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tribuna
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Polarización y politización

La situación que impide, por ejemplo, la renovación de algunos órganos constitucionales se achaca a un concepto que en el caso español está desbordando la política y afecta a las relaciones personales

Polarización y politización / José Luis Pardo
Eva Vázquez
José Luis Pardo

La enquistada situación que en España, entre otras muchas cosas, está impidiendo la renovación de algunos órganos constitucionales, suele achacarse a un fenómeno denominado “polarización política” que, como si fuera un nuevo virus, parece haber atacado a la vida pública. En lo que sigue voy a intentar huir del argumentario habitual en esta materia, que consiste en que cada uno de los polos responsabiliza al contrario de la situación —más que nada porque no tengo nada que añadir a esta refriega—, y voy a procurar apuntar un poco por encima de ella, para contemplarla desde una perspectiva más amplia, aunque al hacerlo sé que me expongo a recibir reproches de ambos polos.

El término “polarización”, que por sus resonancias electromagnéticas tiene el prestigio de todo lo que suena a científico, oculta, más que revelar, las causas de esta coyuntura, dado que en las democracias occidentales lo normal es la tensión entre los polos izquierdo y derecho del arco parlamentario; sin embargo, lo que designamos con dicho término es claramente una anomalía e incluso una amenaza para los sistemas representativos. De hecho, “polarización” es un eufemismo en el que, del mismo modo que se habla de “reducción de plantilla” para evitar ofender a alguien diciéndole que está despedido, la referencia a los “polos” es un subterfugio para no aludir a los extremos, que es de lo que en realidad se trata, pues nada resulta hoy más ofensivo que decir de un partido de extrema derecha que es de extrema derecha salvo, por supuesto, decir de un partido de extrema izquierda que es de extrema izquierda.

Por tanto, lo que afecta al parlamento español no es sólo “tensión”, sino “ascenso a los extremos”, y quienes son arrastrados a esos extremos no son los extremistas, que ya estaban en ellos, sino precisamente los demás: para cada mitad de la Cámara Baja, la otra mitad ha dejado de existir salvo como el enemigo a batir o aquel con quien cualquier connivencia sería un acto de traición.

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Pero en nuestro caso hemos de notar dos circunstancias importantes: la primera, que la “polarización” no afecta sólo a la vida parlamentaria, sino que lo que la ha vuelto preocupante es justamente que su virulencia desborda ese ámbito y se transmite constantemente a la sociedad civil en general, llegando a afectar a las relaciones profesionales y personales. La segunda es que no siempre esta hipertensión se produce entre la izquierda y la derecha; en España ha contribuido a ella notablemente el nacionalismo soberanista de algunas comunidades autónomas, y no está nada claro que el nacionalismo sea de izquierdas ni de derechas.

El traslado de la división que atraviesa el parlamento a la vida social en general tiene un nombre bien acreditado y sencillo: se llama politización, y ocurre cuando esa división, en lugar de ser patrimonio exclusivo del debate político, invade otras esferas e instituciones públicas y privadas (la justicia, los medios de comunicación, la educación, las empresas, las artes, las letras y la cultura en general, la salud y hasta la vida sexual).

Lo anómalo de esta extralimitación es que, al ampliar difusamente las hostilidades partidistas, se arriesga a eliminar de todos los ámbitos sociales e institucionales la posibilidad de que los contendientes políticos puedan alcanzar, pese a sus discrepancias, acuerdos con miras a los intereses generales del país. Y es la desaparición de estos espacios de imparcialidad institucional o de neutralidad civil lo que provoca la situación en la que nos encontramos. No es, pues, lo preocupante la discrepancia política (¡faltaría más!), sino la politización de todas las instancias que le servirían de contrapeso, ya que este sistema de equilibrios y compensaciones, tensiones y distensiones, es el corazón del Estado de derecho y el principio al que obedece la división de poderes, entendida en sentido amplio.

Y la politización no es un fenómeno electromagnético ni un virus maligno llegado de oriente. Desde hace décadas venimos escuchando un discurso, durante largo tiempo minoritario, que reprochaba a la democracia surgida de la Constitución de 1978 el haber procedido a una profunda despolitización de la sociedad española. Con toda la razón. Recuerdo (cosas de la edad) que, efectivamente, durante el franquismo todo —los tribunales, los periódicos, la universidad, el ejército, la pintura, la canción popular, la historiografía, las relaciones de pareja, la poesía y las cárceles— estaba politizado, altamente polarizado y completamente ascendido a los extremos, y recuerdo también que fue una bendición del cielo —para los jueces, la prensa, la enseñanza, los militares, los artistas, los ciudadanos de a pie y los presos políticos— poder relacionarse con las personas y con las cosas en unos términos no limitados a la estricta distinción entre amigos y enemigos políticos que tanto le gustaba a Carl Schmitt. Porque reducir la vida humana a una sola de sus dimensiones, por muy importante que esta sea, siempre resulta tan simplificador y ridículo como asfixiante. El homo politicus no es una caricatura menos siniestra que el homo œconomicus.

Hoy, sin embargo, quienes abogaban por la repolitización de la sociedad o bien han dejado de ser una minoría, o se han convertido en decisivos para la acción de gobierno.

Esto no nos ha devuelto a la dictadura, ni mucho menos, pero tiende a normalizar la perversa idea (que no es nueva) de que quien desempeña —por motivos intachablemente legítimos— alguna parcela de poder político tiene algo así como un “derecho” a politizar todas las instituciones a su alcance, haciendo que las ocupen sus amigos políticos y convirtiéndolas en instrumentos de lucha contra sus enemigos, hurtándolas de ese modo su carácter de servicio al interés público.

Esta forma de invasión de la sociedad civil y apropiación de las instituciones por los partidos políticos la ensayó con gran éxito el secesionismo catalán, dividiendo y fracturando la vida entera de la comunidad desde el balcón del Palau de la Generalitat hasta las aulas de preescolar, y pugna por extenderse tanto a nivel nacional como autonómico.

De manera que la anomalía en cuestión no es una consecuencia no deseada de la nueva cantidad de partidos que habitan el parlamento, sino un objetivo programático ligado a su nueva calidad y en el que, por muchas voces que se den entre sí, coinciden quienes se sientan en los (sin ánimo de ofender) extremos opuestos del Congreso de los Diputados.

Creo que esto es lo que subyace al problema, ya en sí mismo gravísimo, del bloqueo institucional, y que frente a ello sirve de muy poco la lengua de madera con la que la mayoría de los líderes políticos se rasgan cada día las vestiduras repitiendo consignas vacías en las cuales es imposible no detectar esa elevación impostada del tono de voz con la que la propaganda ideológica se disfraza de superioridad moral para conjurar el menor atisbo de juicio crítico que pudiera despertar en la audiencia y, sobre todo, para tapar cualquier grieta por la que pudiera escapar algún síntoma de la callada certeza del orador acerca del carácter netamente inverosímil de su diatriba.


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