Construir viviendas asequibles no es una entelequia y hay ciudades que lo demuestran

El fenómeno social del sinhogarismo desborda a las principales ciudades europeas, que tratan de encararlo con distintas soluciones como los contenedores de barco reciclados que se usan en varias ciudades europeas, como Ámsterdam, Copenhague o Barcelona. Es la cara menos visible, pero más trágica, del asfixiante mercado de la vivienda. Los altos precios de venta y alquiler —aunque no solo por esto— arrastran a más individuos vulnerables y con bajos ingresos a la exclusión residencial. Cada vez más personas trabajadoras no ganan lo suficiente para pagar o alquilar una vivienda adecuada.

Esta lacra no solo incluye a los sintecho, en los que juegan otros factores personales y familiares, sino también a todas aquellas personas que no tienen una vivienda digna, habitable y permanente, que residen forzosamente en pisos compartidos, o en casas de familia y amigos. "Hablamos de sinhogarismo oculto", dice Sergio Nasarre, director de la Cátedra UNESCO de vivienda de la Universidad Rovira i Virgili (URV). "Un perfil claro es el de los divorciados y separados, que terminan en hostales o volviendo a casa de los padres", recalca Nasarre.

Es muy complicado hacer un cálculo del sinhogarismo invisible. Una aproximación es la que hacen la Federación Europea de Organizaciones Nacionales (Feantsa) y la Fundación Abbé Pierre, que dicen que 11 millones de unidades familiares en Europa carecen de un alojamiento adecuado y viven en la calle, de la ayuda social o alojados en casas de terceros. En toda Europa el fenómeno del sinhogarismo ha crecido y solo se ha reducido en Finlandia.

Ante la falta de competencias y presupuesto del Parlamento europeo, hay quien quiere demostrar al mundo que es posible poner en el mercado viviendas sociales. El pasado mes de diciembre llegó a Bruselas un informe con 50 medidas punteras para abordar la exclusión residencial y combatir el sinhogarismo, de la mano de Feantsa y Housing Europe, la federación europea de vivienda social pública y cooperativa más relevante de la región. Cinco de las medidas son españolas (propuestas desde el País Vasco, Canarias y Cataluña). "El propósito es mostrar soluciones creativas a pequeña escala que ya funcionan y que pueden ser replicadas en otros países europeos", apunta Nasarre. Involucran al sector público y privado y tratan de llenar el vacío dejado por las deficientes políticas de vivienda actuales.

Entre las iniciativas, que ya han demostrado su eficacia en Europa, está la transformación de una antigua instalación industrial en viviendas en Polonia o la adquisición por parte del banco austriaco Erste Bank de 200 pisos antes de 2021 para ofrecer alquileres accesibles por un tiempo ilimitado.

Finlandia ha reconvertido los refugios en viviendas modernas y con bajos alquileres, especialmente en Helsinki. Son muchos los países que están apostando por el modelo del housing first, en el que el acceso a una vivienda ya no es el último escalón en la ayuda a las personas sin recursos, sino el primero. Esto es, la casa es la base para volver a ponerse en pie y comenzar una nueva vida.

Ya en España, el País Vasco ha puesto el listón alto. Sus tres propuestas se centran en demostrar que se pueden hacer viviendas con alquileres asequibles y, además, sostenibles. Una de ellas recupera un antiguo emplazamiento industrial contaminado al sureste de Bilbao. Bolueta, proyecto en el que colaboran el sector público y el privado, se levanta sobre el primer alto horno de Vizcaya y contempla la construcción de 1.100 nuevas viviendas (608 protegidas). Las destinadas al alquiler social se arriendan a unos 200 euros mensuales. En ese conjunto, la sociedad pública Visesa ha logrado construir el edificio de viviendas pasivas (171 pisos) con la certificación más alta del mundo.

Otra de las propuestas vascas que ha calado en Bruselas es un programa de vivienda vacía, que tiene como objetivo la captación de pisos desocupados para su puesta en el mercado con un alquiler de unos 226 euros mensuales durante un mínimo de seis años. Está destinado a las personas cuyos recursos económicos no son suficientes para acceder al mercado libre. El propietario recibe unos 600 euros mensuales y la garantía del Gobierno vasco ante posibles desperfectos. Este programa ha conseguido más de 6.000 casas, con lo que el parque público vasco suma ya 14.200 pisos con alquileres de entre 200 y 250 euros mensuales. "Nunca se exige más de una tercera parte de los ingresos del solicitante", señala un portavoz del departamento de vivienda del Gobierno vasco.

Es una solución realista y parece que rentable. Promover y edificar una vivienda social tiene un coste estimado de 120.000 euros y se tardan tres años. Por su parte, movilizar un piso deshabitado cuesta una media de 4.600 euros anuales. Dado que se garantiza su mantenimiento durante seis años, el coste medio es de 27.600 euros, explican en el Gobierno vasco.

Los alojamientos dotacionales para jóvenes que quieren independizarse son su tercera apuesta. Los pisos, que se construyen en suelos que no son residenciales, se alquilan por un máximo de cinco años. Entre acabadas y en proyecto suman 1.760 viviendas.

La cuarta iniciativa española recogida en el informe viene de Cataluña. Es la propiedad compartida (comprar progresivamente el piso) y la propiedad temporal (adquirir una casa durante un número de años), que desde 2015 son posibles en la región a través de la modificación del Código Civil impulsada por la Cátedra de Vivienda de la URV. El quinto proyecto recoge la labor de la plataforma de Afectados por la Hipoteca Norte Gran Canaria (AHINOR), que ayuda a familias en riesgo de desahucio o víctimas de malas prácticas bancarias.

El caso de la capital

Aunque no forman parte del listado de las 50 propuestas seleccionadas para darse a conocer en Europa, hay otras ciudades españolas que tratan de dar solución a la falta de vivienda asequible. Madrid es la urbe donde más han subido los alquileres en los últimos años. Las parejas jóvenes solo pueden alquilar un piso asequible en 13 de los 128 barrios de Madrid. El Ayuntamiento de la ciudad desecha la idea de contenedores y casas prefabricadas para centrarse en tres pilares, según el área de Desarrollo Urbano. Se trata de la construcción de vivienda pública en alquiler para familias con pocos recursos, dirigidas especialmente a jóvenes y familias vulnerables. Se impulsará en esta legislatura la construcción de 15.000 viviendas. También arrancar proyectos de colaboración público-privada, poniendo suelo al servicio de promotores para que puedan desarrollar casas baratas. Y, por último, dar un impulso a la hora de conceder las licencias de obras (ya está preparado el borrador de una nueva ordenanza que simplificará todos los trámites).

Por otro lado, la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) ha tomado la decisión de aumentar el precio que ofrece para comprar viviendas en el mercado, dado que actualmente no logra vendedores para aumentar su parque de pisos públicos.