Por una gobernanza ciudadana de los datos

El poder de los datos no es nuevo. En 1854, tras el estallido de una epidemia de cólera en Londres, el médico inglés John Snow se dedicó a la laboriosa tarea de recoger calle a calle los datos de los enfermos y los grifos de agua públicos. Con toda esa información, que colocó en un mapa, descubrió que el cólera se contagia a través del agua y no a través de aire contaminado, como se creía por entonces. El método, que en ese momento le valió las críticas y los desaires de los expertos, acabó por sentar las bases de la epidemiología moderna.

En la actualidad, la recolección de datos como los que utilizó Snow puede hacerse en cuestión de minutos si se cuenta con los propios ciudadanos. Usamos permanentemente dispositivos que están conectados a internet y que generan una cantidad ingente de datos, desde el GPS que usamos para ir de un lugar a otro, el brazalete que registra nuestra actividad física o el termostato inteligente que nos permite ahorrar energía en casa. Ese tipo de información nos proporcionaría un conocimiento de valor incalculable para la ciencia, la elaboración de políticas públicas, la innovación o el diseño de nuevos productos y servicios. ¿Por qué no se están usando intensamente los datos entonces?

Para empezar, la forma en la que muchas empresas privadas se han lucrado con la explotación de los datos personales, eso que Shoshana Zuboff ha llamado capitalismo de vigilancia, ha centrado la discusión en la protección de la privacidad y los riesgos de compartir datos. El miedo se ha convertido en un impedimento para explorar otras formas más beneficiosas de explotar los datos.

Hay ejemplos fascinantes, aunque quizá menos conocidos que los escándalos como el de Cambridge Analytica y su explotación de los datos de Facebook para influir en el voto. En 2011, por ejemplo, en Fukushima, después del desastre nuclear ocasionado por un terremoto, cientos de personas lograron crear y compartir mapas de radiación actualizados gracias a la utilización de sensores de código abierto diseñados en colaboración con investigadores del MIT. En Barcelona, en 2017, un grupo de vecinos de Gràcia monitorizó el ruido en una plaza del barrio para demostrar ante el Ayuntamiento un problema de contaminación acústica de larga data. En Amberes, Bélgica, unas 50.000 personas contribuyen a monitorizar la calidad del aire con una granularidad inédita gracias a la iniciativa Curieuze Neuzen.

Resulta evidente que la economía de los datos que nos conviene impulsar es la del segundo escenario, y sin embargo, democratizar los medios de producción y gobernanza de los datos suele encontrar resistencia y detractores. Los datos generados por la ciudadanía tienden a ser cuestionados por los expertos por carecer de representatividad y precisión, o por no haber sido recogidos mediante protocolos establecidos o dispositivos homologados. Los ataques son similares a los que recibió en sus orígenes Wikipedia, hoy la enciclopedia abierta más grande del mundo. Ya no hace falta repasar la cantidad de estudios que demuestran la calidad de sus artículos gracias a sus complejos mecanismos de contribución y control; basta con constatar la defunción de la Enciclopedia Británica.

El éxito de la solución ciudadana es innegable. Los datos generados por la ciudadanía son quizás el recurso social con mayor potencial para impulsar una auténtica revolución del conocimiento humano. Activar esta revolución demanda visión y voluntad política; ir más allá de la tentación de ver a los ciudadanos como seres pasivos cuyos derechos digitales han de ser protegidos hacia el reconocimiento e impulso real de su derecho a la producción y gobernanza activa de los datos.

Tres acciones clave en esa dirección podrían tener un impacto radical. Lo primero es impulsar y financiar la ciencia ciudadana como un instrumento esencial de empoderamiento social. Esta forma de coproducción de conocimiento contribuye al desarrollo de competencias digitales y pensamiento científico, da un rol relevante a la ciudadanía en la definición de las agendas de investigación y promueve el “uso altruista de los datos”, un concepto que ya plantea el flamante Reglamento para la Gobernanza de Datos europeo.

Segundo, legitimar el uso de datos generados por la ciudadanía para la cocreación y el monitoreo de políticas públicas. Esto puede incrementar la transparencia y la rendición de cuentas en el sector público, así como profundizar la participación ciudadana.

Por último, es necesario fomentar el desarrollo de tecnologías y organizaciones que permitan a los ciudadanos almacenar y compartir sus datos de manera segura. Actualmente existen cooperativas y fideicomisos de datos que aumentan la capacidad de negociación de los ciudadanos ante las entidades interesadas en usar sus datos, ya sean empresas, gobiernos o centros de investigación.

El reciente nombramiento del primer Chief Data Officer del Gobierno de España es una oportunidad para convertir al país en un auténtico referente de una economía, justa e innovadora, del dato. Lograrlo implica desembarazarse de las inercias que nos atan a paradigmas pasados y adentrarse en las oportunidades que ofrece la cultura digital.

Mara Balestrini es doctora en Ciencias de la Computación por University College London.