Viene la reforma fiscal

López Obrador se ha propuesto algo aparentemente imposible: aumentar la recaudación de México sin una mayor carga impositiva. O como él lo llama, “una reforma fiscal, sin subir impuestos”. Su equipo ha dicho que la medida no tocará a los asalariados y que se concentrará en cobrarle impuestos a las empresas más grandes.

Para abrir la discusión, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) presentó públicamente un documento que resultó una bomba. Mostraba que la tasa efectiva de impuestos que pagan las empresas en México no es del 30%, como estipula ley, sino de apenas un 6%.

La figura es muy alarmista y probablemente bastante exagerada, pero aún así es evidencia de lo que López Obrador está dispuesto a hacer: aprobar su reforma cabildeando desde la opinión pública.

En este ensayo explico los secretos que esconde esta reforma fiscal de López Obrador, los avances que supone y los aspectos en los que se quedará corta. También bosquejo un plan concreto de cómo debería verse una reforma fiscal que realmente se atreva a tocar a las élites.

Lo que viene

La reforma fiscal de López Obrador tiene dos características: facilitar el pago de impuestos para la mayoría de los contribuyentes y reducir la evasión y elusión fiscal de los más ricos. Ambos son temas muy importantes.

Primero, porque el sistema fiscal actual está diseñado para que a una microempresa le sea imposible cumplir con sus obligaciones fiscales sin recurrir a ayuda profesional. Para las personas con actividad empresarial que tienen ingresos mensuales inferiores a dos salarios mínimos, es decir el 62% de la totalidad de los empresarios, esto es una enorme carga. Una proporción exorbitante de tiempo y dinero para cualquier negocio.

Los esfuerzos de simplificación que se han hecho hasta ahora, como el Régimen de Incorporación Fiscal que se creó durante el sexenio pasado, han sido insuficientes, pues aun si son menos engorrosos, todavía requieren de contadores especializados de manera bimestral. Además, una cantidad muy reducida de personas conocen y pueden usar estas facilidades.

Una reforma que de verdad facilite la presentación de declaraciones de manera personal, sin recurrir a un contador, sería un parteaguas para facilitar la formalización.

Segundo, la reforma plantea reducir la elusión de los grandes corporativos mediante el cierre de lagunas legales que los despachos contables utilizan para evitar el pago de impuestos. Los pocos datos que existen sobre elusión fiscal muestran que en México se eluden 8.300 millones de dólares anuales debido a abusos corporativos de la ley fiscal. Esto es, un 6% del total de la recaudación. Esta cantidad es enorme y coloca a México como el decimosegundo evasor fiscal más grande de 179 países. Las corporaciones mexicanas son responsables de 2,4 de cada 100 dólares eludidos en el mundo.

Una reforma fiscal que reduzca estos abusos ayudará a que el terreno de juego se homologue entre empresas pequeñas y grandes corporativos, y creará un México más progresivo. Si no se había hecho antes es porque pocos políticos tienen el arrojo que ha mostrado López Obrador en estos temas.

Avances

Esta reforma será un avance importante. De lograrse, aumentará la recaudación en 200.000 millones de pesos (0,8 puntos del PIB) lo que significa que, durante los primeros cuatro años de su sexenio, López Obrador habrá aumentado la recaudación más de lo que lo hicieron Salinas, Calderón y Fox juntos.

Si bien su reforma no superaría a la de Peña Nieto, quien logró aumentar en 4,4 puntos del PIB la recaudación durante sus primeros cuatro años, sí podría ser más progresiva. Con la reforma fiscal del 2014 se disminuyó la incidencia del Impuesto Sobre la Renta (ISR) en los ricos. Estos dejaron de pagar el 61% del total del ISR recaudado en México y comenzaron a pagar solo el 58%. Esto se debió a que aumentó la recaudación de ISR de las clases medias y bajas.

Al parecer, López Obrador planea centrar todos sus esfuerzos en reducir la evasión de los grandes contribuyentes. Si fuera el caso, el porcentaje que pagan los más ricos podría aumentar significativamente.

El centrar la reforma en que paguen más impuestos los más ricos es acertado. En México, el 1% más rico concentra el 34% de la riqueza del país. Tan solo la fortuna de los 13 billonarios mexicanos que viven en la Ciudad de México representa el 33% el PIB. Esto hace a la Ciudad de México la tercera del mundo con una mayor diferencia entre el ciudadano promedio y sus billonarios, solo superada por Bangalore y Mumbai.

