Perú: elecciones, viejos dramas, panorama incierto

Nadie esperaba que la elección presidencial en Perú se decidiera en la primera vuelta. Todo apuntaba, sí, a gran dispersión en la votación al Congreso, lo que se confirmó. Pero las elecciones han puesto sobre el tapete viejas y profundas escisiones en la sociedad peruana, así como enormes incógnitas sobre la estabilidad de un sistema político que pasa por una de sus situaciones más críticas en varias décadas.

Entre 18 candidaturas presidenciales, las dos punteras llegan –sumadas- apenas a un ralo 30% de los votos. En anteriores procesos quienes llegaban a la segunda vuelta lo han hecho con no menos del 60%, sumando a los dos candidatos. Como es sabido, quedaron a la cabeza Pedro Castillo (19%) y Keiko Fujimori (13%) en medio de una pandemia que viene causando estragos y de una de las más severas crisis institucionales de las últimas décadas.

La covid-19 ha producido ya más de 140 mil fallecidos y una caída de 12% de la economía. Esto hizo del proceso electoral un asunto de segundo interés y preocupación para las grandes mayorías. El último lustro, además, ha sido desgarrador en inestabilidad, impredecibilidad y disgregación de las instituciones políticas: cuatro presidentes, vacancias presidenciales y clausura del Congreso.

Para ganar en la segunda vuelta -el 6 de junio- se necesita mucho más que repetir la reciente votación apuntando más bien a quienes votaron por las demás opciones o en blanco (12,5% de los electores). Lo propuesto en la primera vuelta será insuficiente para eso.

Con 19% de los votos, Castillo encabeza una propuesta de cambio radical, con fuerte base en la región andina en contraste con el centralismo limeño. El cuestionamiento frontal al ostensible desastre de la salud y educación públicas, dentro de una severa recesión, se convirtió en un asunto medular en los cuestionamientos de Castillo. Este, junto con el mensaje de cambio, porta, simultáneamente, un discurso conservador en ciertos asuntos: contra el enfoque de género, el matrimonio igualitario y el sistema internacional de derechos humanos apuntando al restablecimiento de la pena de muerte y al retiro de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Keiko Fujimori, por su lado, con solo 13,2% de los votos, expresa su posición a favor del actual modelo económico privatista y guía su discurso con lo de “mano dura” en materia de orden público. Obtuvo mucho menos votos que en su postulación anterior (2016). Pesa en su contra tanto la herencia del autoritarismo y corrupción del gobierno de su padre (ausente en la anterior compaña pero “guía” en esta) y el sabotaje destructivo de su bancada parlamentaria en el último lustro.

Fujimori ha ido acentuando su conservadurismo de fondo contra el enfoque de género y el matrimonio igualitario cargando en la mochila, además, a su padre retirando al Perú de la Corte Interamericana. Con el más alto “anti voto” (65-70%) entre todas las candidaturas y una acusación penal por los fiscales anticorrupción -en la que piden contra ella 30 años de prisión-, no las tiene nada fácil aunque seguro recibirá parte de los votos que recibieron otros dos candidatos de la derecha (López y De Soto).

Con la mayoría del electorado por ser persuadido, es evidente que el contenido de las campañas tendrá redefiniciones si quieren salir de un nicho que no les permitiría ganar. El 70% no votó por ellos. En el caso de Castillo, su 19% levanta una bandera de cambio. Con ello promete más que la reiteración de lo existente (Fujimori). Y Castillo no está solo en lo del cambio pues otras candidaturas (Lescano, Veronika Mendoza y Forsyth) también levantaron esa atractiva bandera, aunque con matices. Juntar estas corrientes, dado el alto “anti voto” de Fujimori, no es imposible con lo que estaría en torno al 40%.

Tres constataciones fundamentales para lo que viene. Primero, la pulverización de las opciones de “centro”. La hegemonía es, más bien, de planteamientos totalizantes con un peso hasta el momento gravitante en el concepto de cambio (Castillo). Con extrañas semejanzas en asuntos sobre derechos democráticos de la población (derechos de la mujer, de las minorías y protección de los derechos humanos) este podría ser un asunto en el que se podrían reordenar; en particular para Castillo, portador del “cambio”.

Segundo, el Perú andino subvaluado y marginado parece haber encontrado en la modesta campaña de Pedro Castillo una poderosa vía de expresión. En la mayoría de zonas andinas la votación a favor de Castillo ha sido alta (51.8% en Ayacucho, 50% en Apurímac, 55,2% en Huancavelica o 43,2% en Puno).

Este resultado pone dramáticamente sobre el tapete, otra vez, el secular centralismo limeño y la brecha con el mundo andino trazada desde tiempos coloniales. En la costa o en la Lima mesocrática recibió una votación marginal. Pero al estar esta macro ciudad llena de inmigrantes andinos los resultados recientes pueden haber abierto interés y atención de muchos hacia Castillo.

Tercero, la enorme fragmentación de opciones -no menos de diez fuerzas políticas- se traducirá en un Congreso impredecible y hasta inmanejable. Puede ser la antesala de nuevas crisis e ingobernabilidad. La gran pregunta es si se encontrará una agenda básica común y una indispensable madurez que no conduzca a otra vorágine de vacancias presidenciales o disoluciones congresales como los que se han vivido en los últimos cinco años.

De cara a la segunda vuelta se esperaría que cada candidatura de pasos para construir acuerdos de gobernabilidad. Definición sobre ciertos principios fundamentales podrían dar el triunfo a quien lo sostenga mejor y con más credibilidad.

Sobre lo que se podría graficar como una mesa con tres patas. Primero, el enfrentamiento a la pandemia, la afirmación de los derechos de la salud y el impulso a programas de inversión -públicos y privados- para salir de la crisis. Segundo, renuncia a declarar vacancias presidenciales o la disolución del Congreso. Tercero, compromiso solemne de respetar los derechos de toda la población, los derechos reproductivos, de las minorías y de los mecanismos nacionales e internacionales de derechos humanos.

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