lo segundo, pero puede desincentivarlo, como con su propuesta de rebajar los montos de las deducciones filantrópicas. Para ayudar estoy yo que soy el presidente, nos dice AMLO.

La mitad incorrecta no es menor. Ni inocuas sus eventuales consecuencias. López Obrador está muy equivocado si cree que no importa dificultarle la subsistencia a más de 5 mil organizaciones de la sociedad civil que trabajan cotidianamente para suplir y/o complementar la acción gubernamental ahí donde ésta es insuficiente en alcance o calidad.

Sea en el Hospital Civil de Guadalajara, donde delicados padecimientos son tratados gracias al apoyo de asociaciones civiles que aportan lo que muchas veces no pueden gobiernos ni pacientes, hasta comunidades en Chihuahua, con necesidad de acompañaniento legal para defender sus derechos y patrimonio frente a las ambiciones de criminales, la realidad del país es una que no cabe en las capacidades de la administración federal.

Ese déficit de la atención gubernamental, en cantidad y no pocas veces en calidad, ha sido histórico y fue precisamente uno de los motores del activismo social. Ciudadanos que reclamaban derechos, insuficiencias y por supuesto abusos de múltiples gobiernos fueron la constante desde mediados del siglo pasado en el proceso de la democratización mexicana.

López Obrador se considera heredero y consecuencia de esas movilizaciones. Y si bien es posible acreditarle su participación y detectar entre sus aliados a no pocos integrantes de algunas de esas expresiones ciudadanas, lo cierto es que al asumir el gobierno también se convirtió en el representante del vetusto aparato que ha sido incapaz, a veces por corrupción pero otras por mera disparidad entre los recursos oficiales y las necesidades de la población, de proveer lo que las hijas y los hijos de la patria demandan.

Pero mientras otros presidentes mexicanos optaron por aceptar —o incluso a regañadientes tolerar— el universo de organizaciones sociales que les exigían, pero de muchas maneras también les ayudaban a atender múltiples necesidades, López Obrador reclama el monopolio de la acción social.

Para Andrés Manuel los dineros del gobierno son sagrados no solo en su afán de instalar una nueva cultura de honestidad –lo cual está aún (muy) por verse–, sino porque en su lógica el llamado tercer sector carece de toda legitimidad: movimiento que no se santifica en las urnas no es digno de interlocución.

Así que la propuesta fiscal de que a partir de 2022 sean menos los donativos filantrópicos que un contribuyente puede deducir, es una medida que refleja con nitidez la filosofía estatista de un presidente que sí pretende reconstruir un gobierno central, pero que sobre todo desconfía tanto del activista comunitario que no tiene partido como del empresariado que financia organizaciones.

Si en el pasado hubo movilización social, particularmente luego del sismo de 1985, cree AMLO, fue para posibilitar que llegara un gobierno como el suyo, por lo que ahora desde la cúspide se afana en secar el ecosistema de ciudadanos organizados que en cierta medida contribuyeron a su triunfo, pero que tras éste no van a detener sus agendas, tanto porque los problemas persisten como porque la democracia participativa ya arraigó. Ello representa un peligro para el centralismo presidencialista del tabasqueño.

En ese sentido, la propuesta fiscal de López Obrador, disfrazada como tantas otras de combate a la corrupción, es el primer golpe a las organizaciones sociales por la vía del financiamiento privado, pero para nada el único embate. La pregunta es ¿qué harán frente a ello los ciudadanos organizados?

La circular número uno

Raquel Buenrostro, la zar de la recaudación de López Obrador, reveló el viernes ante legisladores que un par de familias ha deducido de manera ilegal –mediante simulación de donativos a obras sociales- cientos de millones de pesos. La declaración busca revestir de combate a la corrupción la propuesta oficial para que a partir del año entrante se baje el monto de las donaciones privadas que pueden hacer los ciudadanos.

Dando por buena la declaración de la jefa del SAT, un gobierno normal habría utilizado ese supuesto abuso para endurecer los castigos a quienes defraudan al fisco por esa vía, además claro está de exhibir a los tramposos. Ganarían autoridad al imponer a tan ruines personajes sanciones ejemplares y confirmar que aquellos que desvíen recursos no se saldrán con la suya, privados o públicos. Supondría un buen momento del combate a la corrupción.

Pero el de AMLO no es un gobierno que rime con normal. Hasta como excusa, la declaración de Buenrostro llega tarde. Han sido diversas organizaciones las que por días han denunciado que el gobierno federal dará un severo golpe a la acción de las organizaciones de la sociedad civil al reducir el monto de las deducciones que un contribuyente puede hacerles. Es decir, más que castigar a los tramposos, proponen medidas para reducir el flujo de dinero privado a ONG, para limitar la acción de éstas.

