El optimismo de la inteligencia

Los días de pasión y dolores no han terminado con la Semana Santa, continuarán cuando se debata en las Cortes el proyecto de ley del Gobierno sobre la vivienda. El sector resabiado del Gobierno lo está utilizando para profundizar en la deriva hacia un nuevo orden económico en España. Las medidas que se preparan podrían guardar ciertas resonancias con el dirigismo económico plasmado en las leyes corporativistas del fascismo y en las organizaciones económicas del totalitarismo nazi y su caricatura franquista.

Cierto es que el capitalismo español se ha caracterizado por un maremágnum de regulaciones, ayudas de Estado, y garantías de reserva de mercado interior para lucro de las élites privilegiadas que anidan en el poder. Creíamos, sin embargo, que la enfermedad del dirigismo económico se había erradicado en España. Craso error. Un primer paso se dio en Baleares, donde la solución al problema de la vivienda se fio a la expropiación de 56 inmuebles. ¿Alguien en su sano juicio espera que esto lo solucione? Pasos adicionales se dieron en la Ley 2/2017 de la Generalitat Valenciana, que “considera que existe incumplimiento de la función social de la propiedad de una vivienda […] cuando […] esté deshabitada de forma permanente e injustificada.”. Además, su Directora General de la Vivienda sostiene que la novedad de esta ley ha sido: “establecer cómo (sic) contenido propio de la función social de la propiedad de las viviendas urbanas su destino a ser ocupadas.” (Revista Jurídica de la Comunidad Valenciana, nº 63, 2017, pp. 31-63). La cursiva es nuestra.

Todo esto revela la torpeza de nuestras administraciones en la formulación de políticas efectivas, y, en particular, su ineptitud para adoptar las medidas atinentes a la dotación de viviendas asequibles a los colectivos más vulnerables. Estas políticas, que favorecen las expropiaciones, los topes al alquiler, y las ocupaciones ilegales, además de ser ineficaces y contrarias a la seguridad jurídica, degradan a Baleares y a la Comunidad Valenciana como destinos de inversión. Refiriéndose a España, Moody’s advirtió en febrero que aquellas políticas que protegen la ocupación ilegal constituyen una amenaza para la vivienda al desincentivar la inversión privada y dañar la calidad de los préstamos. En términos similares se ha pronunciado el Banco de España.

Fomentar la expropiación de viviendas en Baleares y la okupación en la Comunidad Valenciana no son sólo una muestra de dirigismo económico, sino también de represión financiera sobre el ahorro y la inversión del ciudadano, y, por lo tanto, sobre la libre circulación de capitales. Las viviendas son bienes de capital que producen un rendimiento (alquiler) y representan una alternativa a la inversión en activos financieros. Su represión financiera empuja al inversor a preferir estos últimos cuando, no lo olvidemos, la inversión en vivienda y la seguridad jurídica son claves en la recuperación económica. ¿Qué racionalidad económica encierra esta represión financiera? La idea de fondo descansa en la entraña totalitaria de las propuestas de Podemos. La acción política de estos luditas de nuevo cuño que componen el sector resentido del Gobierno, no tiene otro imperativo que su ambición por reprimir cualquier atisbo de libertad. Violentan a quienes alzan la voz en el uso de la libertad de prensa. Coartan las libertades económicas cuando proponen regularizar la ocupación de viviendas. Siembran incertidumbre y confusión sobre nuestras decisiones de inversión, dictándonos en qué activos debemos invertir nuestros ahorros y en cuáles no.

