CGPJ, la hora de la imparcialidad

El implacable descrédito al que nuestra dinámica política viene sometiendo al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) parece no tener ya vías de solución. Las proverbiales “cuotas” de vocales constituyen un lamentable apaño del todo inconstitucional si entendemos la Constitución como algo más que mera letra maleable. Pero nos hemos asomado a abismos todavía peores: desde La Moncloa se planteó la posibilidad de elegir al Consejo por mayoría simple, una estrategia que pondría al gobierno de los jueces bajo influjo directo del Ejecutivo y que acaba de retirarse de manera definitiva. Y tal cosa se bosquejó como alternativa al hecho, inaudito, de que fuera el partido de la oposición el que se llevara el gato al agua manteniendo el Consejo elegido bajo su mandato. Observemos la degradación: o Consejo elegido por los partidos mediante cuotas; o Consejo elegido por el Gobierno mediante mayoría simple; o Consejo elegido por la oposición mediante bloqueo. La dinámica parece ya un remolino desbocado que atrae hacia su centro, sumergiéndolo en un oscuro fondo iliberal, todo lo que toca, un poco como aquella nada de La historia interminable, ¿se acuerdan?

En el interior de ese remolino giran dos elementos adictivos, y, aunque ambos configuran una suerte de “politización” de la justicia, conviene distinguirlos. Tenemos, por un lado, la politización entendida como desnuda ventaja procesal. Cosidó lo expresó de modo descarnado en su inconcebible wasap: “Controlaremos desde detrás la Sala Segunda del Supremo”. Es la politización caciquil, grosera, burda. La politización Corleone.

Pero existe otro tipo de politización. Acontece ante lo que podríamos denominar los elementos vacíos del derecho. Cierta visión ingenua confunde el derecho con las leyes y asume, además, que las leyes son claras e incontestables. Pero ambas cosas son falsas. El derecho ha de llenar múltiples cavidades que las leyes escritas no cubren, y esas leyes no siempre dicen algo claro y concreto. En tales casos, la interpretación de la ley ocupa el lugar del Parlamento. Así que también los jueces crean derecho o, lo que es lo mismo, también hacen política. En nuestro país, es la izquierda la que más teme a este tipo de politización. La politización jurídica.

¿Por qué la izquierda? A la inercia de poderosas razones históricas, ya periclitadas, se añaden ahora razones socioeconómicas. Los jueces conforman un colectivo algo más sesgado a la derecha que el conjunto del país. Si son ellos los que interpretan la ley, tal interpretación no será representativa de la voluntad popular. El diagnóstico es seguramente irreprochable, pero está por ver que la gran herramienta diseñada antaño para enfrentarse al problema —que sea el Parlamento el que elija al CGPJ— siga siendo efectiva. Hay motivos para sospechar que, incluso bajo ese marco, resulta ya contraproducente: no solo el precio en términos de descrédito es brutal, es que, además, la estrategia parece acabar sesgando el sistema todavía más a la derecha de lo que sería, digamos, esperable. Todos perdemos.

Miremos al remolino. La fuerza que lo agita es de suma cero: si yo no coloco mis peones, los colocará el adversario. Todo centímetro no ganado es un espacio conquistado por el otro. Eso absorbe la mirada, la clava en el centro de la poza. Quizás la izquierda debería levantar los ojos de ese sumidero sin fondo. Si se mira en el ejemplo de Europa, verá que el hecho de que socioeconómicamente los jueces sean un poco más conservadores que la media no impide que ejecuten la ley con rigor e independencia. Un rigor e independencia que, como sabían los clásicos del Estado de derecho, son per se elementos liberadores. Frente al inmenso desprestigio en el que estamos hundiendo al gobierno de los jueces, un CGPJ independiente sería una bendición democrática.

Hay una manera obvia —cada vez más valorada por los estudiosos de las decisiones públicas, utilizada ya en Europa, y que entre nosotros vienen proponiendo colectivos como Más Democracia o Hay Derecho— de solucionar el problema: el sorteo. Sortear los 20 vocales del CGPJ eliminaría de un plumazo la politización Corleone. Liberaría a los más de 5.000 jueces de este país de una espada de Damocles que pende sobre toda la carrera judicial, una ley no escrita pero estadísticamente irrebatible que reza algo así como “si quieres medrar laboralmente, posiciónate políticamente”. Forzaría a los políticos a dedicarse a lo que verdaderamente resulta útil para atajar la politización jurídica: redactar leyes claras y precisas. Reforzaría nuestro Estado de derecho y nos pondría de golpe en la línea de las recomendaciones de Europa, una Europa que está jugando un papel arbitral fundamental en todo este bochornoso espectáculo que desde hace demasiado tiempo protagonizamos, y cuyas principales instituciones al respecto —el GRECO, la Comisión de Venecia y la pobre vicepresidenta Vera Jourová, básicamente— sin duda no merecen que les concedamos tanto trabajo. Y el Gobierno, en fin, se sumaría un tanto, uno además muy difícil de derogar en el futuro. No parece poca cosa.

Jorge Urdánoz Ganuza es profesor de Filosofía del Derecho de la Universidad Pública de Navarra. @jurdanoz