Una idea estúpida para una crisis compleja

Colombia se encuentra en una compleja crisis de seguridad. En los últimos tres años la violencia, tanto rural, como urbana, no ha hecho otra cosa que agudizarse. Todo esto ha ocurrido en medio de un Gobierno que prometió mano dura, y que, supuestamente, era el indicado para mejorar la seguridad en el país. El deterioro se ha dado en sectores urbanos y, principalmente, en sectores rurales. En estos últimos territorios, se puede decir que las disidencias de las FARC se han fortalecido, al igual que el ELN y los grupos disidentes del paramilitarismo. Además, hay un crecimiento de las economías ilegales y decenas de municipios se encuentran en una disputa criminal brutalmente violenta.

En los sectores urbanos hay un aumento de la percepción de inseguridad: las imágenes de asaltos o atracos, hurto a establecimientos comerciales y asesinatos por robar un teléfono celular o una bicicleta se han visto en los últimos meses. La demanda de seguridad se da en todas las ciudades capitales del país y la población siente que no hay quién responda. De hecho, el deterioro de la percepción se ha acompañado del incremento de la xenofobia hacia la población venezolana. Miles de colombianos creen que los responsables del deterioro de la seguridad es la población migrante, al igual que se cree que esta población les está quitando los trabajos a los colombianos. El incremento de la xenofobia ha prendido las alarmas en todo el país.

Para solucionar la crisis han salido todo tipo de propuestas e iniciativas, pero algunas de ellas son sencillamente ridículas, aunque han tomado cierta fuerza. El partido de Gobierno, en cabeza de la polémica senadora María Fernanda Cabal, ha propuesto que la población civil pueda armarse y permitir el porte de armas de forma más relajada. La disculpa es la necesidad de la población de defenderse y “ayudar” o “complementar” la acción de las autoridades.

Sobre esa propuesta, al menos, se pueden decir cuatro cosas. Por un lado, una pistola en escenarios rurales, donde operan grupos criminales, no sirve de nada y si promueve que estos grupos, por buscar armas, asesinen civiles, es decir, un arma en esos escenarios empeora la situación. La propuesta no sirve para disminuir la inseguridad. En segundo lugar, tanto en escenarios urbanos como rurales, un arma en la casa es poner en peligro a niños, niñas y mujeres debido a los altos índices que violencia intrafamiliar. Con la pandemia ha quedado demostrado que los hogares o las casas son sitios inseguros para las mujeres. Por ende, relajar las reglas del porte de armas aumentará los índices de feminicidios en el país.

En tercer lugar, en Colombia, debido al crecimiento de organizaciones criminales, hay un aumento de la demanda por armas, así que relajar el parte con un débil sistema de seguimiento no hará otra cosa que enviar armas al mercado negro. Todas las armas en manos de grupos criminales, a excepción de las artesanales, en algún punto fueron legales, pero, también, en algún punto se les perdió el rastro. Al final, como el adagio popular, el remedio sale peor que la enfermedad.

El último argumento es el más importante y es que, en una sociedad democrática, con problemas profundos de violencia, la población civil no debe estar armada. La solución del conflicto debe ser pacífica y mediada por el Estado. El monopolio de la fuerza debe estar en manos del Estado. La solución al deterioro de la seguridad se resuelve con un sistema de justicia más eficaz y eficiente. La ausencia del Estado, su debilidad de institucional es lo que explica la justicia por mano propia. Se debe apuntar a un fortalecimiento institucional de los servicios de seguridad y justicia.