Autocracia palestina

Tras el mayo palestino de emergentes protestas juveniles contra Israel en Jerusalén y el desafío bélico de Hamás desde Gaza, el presidente Mahmud Abbas ha guardado silencio en Ramala, sede administrativa de la Autoridad Palestina en Cisjordania, mientras el mundo cambiaba ante sus ojos. La decisión de posponer indefinidamente las primeras elecciones legislativas convocadas en tres lustros le había enajenado poco antes gran parte del apoyo de la sociedad civil. Los últimos sondeos muestran que Al Fatah, el partido nacionalista laico que lidera, se ha convertido en prácticamente irrelevante, con un 14% de intención de voto, frente al auge de la popularidad de los islamistas, que alcanzan el 56%. Ocho de cada diez ciudadanos consultados creen que el Gobierno está instalado en la corrupción.

La frustración y el descontento, que permanecían contenidos bajo la pandemia, se han desbordado tras la reciente muerte del disidente Nizar Banat después de haber sido detenido por los servicios de seguridad palestinos. Militante de Al Fatah que había roto con el oficialismo, Banat era una de las voces más críticas contra la política de la Autoridad Palestina. Sus familiares han asegurado que fue golpeado brutalmente al ser arrestado de madrugada en Hebrón por más de dos decenas de agentes. Pocas horas después, responsables palestinos se limitaron a informar de que su salud se había deteriorado repentinamente y depositaron su cadáver en una morgue. Han prometido una investigación a fondo, pero más de una semana después todavía no se han publicado los resultados de la autopsia.

La misma sociedad civil que ha dejado de creer en el modelo autocrático de Abbas, de 85 años, se ha echado a la calle para exigir justicia. Pero la inusual ola de manifestaciones contra el líder ya no se limita a reclamarle reformas democráticas: exige su salida. La represión ha sido la única respuesta ofrecida por los dirigentes palestinos. Los métodos represivos, que recuerdan a los utilizados por las dictaduras que se tambaleaban hace una década en Túnez y Egipto, han provocado la airada censura de Naciones Unidas y de la Administración del presidente de EE UU, Joe Biden, que ha reanudado las relaciones con la Autoridad Palestina que quedaron truncadas bajo el mandato de Donald Trump. Sin embargo, la Unión Europea, que contribuye a financiar y formar a la policía palestina, aún no se ha pronunciado. La prevista visita conjunta en las próximas semanas de los jefes de las diplomacias española e italiana a Palestina puede ser una buena ocasión para recordar a Abbas que debe escuchar las quejas de su pueblo, y no solo contra la ocupación por Israel, sino también contra su propio Gobierno. Son quejas cargadas de legítimos argumentos frente a un desempeño gubernamental completamente inaceptable.