El principal argumento en contra de la reforma será que lo que se precisa es reducir la informalidad, pero eso no es necesariamente cierto. El salario promedio de los informales es tan bajo que, de ser incluidos en la formalidad, probablemente el costo de afiliarlos a la seguridad social sería más alto que la recaudación de impuestos. La economía informal, además, solo representa el 23% de la economía total. En cambio, el 1% de las empresas con mayor ingreso representan el 52% del valor agregado total de la economía.

Un segundo argumento provendrá de quien defienda a los ricos. Se dirá que ellos ya pagan suficientes impuestos. Eso es simplemente falso. El 1% más rico de México paga una tasa efectiva de solo el 11,3%, muy por debajo del 35% que supuestamente deberían pagar por ley. Además, ese segmento concentra el 29% del ingreso total del país lo cual evidencia que, claramente, no se ha logrado tener impuestos suficientemente elevados para impedir la acumulación de riqueza.

Se queda corto

El problema es que la reforma fiscal que López Obrador plantea, aun si fuera exitosa, se quedaría corta. México llegaría a tener una recaudación de 17 puntos del PIB lo cual lo dejaría todavía por debajo del 53% del mundo. Países como El Salvador, Nicaragua y Chile continuarán recaudando más que México.

Aún más importante, la reforma fiscal que propone Morena mantendrá la estructura fiscal de México intacta, manteniendo una gran cantidad de impuestos regresivos. Salvo el IVA y algún Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), como el que grava a las bebidas alcohólicas, la gran mayoría de los impuestos en México son regresivos. El IVA, por ejemplo, es pagado más por las clases medias que por las altas (como proporción de su ingreso) y lo mismo puede decirse de las cuotas de seguridad social.

Además, si bien no se aumentarán los impuestos a los asalariados, tampoco bajarán, lo que continuará creando incentivos a los salarios bajos. La reforma de pensiones y la forma escalonada en la que se paga la seguridad social ha creado un perverso incentivo en México para que los sueldos permanezcan bajos. Así, a día de hoy, el 35% de los trabajadores formales de México ganan el salario mínimo o menos. Mientras la carga fiscal permanezca en los trabajadores, la recaudación no podrá aumentar.

Esto significa que la reforma no logrará elevar la inversión pública de manera significativa, ni tampoco pagar por las pensiones. Como ha documentado el Banco de México, para pagar la última reforma de pensiones aprobada por López Obrador será necesario aumentar la recaudación en 5 puntos del PIB para 2046. Ello sin contar el aumento a las pensiones no contributivas. Una reforma fiscal de más alta envergadura será necesaria.

Lo que debería ser

La reforma fiscal que México necesita tendrá que hacer algo que López Obrador no quiere: subir los impuestos e imponer nuevos. Sobre todo a las personas de más altos ingresos. La tasa máxima de ISR en México (35%) es muy inferior a la que se tiene en otros países como Japón, Francia y Grecia donde alcanza hasta un 56%. Esto hace que el sistema fiscal mexicano sea anormalmente permisivo con los ricos. Como ha documentado la OCDE, entre los países miembros, México es el que menos impuestos recauda (proporcionalmente) de las personas de altos ingresos.

Además, es necesario poner un impuesto a las herencias superiores a cinco millones de dólares y otro a la riqueza que, al menos de manera temporal, como se ha hecho en otros países, recaude dinero de personas que tienen más de 50 millones de dólares.

Para que México aumente su recaudación de impuestos también será necesario crear una mejor y más fuerte alianza con los gobiernos locales. En México, el predial es un impuesto municipal que, debido a la falta de profesionalización y recursos de los gobiernos locales, simplemente no se cobra. Así, mientras que los países de la OCDE recaudan 1,1 puntos del PIB, México solo recauda 0,2 puntos.

La federación debe considerar, de la mano de los Estados, centralizar el cobro del predial en los gobernadores. Esto ayudaría a tener mejores capacidades. De hecho, el Estado que más predial recauda es la Ciudad de México, precisamente porque no lo hace por medio de sus alcaldías sino de manera centralizada. Esta centralización debe venir con recursos para crear mejores mecanismos de vigilancia y fiscalización.

Es momento de que México tome pasos concretos y certeros para aumentar su gasto público, solo así se podrán crear los servicios públicos de calidad que necesitamos para ampliar la clase media. López Obrador está tomando pasos valientes pero todavía insuficientes.

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