El plan de Colón

La manifestación celebrada ayer en la madrileña plaza de Colón representó el legítimo derecho de la ciudadanía a expresar el rechazo a los indultos que el Gobierno previsiblemente concederá a los líderes del procés. Hay razones de peso en contra de ellos y es comprensible el anhelo de protesta. El acto, sin embargo, puso en evidencia inquietantes aspectos del movimiento opositor: una dañina instrumentalización de símbolos —entre ellos, la propia Constitución Española— que por su naturaleza institucional sería preciso dejar fuera de cualquier patrimonialización política; la ausencia de un plan alternativo por parte del principal partido de la oposición; y cierto reflejo de divisiva superioridad moral.

Tiene razón el escritor Andrés Trapiello cuando afirma que “nadie es facha” por rechazar los indultos. Desafortunadamente, en el mismo acto, Rosa Díez —confundadora de la plataforma que convocaba la protesta— optó por considerar que los “españoles de bien” se opondrán a la medida. ¿Qué clase de españoles serían, pues, los que no se oponen? Evidentemente, ni los unos son “fachas” ni los otros son menos constitucionalistas solo por esa posición política. Los indultos no implican la justificación del procés ni su concesión supone la violación de la Constitución, como sostiene Díez. Representan, por el contrario, un instrumento perfectamente constitucional que puede ser entendido —con acierto o no— como una vía para encauzar políticamente la cuestión catalana.

En cuanto a los partidos políticos, obviamente tienen el mismo derecho a manifestarse, pero de ellos se espera que además de la condena ofrezcan respuestas elaboradas a los conflictos políticos más allá de manifiestos, lemas y marchas. Especialmente del Partido Popular, la principal fuerza de la oposición, que sigue sin dar pistas explícitas sobre la hoja de ruta alternativa que propone para afrontar el pulso catalán. Recoger firmas para oponerse a los indultos, como ya se hizo hace 15 años para rechazar el Estatut, no es una respuesta política, e implica mantener la misma vía de enfrentamiento que en parte sembró su posterior fracaso al frente del Gobierno de Rajoy en relación a Cataluña: dos consultas ilegales y una declaración unilateral de independencia.

Un buen punto de partida sería que el PP asumiera, por el bien de la democracia española, que no puede considerarse el auténtico intérprete de la Constitución y verdadero guardián de la Jefatura del Estado. Nefastas fueron, en ese sentido, las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso interpelando al Rey: “¿Qué va a hacer, va a firmar esos indultos?”. La interpelación es de gravedad suficiente como para que el presidente del PP, Pablo Casado, aclarara qué piensa al respecto. Tratar de implicar ideológicamente a la figura del Monarca no solo demuestra un desconocimiento manifiesto del papel que la Constitución le asigna en una monarquía parlamentaria, esto es, la de firmar decretos de indulto si así lo acuerda el Consejo de Ministros. También supone obviar que una de las principales obligaciones de los partidos políticos es la de respetar la neutralidad política del Rey. A quien más perjudican esas palabras es al propio Monarca.

Cabe, por último, notar la significativa ausencia en Colón de tantos dirigentes del PP. El rechazo a los indultos es comprensible: Casado debería ahora liderarlo en las instituciones, explicando a los españoles cuál es su plan en relación a Cataluña. Porque aún no lo sabemos.