Cataluña: frentismo estéril

El nuevo portazo de Junts per Catalunya a Pere Aragonès en la segunda votación para su investidura como presidente de la Generalitat puso de relieve ayer que la distancia entre los dos partidos independentistas que aspiran a seguir gobernando la Generalitat no solo no va a menos, sino que se amplía hasta dimensiones inasumibles. Incluso para formaciones que han hecho de la contradicción permanente su principal seña de identidad durante la última década. Los posconvergentes de Junts continúan resistiéndose a admitir que el pasado 14 de febrero los ciudadanos los situaron en tercera posición del tablero electoral y que ello los obliga a ceder en sus pretensiones de continuar tratando la Generalitat como si de un coto privado se tratase.

En las últimas semanas los negociadores han intentado proyectar a la opinión pública que el acuerdo entre ambas formaciones era no solo posible, sino también inminente, puesto que los desacuerdos eran abordables y centrados en aspectos como el papel que debe tener el expresidente huido Carles Puigdemont o si ambos partidos deben o no compartir estrategia de acuerdos con el Gobierno en el Congreso. La realidad que se va abriendo paso es que el nivel de discrepancia alcanza a prácticamente todos los ámbitos de actuación. No tienen una hoja de ruta común sobre fiscalidad, ni sobre las energías renovables. Tampoco comparten estrategia en materia de concertación educativa o sanitaria ni en cómo la Generalitat debe prepararse para sacar partido de los fondos europeos de recuperación. Nada une a los dos partidos más allá de un falso convencimiento de que son las únicas formaciones habilitadas para gobernar la Generalitat, ignorando, por ejemplo, que los socialistas fueron la fuerza más votada el 14 de febrero.

Por si las discrepancias estratégicas no bastaran para anticipar la formación de otro Gobierno inestable y hostil a la resolución de los problemas del día a día, Junts pretende ahora que la fuerza mayoritaria del independentismo, ERC, abandone la tímida senda pragmática que ha emprendido durante los últimos meses en el Congreso y consensúe con ellos una posición común en las cuestiones sobre Cataluña. En otras palabras, Junts pretende arrastrar a ERC a la trinchera del no a todo y del bloqueo permanente en la que los posconvergentes llevan instalados desde 2017, haciendo caso omiso a las necesidades sociales, económicas y políticas de Cataluña.

Los de Carles Puigdemont siguen viendo la política como un tablero de blancas y negras en el que todo se resume en tomar partido ante la ensoñación de la independencia exprés. Este frentismo, el mismo que llevó a Cataluña a ver suspendidas sus instituciones de autogobierno tras el golpe a la legalidad de 2017, es el que pretende volver a instaurar en una Generalitat que ya no puede permitirse seguir más tiempo paralizada. Cataluña no puede continuar al albur de las necesidades personales de dirigentes huidos de la justicia, o encarcelados, cuyas prioridades inmediatas distan de ser las de los ciudadanos de a pie. Si Esquerra y Junts siguen viéndose incapaces de cerrar un acuerdo de gobierno a corto plazo, la solución no puede ser una repetición electoral sin más el próximo verano. La democracia parlamentaria exige diálogo y trabar consensos, y si el independentismo es incapaz de hacerlo, habrá que explorar mayorías alternativas.