Incógnitas del México poselectoral

Las pasadas elecciones en México han producido un ajuste en la correlación de fuerzas políticas. La hegemonía del partido oficial, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), y su líder, Andrés Manuel López Obrador, se mantienen y en buena medida se fortalecen a nivel territorial con el triunfo en 11 gubernaturas estatales. Poco a poco, el partido oficial reemplaza al PRI en el control de los Estados, aunque cerca de la mitad de las gubernaturas sigue en manos de la oposición.

AMLO y Morena, en cambio, han perdido posiciones en la Cámara de Diputados. Para conformar una mayoría absoluta, que les permita manejar el presupuesto, necesitan de aliados volátiles como el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT). Para alcanzar la más difícil mayoría calificada requieren del apoyo del PRI, que forma parte de la alianza opositora. Movimiento Ciudadano, un partido que juega a una tercera opción entre Morena y sus adversarios, sale fortalecido en su perfil independiente.

También fue golpeado el proyecto de la Cuarta Transformación en la Ciudad de México, bastión histórico de la izquierda lopezobradorista. Morena perdió 9 de 16 alcaldías en la capital, en una jornada que verificó el malestar de amplios sectores de clase media, y que también pudo constatarse en ciudades estratégicas del interior del país como Guadalajara, Monterrey, Puebla y Veracruz.

El nuevo mapa político de México permite ponderar mejor las condiciones en que el Gobierno de López Obrador completará el sexenio y se enfrentará a la sucesión en 2024. Quedar por debajo de la mayoría calificada impide a AMLO impulsar una reforma constitucional profunda y avanzar por vía de la personalización desenfrenada de la política mexicana, que insinuaba su proyecto de referéndum revocatorio.

Todavía está por ver cuál será la reacción más consistente del mandatario a los resultados electorales. Si elige la búsqueda de una cooptación del PRI, el PRD o Movimiento Ciudadano, probablemente deba moderar la habitual hostilización verbal de opositores legítimos, a los que descalifica a diario como “maleantada” o “mafia del poder”. Si prefiere la lealtad a su estilo y retórica de gobierno, el discurso presidencial seguirá siendo polarizador, pero el ritmo de las reformas perderá impulso.

Cualquier línea que adopte el presidente podría complicar o favorecer su proyecto de sucesión presidencial. No parece ser, Andrés Manuel López Obrador, un político que en un estado de hibris incontrolable ponga en riesgo un proceso sucesorio del que depende el futuro de su partido y su proyecto. Conforme avance la segunda mitad del sexenio, la sucesión irá convirtiéndose en la prioridad del Palacio Nacional.

A la acotación de la mayoría legislativa habría que sumar el cúmulo de impugnaciones a políticas gubernamentales, por medio de amparos, controversias y juicios constitucionales, que deberá enfrentar la Corte Suprema en los próximos años. La idea de prolongar el mandato del presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, buscaría, entre otras cosas, aligerar los contrapesos judiciales al Gobierno de López Obrador.

Otra incógnita del segundo tramo del sexenio es la relación con Estados Unidos. En meses previos a las elecciones hubo momentos de tensión con el Gobierno de Joe Biden. Dos de ellos tuvieron que ver con los guiños del canciller Marcelo Ebrard a Rusia, durante una visita de trabajo a Moscú, simbólicamente aprovechada por el Kremlin para mandar mensajes inquietantes a Washington, y la denuncia de los programas de la USAID a asociaciones civiles como Artículo 19 y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

No cuestionó López Obrador los programas de colaboración y financiamiento de agencias federales de Estados Unidos en sí, como es habitual en otros gobiernos latinoamericanos como el cubano, el venezolano o el nicaragüense. De hecho, poco antes de las elecciones, el periódico La Jornada anunciaba que la USAID y su representante en México, Bruce Abrams, impulsaban un incremento de la asistencia a México y Centroamérica, como parte de una nueva estrategia regional coordinada por el secretario de Estado, Antony Blinken, y la vicepresidenta Kamala Harris. El Gobierno mexicano ha presentado el incremento de la asistencia y la colaboración de EE UU como una respuesta positiva a las demandas del presidente López Obrador de frenar la emigración ilegal con el desarrollo regional. Sin embargo, la agenda de Estados Unidos, como pudo verse en la visita reciente de la vicepresidenta Harris, no excluye temas incómodos tanto para Guatemala como para México como el esquema de seguridad, el combate al narcotráfico, la lucha contra la corrupción y la impunidad y el respeto a la autonomía de la sociedad civil y la libertad de prensa.

Mientras gobernó Trump, López Obrador y el canciller Ebrard desarrollaron una diplomacia prioritariamente volcada a la firma del nuevo tratado de libre comercio con EE UU. La amistad de AMLO y Trump ofreció al Gobierno de México un marco cómodo y distendido, pero inhibió la tradicionalmente activa política exterior mexicana. Fuera de algunos gestos importantes, como el rechazo al golpe de Estado en Bolivia y la concesión de asilo al presidente Evo Morales, México se ausentó de América Latina.

Ahora, bajo una Administración estadounidense que retoma el clásico activismo liberal y lanza un plan tan ambicioso en Centroamérica, al Gobierno de López Obrador se le estrechan las opciones para desarrollar una política exterior latinoamericana. El presidente mismo no ha mostrado mayor interés en ese proyecto, pero es evidente que sectores de Morena y la cancillería, que estuvieron involucrados en el Grupo de Puebla y que han impulsado las visitas de los presidentes Alberto Fernández, de Argentina; Luis Arce, de Bolivia, y la expresidenta de Brasil Dilma Rousseff, lo tienen como prioridad.

Dos vías por las que podría avanzar una diplomacia latinoamericana de México, en los años que quedan a López Obrador, son la reciente oferta de un espacio de mediación para la oposición venezolana y el Gobierno de Nicolás Maduro, y la relación cultural con Cuba. A diferencia de otras gestiones similares en el pasado, esta vez ni el Gobierno de Maduro ni los líderes de la oposición se desmarcaron de la propuesta de mediación que hiciera el canciller Marcelo Ebrard en una conferencia matutina de López Obrador.

Una de las mayores expectativas de la llegada de Morena al poder fue un relanzamiento de las relaciones con Cuba, que luego de un debilitamiento y una crisis entre los gobiernos de Ernesto Zedillo y Vicente Fox, se recuperaron en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Con López Obrador, ese relanzamiento no se ha producido, pero de tener lugar seguramente eludirá las zonas de inversión y crédito, que más necesita Cuba y más castiga Estados Unidos, y se limitará a algún formato de colaboración científica y cultural.

El México que emerge de las elecciones intermedias y se adentra en la última fase del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador y Morena ofrece un panorama de acotación del poder del presidente y el partido oficial, de lucha interna por la sucesión presidencial y de menor capacidad de reformas estructurales y activación de la política exterior. Un México más parecido al fin de un régimen que al nacimiento de una nueva era, como la prometida hace tres años.

Rafael Rojas es historiador.