Carta abierta sobre la independencia de la Corte Penal Internacional

Acogemos con satisfacción el apoyo que han mostrado los líderes europeos a la Corte Penal Internacional (CPI) y a su singular orden para promover la justicia tras los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y el genocidio. El constante apoyo a la CPI y el fomento de su alcance universal revelan el serio compromiso de Europa para impedir tales violaciones y favorecer un orden internacional basado en el derecho, la paz y la seguridad.

Es evidente que Europa se ha beneficiado desde hace tiempo del multilateralismo arraigado en la ley internacional y en las instituciones que la ratifican. Ahora bien, la preservación de la legitimidad y el mandato de la CPI se hace de obligado cumplimiento en una época de crecientes dificultades para el orden multilateral y el poder judicial independiente en muchas partes del mundo, incluida Europa.

Lamentamos presenciar cómo aumentan los ataques a la CPI, a sus miembros y a los grupos de la sociedad civil que cooperan con ella. Asistimos con profunda preocupación al decreto que emitió el expresidente estadounidense Donald Trump, y las sanciones dirigidas a los miembros de la Corte y sus familiares. También son sumamente alarmantes las infundadas críticas públicas a la Corte derivadas de la investigación de los presuntos crímenes cometidos en el territorio palestino ocupado, incluidas las acusaciones de antisemitismo.

Está establecido y bien consolidado que la rendición de cuentas por violaciones graves de derechos por parte de todas las partes de un conflicto es esencial para alcanzar una paz sostenible y perdurable. Tal es el caso en Israel-Palestina, así como en Sudán, Libia, Afganistán, Mali, Bangladés-Myanmar, Colombia y Ucrania. Allí donde no hay una rendición de cuentas por violaciones graves de los derechos humanos, quienes sufren las secuelas son las víctimas que buscan justicia y las personas que anhelan una paz duradera.

No se pueden tolerar los esfuerzos para deslegitimar la Corte y obstaculizar su trabajo, sobre todo si lo que se pretende es promover y preservar la justicia global. Entendemos el temor a las denuncias e investigaciones por motivos políticos, pero creemos firmemente que el Estatuto de Roma garantiza los más altos criterios de justicia y constituye una herramienta crucial para afrontar la impunidad ante los crímenes más graves del mundo. No actuar conllevaría graves consecuencias.

En este contexto, hacemos hincapié en la importancia de que todos los gobiernos europeos apoyen con firmeza la independencia de la CPI y protejan a la institución y sus miembros de cualquier presión o amenaza externa. Esto incluye abstenerse de criticar públicamente las decisiones de la CPI, lo que podría contribuir a socavar la independencia de la Corte y la confianza en su autoridad.

Celebramos la decisión de la administración del presidente Biden en la que se anula el decreto y se levantan las sanciones contra la CPI. Esto sentará las bases para trabajar, junto con nuestro principal aliado transatlántico, en el fortalecimiento de las instituciones y las normas de la justicia internacional.

La CPI es una parte esencial del orden internacional basado en el derecho. Ahora más que nunca, Europa tiene que dar ejemplo en la protección de su independencia.