Más allá de esta racionalidad económica enfermiza, las medidas autonómicas vigentes y las que eventualmente pudiera contener el proyecto de ley española de vivienda podrían colisionar con el derecho comunitario. Suponen restricciones en, al menos, tres de las libertades fundamentales de los Tratados: (i) libertad de movimiento de capitales: para residentes de la UE como inversores en bienes inmobiliarios radicados en España; (ii) libertad de establecimiento: para empresas UE que decidan establecerse en España e invertir en bienes inmuebles como negocio; y, (iii) libertad de prestación de servicios: para empresas residentes en la UE que decidan prestar servicios inmobiliarios, tipo alquiler, directamente en España sin estar establecidas en nuestro país. Visto lo visto, habrá que estar ojo avizor a que el proyecto de ley no dé a las expropiaciones y a la intervención del Estado en los alquileres un trato discriminatorio frente a agentes económicos de Estados miembros de la Unión. Asimismo, las medidas restrictivas que pudiera contemplar el proyecto de ley deberán superar el criterio de proporcionalidad: tener el menor impacto posible sobre las libertades antes mencionadas. A la vista de los casos balear y valenciano, existen dudas razonables.

No olvidemos tampoco lo dispuesto en el artículo 345 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). Introducido a instancias de Francia, reza así: “Los Tratados no prejuzgan en modo alguno el régimen de la propiedad en los Estados miembros”. El artículo permite todo tipo de propiedad pública, nacionalizaciones y demás intervenciones del Estado en economía, incluido el dirigismo económico y la expropiación, es decir, los cambios de titularidad por decisión de un Estado miembro, bajo ciertas condiciones y en casos justificados. Aunque este artículo nunca ha pasado por el filtro jurídico del Tribunal de Justicia de la UE, sería insensato que el proyecto de ley crease problemas nuevos.

En conclusión, dado que la Unión y los Estados miembros funcionan en un entorno abierto a las inversiones, como así está consagrado en el TFUE, habrá que velar para que el proyecto de ley no viole las libertades mencionadas. Si así fuere, tanto el Gobierno como lo que, llegado el caso, pudiesen dictaminar el Tribunal Supremo y el Constitucional sobre el asunto tendría que atenerse a la normativa de la UE, pues, en esta materia, el derecho comunitario tiene primacía sobre el nacional.

Asimismo, cabe preguntarse cómo se financiarían las expropiaciones. Las cuantías pueden llegar a ser abultadas. Menos costoso habría sido aplicar, desde hace decenios, una política inteligente de viviendas públicas accesibles, con cierta holgura, en régimen de propiedad o alquiler, y que protegiese a clases medias-bajas y autónomos. Muchos de ellos han invertido sus ahorros en viviendas para disfrutar alquileres suficientes con los que completar sus magras pensiones.

La política ha conformado un mercado de la vivienda donde los precios se resisten a caer ante una demanda débil, pero suben con fuerza cuando repunta. Además, seguir con las medidas actuales envenenará la colaboración público-privada. La actual situación del mercado requiere otra política inspirada en el optimismo de la inteligencia, mediante la obtención de suelo público para vivienda social, por medio de procesos urbanísticos regulados por ley, cuyo mejor exponente lo encontramos en el País Vasco; los fondos públicos para construir parques públicos de viviendas en colaboración público-privada; las medidas fiscales de apoyo al alquiler; y, una legislación protectora de propietarios e inquilinos. A nivel nacional, estas orientaciones tendrían mayor eficacia y legitimidad democrática que la legislación autonómica. Lo malo es que ello supondría tener que hacer política, es decir, trabajar para el bien común, una actividad hoy desprestigiada y en desuso, sobre todo entre nuestra clase política. Más sencillo resulta cargar las consecuencias de su desidia a lomos del ciudadano y reprimir financieramente sus decisiones de inversión.

Cabe el peligro de que las medidas contenidas en las leyes de la vivienda de Baleares y Comunidad Valenciana –que en realidad deberían llamarse leyes de okupación– abran el camino para que se extiendan a toda España. ¿Desearíamos que el proyecto de ley de vivienda recorriese ese camino? ¿Por qué resignarnos a sus nefastas consecuencias? Contrariando la frase de Romain Rolland, nosotros estamos decididos a oponer al optimismo de la voluntad de los nuevos luditas el optimismo de la inteligencia.

Manuel Sanchis es profesor universitario y Fernando Mut es arquitecto. Ambos son miembros de España Cívica.