Colombia: los tiempos están cambiando
Si los grupos sin líderes aparentes están en las calles, la democracia tiene que ir a las calles a buscarlos, darles representación y oportunidades
Hace un mes, inició en Colombia un estallido social de alta intensidad, dinámico y multi-actor. El llamado de un comité compuesto esencialmente por sindicalistas a oponerse a una reforma tributaria despertó a una gran movilización juvenil y de organizaciones sociales afros e indígenas con reclamos históricos autónomos. Para atender la disconformidad y evitar que se vuelva un caos funcional a organizaciones criminales o a intereses políticos dudosos que permean el orden público, es conveniente atender al menos tres asuntos que permitan profundizar la democracia colombiana:
1. El reconocimiento de las violaciones en el curso de la protesta.
La desproporción y abuso policiales han generado graves violaciones a derechos humanos de los manifestantes, quienes en ocasiones también ha protagonizado delitos, además de bloqueos cuestionables. La crisis se materializa en decenas de muertes y de actos de violencia sexual, más de mil personas heridas y centenares de denuncias de desapariciones ciudadanas sobre las que no hay acuerdo entre Estado y sociedad. Ante la desconfianza y la debilidad de los órganos de control, debemos insistir en la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aplazada por la canciller o en otras figuras de veeduría confiable, para desescalar la violencia con rendición de cuentas.
2. Atender los reclamos del comité del paro en el nivel nacional.
El comité convoca a las marchas, bajo reclamos socio-económicos estructurales con algunos puntos concretos de negociación como renta básica y otros más genéricos, como la no discriminación de género. A pesar de que este comité representa una parte del malestar, el gobierno parece apostarle al desgaste, pues negocia lentamente (van en un preacuerdo reservado) y con tropiezos. Es imperioso que este diálogo se concrete en acuerdos que se cumplan.
3. Suplir el déficit de representación política local.
Aunque el gobierno se empeña en culpabilizar a la oposición del estallido social, las poblaciones que lo lideran en las calles reflejan más bien un malestar generalizado entrecruzado con violencias históricas. La presencia heterogénea y amplia de jóvenes desempleados, mujeres, indígenas y afros en miles de protestas no coincide con mapas electorales, sino más bien con mapas de pobreza, desempleo y desigualdad. Estos problemas estructurales se agravaron con la pandemia del covid-19 (42% de la población con hambre, 24% de desempleo juvenil y 0,544 de desigualdad por Gini) y con una dificultosa implementación de los acuerdos de paz, generando tensiones que siguen estallando y que exigen acción inmediata y estructural.
Una posible salida es la combinación de participación ciudadana abierta en simultánea con un plan Marshall de rescate social con aportes colombianos públicos y privados que desarrolle programas, construya bienes públicos y ofrezca empleo inmediato para atender las necesidades locales. Los mecanismos participativos como cabildos abiertos, propuestos por academia y líderes, recogerían el inconformismo y producirían políticas públicas incluyentes, bajo metodologías ya propuestas por universidades. Pero, como los jóvenes de primera línea atrincherados en sus barrios no van a ceder con diálogo exclusivamente, pues en 30 años hay más de 1200 acuerdos incumplidos, se requieren victorias tempranas que ofrezcan empleo y oportunidades a los marchantes, así como congresistas y autoridades garantes, con responsabilidad personal de cumplimiento.
Si los grupos sin líderes aparentes están en las calles, la democracia tiene que ir a las calles a buscarlos, darles representación y oportunidades. Atender la inconformidad es urgente y hacerlo con diálogo efectivo y logros inmediatos es indispensable. Traer la mano dura a las ciudades puede fracturar el frágil equilibrio de la paradójica democracia colombiana y darle pie al reclutamiento de jóvenes por criminales, cuando el descontento lo que busca es una verdadera transformación social.
Vivian Newman es directora del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, Dejusticia.
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