Ana Palacio es exministra de Asuntos Exteriores de España; Emma Bonino, exministra de Asuntos Exteriores, exministra de Asuntos Europeos y antigua comisaria europea; jefa de la Delegación de la UE en la Conferencia Diplomática de Roma que estableció la CPI, Italia; Javier Solana, exministro de Asuntos Exteriores, secretario general de la OTAN y Alto Representante de la UE para la Política Exterior y de Seguridad Común, España; y Sigmar Gabriel, exministro de Asuntos Exteriores y vicecanciller de Alemania. Firman también este artículo: Douglas Alexander, exministro de Desarrollo Internacional de Reino Unido; Jean-Marc Ayrault, exministro de Asuntos Exteriores y antiguo primer ministro de Francia; Hans Blix, exministro de Asuntos Exteriores y exdirector general de OIEA, Suecia; Ben Bradshaw, exsecretario de Estado para Oriente Medio de Reino Unido; Gro Harlem Brundtland, antigua primera ministra de Noruega; John Bruton, antiguo primer ministro de Irlanda; Micheline Calmy-Rey, exministra de Asuntos Exteriores y expresidenta de Suiza; Ingvar Carlsson, antiguo primer ministro de Suecia; Gunilla Carlsson, exministra de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Suecia; Lord Menzies Campbell, exlíder del Partido Liberal Demócrata de Reino Unido; Willy Claes, exministro de Asuntos Exteriores y secretario general de la OTAN, Bélgica; Joe Costello, exsecretario de Estado del Ministerio de Asuntos Exteriores y Comercio de Irlanda; Massimo d’Alema, exministro de Asuntos Exteriores y antiguo primer ministro de Italia; Teresa Patrício de Gouveia, exministra de Asuntos Exteriores de Portugal; Karel de Gucht, exministro de Asuntos Exteriores y excomisario europeo, Bélgica; Ruth Dreifuss, expresidenta de Suiza; Alan Duncan, exsecretario de Estado para Europa y las Américas y exsecretario de Estado para el Desarrollo Internacional, Reino Unido; Espen Barth Eide, exministro de Asuntos Exteriores de Noruega; Jan Eliasson, exministro de Asuntos Exteriores y expresidente de la Asamblea General de la ONU, Suecia; Uffe Ellemann-Jensen, exministro de Asuntos Exteriores y expresidente del Partido Liberal de Dinamarca; Benita Ferrero-Waldner, exministra de Asuntos Exteriores y excomisaria europea de Relaciones Exteriores, Austria; Charles Flanagan, exministro de Asuntos Exteriores de Irlanda; Bjørn Tore Godal, exministro de Asuntos Exteriores de Noruega; Bertel Haarder, presidente del Consejo Nórdico, exministro de Asuntos Europeos y exministro del Interior de Dinamarca; Peter Hain, exsecretario de Estado para Oriente Medio, Reino Unido; Lena Hjelm-Wallén, exministra de Asuntos Exteriores y viceprimera ministra de Suecia; Tom Kitt, exsecretario de Estado de Desarrollo Exterior y Derechos Humanos, Irlanda; Lord Neil Kinnock, excomisario europeo y exlíder del Partido Laborista, Reino Unido; Bert Koenders, exministro de Asuntos Exteriores de Países Bajos; Yves Leterme, exministro de Asuntos Exteriores y antiguo primer ministro de Bélgica; Martin Liedegaard, exministro de Asuntos Exteriores de Dinamarca; Mogens Lykketoft, exministro de Asuntos Exteriores y expresidente de la Asamblea General de la ONU, Dinamarca; Senator Michael McDowell, exministro de Justicia y exfiscal general de Irlanda; Per Stig Møller, exministro de Asuntos Exteriores de Dinamarca; Holger K. Nielsen, exministro de Asuntos Exteriores de Dinamarca; Baroness Lindsay Northover, antigua subsecretaria de Estado Parlamentario para el Desarrollo Internacional, Reino Unido; Andrzej Olechowski, exministro de Asuntos Exteriores de Polonia; Marc Otte, exrepresentante especial de la UE para el proceso de paz en Oriente Medio, Bélgica; Chris Patten, antiguo vicepresidente de la Comisión Europea y comisario europeo de Relaciones Exteriores, Reino Unido; Jacques Poos, exministro de Asuntos Exteriores de Luxemburgo; Mary Robinson, expresidenta y Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Irlanda; Soraya Rodríguez, exsecretaria de Estado de Cooperación Internacional, España; Robert Serry, excoordinador especial de la ONU para el proceso de paz en Oriente Medio, Países Bajos; Erkki Tuomioja, exministro de Asuntos Exteriores de Finlandia; Ivo Vajgl, exministro de Asuntos Exteriores de Eslovenia; Jozias van Aartsen, exministro de Asuntos Exteriores de Países Bajos; Hubert Védrine, exministro de Asuntos Exteriores de Francia; Margot Wallström, antigua viceprimera ministra y exministra de Asuntos Exteriores de Suecia; y Baroness Sayeeda Warsi, exministra del Gabinete y exministra de Asuntos Exteriores para las Naciones Unidas, los Derechos Humanos y la CPI, Reino Unido.

Traducción de Javier Roma.