Columna
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Las prosaicas razones de Casado

El PP no quiere perder la hegemonía conservadora en el CGPJ en un momento en que se acumulan las resoluciones judiciales sobre la corrupción del partido; el resto es pura retórica

El líder del PP, Pablo Casado (segundo por la derecha), junto con el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes (tercero por la derecha).
El líder del PP, Pablo Casado (segundo por la derecha), junto con el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes (tercero por la derecha).Emilio Naranjo (EFE)
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Para buscar explicaciones a las apuestas políticas, siempre es útil empezar por lo más prosaico. El empeño del PP en incumplir la Constitución impidiendo la renovación del Consejo General del Poder Judicial no tiene ninguna sofisticación. Casado sabe perfectamente que predominan las posiciones conservadoras en el gobierno de los jueces (el actual Consejo se nombró teniendo el PP la mayoría parlamentaria) y no quiere perder la hegemonía en un momento en que se acumulan las resoluciones judiciales sobre la corrupción del partido. El resto es pura retórica. Por si había alguna duda, el cordón de protección de los órganos directivos del PP, que el juez Castellón ha creado en el caso Kitchen, dejando a Fernández Díaz y su gente de Interior solos ante el peligro, refuerza la obsesión de Casado. Con doble objetivo: no le basta con negarse a la renovación, sino que quiere un cambio legislativo que garantice las mayorías conservadoras aun cuando la derecha no esté en el poder. Su posición obstruccionista no hace más que restar legitimidad al Poder Judicial, porque alimenta las sospechas que le rondan. Sus miembros podrían evitar el descrédito forzando la renovación con su dimisión, como ya ocurrió en tiempos de Pascual Sala. ¿Por qué se resisten?

En cumplimiento de la ley (los representantes políticos deberían predicar con el ejemplo) los pasos a dar son muy claros: renovar inmediatamente el Consejo y abrir en el Parlamento un debate sobre los procedimientos de futuro y sobre la reforma del Poder Judicial. Sin duda, la independencia de poderes es determinante de la calidad democrática de un país. Pero viene lastrada de origen. El poder ejecutivo y el poder legislativo adquieren su legitimidad en el mandato popular, aunque en la práctica la autonomía de los diputados deja mucho que desear. El Poder Judicial en cambio es de naturaleza corporativa, ajeno al control democrático. Y sus sistemas de selección y promoción son muy cerrados y tutelados, en un cuerpo de tradición bastante conservadora. Los mecanismos de promoción, como las oposiciones, generan complicidades y dependencias que se transmiten de una generación a otra. Es urgente un debate sobre la elección de sus órganos de dirección, alentado además por las reservas que plantea Europa.

Y aquí la interpelación alcanza al Gobierno. Normalicen la renovación del Poder Judicial y afronten después la reforma del procedimiento, con el objetivo de colocar a cada poder en su sitio, en un país en que la transición de la dictadura a la democracia se hizo sin rupturas en el poder judicial y se nota todavía. Acotar las interdependencias podría ser el criterio. Dejando que cada cual ejerza su función, sin que los dirigentes políticos intenten atraer al poder judicial en beneficio propio. La democracia nunca debe dejar de perfeccionarse. Y menos cuando arrastra innegables lastres de origen. Hay que perder el miedo al cambio. Y más en un Gobierno que ha hecho del reformismo bandera.

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