Hasta hoy un ciudadano podía optar por deducir hasta cierto tope sus gastos, por ejemplo, en salud privada. Y, de así desearlo, deducir aparte otro monto por la vía de un porcentaje de lo que donara a organizaciones sociales. De prosperar la iniciativa de López Obrador, ambas bolsas se convierten en una sola, lo que deduzca en salud o por donativos al final no se contabilizarán en rubros aparte.

Esta medida fiscal supondría la primer decisión gubernamental de Andrés Manuel para limitar los fondos privados, de personas físicas, que reciben las organizaciones de la sociedad civil en México. Con ello el gobierno cierra una pinza con la que comenzó a apretar al activismo a las pocas semanas de haber iniciado esta administración. Esa pinza llegó en forma de decreto presidencial.

El 14 de febrero de 2019 López Obrador publicó la Circular Uno, dirigida a “miembros del gabinete legal y ampliado”. Dice así: “Como es del conocimiento público, hemos tomado la decisión de no transferir recursos del Presupuesto a ninguna organización social, sindical, civil o del movimiento ciudadano, con el propósito de terminar en definitiva con la intermediación que ha originado discrecionalidad, opacidad y corrupción.

“Todos los apoyos para el bienestar del pueblo se entregarán de manera directa a los beneficiarios. Asimismo, se deberá cumplir con las disposiciones legales para que obras, adquisiciones y servicios se contraten mediante licitaciones y con absoluta transparencia”.

Otra vez, la teoría de los medios diagnósticos. Es imposible negar que hubo discrecionalidad, abusos y corrupción en la relación entre algunas entidades del universo de organizaciones civiles y los gobiernos anteriores –se recuerdan, entre otros escándalos, las tangas compradas por Provida-, pero con el plumazo presidencial se dio formalidad a la cancelación de miles de estancias infantiles y a apoyos que recibían diversas organizaciones cuya labor resultaba invaluable para comunidades en todo el país.

Tras esa circular, el gobierno de la República ha hecho más rígidos los trámites tendientes a obtener o renovar la condición de donataria autorizada, que es indispensable para recibir donativos de terceros legalmente, y ha propuesto severas sanciones en caso de infringir normas, al punto de que a una organización se le puede castigar si alguno de sus consejeros es encontrado en falta en una entidad aparte.

Ese enrarecido ambiente es el que enfrentan hoy múltiples ONG en México. Ese y el del acoso desde la mañanera a organizaciones que reciben fondos, legales, de organismos públicos y privados extranjeros.

Escribo esto, para quienes no lo sepan, desde la más que subjetiva posición de haber integrado por cinco años, periodo que culminó en la pasada primavera, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, asociación civil con fondeo nacional e internacional donde desempeñé el cargo de director de periodismo de investigación.

Porque si ahora el gobierno de AMLO pretende un golpe al financiamiento privado de las asociaciones civiles, ya de tiempo atrás encabezaba una campaña de desprestigio en contra de algunas de ellas. Ha llegado a decir, en estos días, que no es labor de los empresarios apoyar económicamente a organizaciones humanitarias. Y mucho menos hacerlo mediante deducciones de impuestos.

López Obrador se aprovecha una vez más de una propaganda tramposa: sostiene que los empresarios evaden impuestos al financiar organizaciones que o bien son pantalla o bien trabajan para sus agendas.

La deducción de los impuestos ni es cuantiosa —por cada peso que se dona en todo caso se podría deducir alrededor de una tercera parte y el monto total está topado— ni es sencilla: todas las organizaciones son sometidas por la autoridad a múltiples trámites y supervisiones. Aun así, por supuesto que los abusos o la parcialidad de las agendas deben ser denunciados.

Pero la suspicacia presidencial viaja más rápido que las complicadas explicaciones contables de aquellos que defienden en público los esquemas de financiamiento, y la gran regulación, de la sociedad civil organizada.

Así que el golpe viene por partida triple. Primero les quitó cualquier posibilidad de financiamiento oficial, ahora limitará el privado y mientras tanto desde la mañanera tenderá un manto de sospecha sobre organismos, sociedades, agrupaciones, think tanks e incluso universidades.

Porque considera que el gobierno es el único actor legítimo y los otros deberían estar, cuando mucho, en los márgenes. Ni fondos, ni interlocución y mucho menos centralidad. Una vuelta de 180 grados a un momento fundacional de México, ese que surgió tras el terremoto de 1985.

Volvamos a Monsiváis

En 1987, Carlos Monsiváis editó Entrada libre. Crónicas de la sociedad que se organiza. En ese volumen el escritor compilaba escenas publicadas originalmente en La Jornada y Proceso, sobre el momento estelar que vivía la participación ciudadana en México.

Monsiváis destacaba que entre los logros del avance civil “se cuenta la democratización como estado de ánimo y cambio de mentalidades”.

Eran los años ochenta. Los movimientos sindicales y estudiantiles de décadas atrás, reprimidos sin tiento por el régimen priísta, ya no parecían tan lejanos a las renovadas expresiones de reclamo que se multiplicaban por doquier.

A partir de lo que veía en la calle, Monsiváis destaca que en esos momentos la democracia en lo fundamental se percibía en:

El aprendizaje de la resistencia civil, que se inicia en la defensa de la legalidad; una terquedad indignada que incluye el abandono de fórmulas del martirologio; apego a la racionalidad, búsqueda de avance gradual y la estrategia de la movilización permanente: desde boteo y volanteo hasta campamentos de la dignidad.

Y subrayaba que la respuesta ciudadana al terremoto fortaleció “la gana de actuar”, pues el sismo “le dio al término sociedad civil una credibilidad inesperada”.

Desde entonces, pues, cambiaron las reglas y tenemos una dinámica donde la participación ciudadana tuvo momentos de centralidad y plena legitimidad. Si hacemos un salto muy grande llegaremos a las movilizaciones de las víctimas de la violencia en tiempos Vicente Fox y Felipe Calderón, y al de las mujeres en fechas más recientes, pasando por supuesto por las caravanas por la democracia en las que fue protagonista el mismísimo AMLO.

Enrique Peña Nieto conoció y padeció la fuerza de la movilización ciudadana. La tragedia de Ayotzinapa sacó a las calles a miles y su gobierno quedó arrinconado en su fatuidad, inoperancia y corrupción.

La labor de múltiples organizaciones ciudadanas exhibieron lo mismo que paliaron las deficiencias del régimen del príista. Y, como bien temía el mexiquense, pavimentaron la llegada del candidato que prometía un cambio de la mano del pueblo.

Ocurridas las elecciones, López Obrador ha desdeñado las estrategias de movilización y negociación inauguradas en los ochenta, y hasta la disidencia magisterial de la CNTE le ha criticado ya, e incluso increpado en una visita a Chiapas, por ello.

El presidente ha dejado claro que no va a cambiar de ruta ni de agenda. Habrá llegado como resultado de movilizaciones pero no admitirá ninguna. Las víctimas de la violencia no son recibidas por él y los reclamos de las mujeres son desdeñados.

Estamos en un mundo muy distinto al de antes de lo narrado por Monsiváis en el libro citado, por lo que resulta poco acertado decir que en términos de la relación del gobierno con las organizaciones sociales México ha retrocedido cuarenta años.

Los retos para la participación ciudadana hoy, sin embargo, comienzan con una presidencia de la República que se atribuye no solo la representación total del pueblo y sus inquietudes, sino que se arroga la legitimidad única para plantear al respecto soluciones.

El ciudadano presidente es el único que se siente con derecho a trabajar por los demás. Y no solo lo dice sino que lo defiende.

Mientras, las organizaciones de la sociedad civil han de sumar a sus labores cotidianas, ya de por sí sometidas a tortuosas rutinas de burocracia gubernamental, escasos fondos y precariedad en su seguridad, la tarea de redefinirse en este nuevo escenario.

Andrés Manuel ha capturado la agenda pública y los motivos de muchas de ellas. Es su principal competidor: quién mejor que él para hablar por los pobres, para combatir la corrupción, para generar el progreso económico, para redefinir la justicia y los derechos, para educarles.

Algunas ONG han tardado demasiado en darse cuenta del nuevo escenario, quizá por haberse instalado en una estéril nostalgia: creyeron que eventualmente se podría volver a retomar lo que hasta 2018 “iba bien”. Ni íbamos bien ni es posible un retorno a ese pasado.

A pesar de tantas señales lanzadas por el régimen desde el 2018 hay organizaciones que no han trazado una nueva ruta ni reconocido que hay que trabajar en condiciones muy distintas. Se tiene que proponer una nueva agenda, que le compita al presidente antes que solo a los problemas reales.

Todo lo anterior sin decir que en la sociedad civil también se repiten vicios de otros colectivos y que no solo es imposible sino injusto agrupar a todas las organizaciones en un solo concepto.

El único que hace eso es AMLO, que barre parejo al cancelarles fondos oficiales y dificultarles los privados. Quizá olvidó lo que sentenciaba Monsiváis: “Mucho se avanza cuando los-ciudadanos-en-vía-de-serlo dejan de esperarlo todo del Presidente”. López Obrador busca exactamente lo contrario.

Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS México y reciba todas las claves informativas de la actualidad de este país

Normas

Más información

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS