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Columna
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Un tirano al que el azar le juega en contra

La hipótesis de que con Biden llegaría al Gobierno de Estados Unidos una diplomacia menos agresiva hacia Venezuela no ha ocurrido

Carlos Pagni
Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, en una conferencia de prensa en Caracas, el pasado 17 de febrero.
Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, en una conferencia de prensa en Caracas, el pasado 17 de febrero.Fausto Torrealba (Reuters)

El 5 de enero pasado se estableció en Venezuela la Asamblea Nacional surgida de las escandalosas elecciones del último diciembre. A partir de entonces, Nicolás Maduro confió en varios factores que facilitarían su dictadura. Promovió al frente de la Asamblea a su amigo Jorge Rodríguez, quien, en contradicción con Diosdado Cabello, representa al ala menos inflexible de su dictadura. La hermana de Rodríguez, Delcy, comenzó a administrar un simulacro de liberalización económica que haría estremecer a Hugo Chávez, habilitando una dolarización que no resuelve las calamidades materiales del país, pero alivia a la oligarquía amiga del Gobierno. La oposición, tensionada entre los liderazgos de Leopoldo López y Henrique Capriles, reabrió el debate sobre cuál es el nivel de diálogo y cuál el de intransigencia que hay que sostener frente al régimen. Desde más allá de las fronteras, la Unión Europea se mostraba disponible a una mediación entre las facciones enfrentadas. Hasta se especuló con que no renovaría su respaldo al presidente interino Juan Guaidó, reconocido como autoridad legítima por haber sido el presidente de la Asamblea que había concluido su mandato. El regreso de los demócratas a la Casa Blanca permitía, además, fantasear con la reposición de la diplomacia de Barack Obama, que celebró un reencuentro con Cuba y amparó en Colombia las negociaciones entre el Estado y la guerrilla.

A Maduro le alcanzaba con este nuevo status quo para sostenerse sobre la exasperante plataforma de una crisis crónica. El “empate trágico”, del que habla el sagaz Enrique Iglesias. Sin embargo, intervino un actor siempre inesperado, el azar, y desbarató ese equilibrio miserable: el azar. La rutina burocrática de Bruselas venía cocinando, a fuego lento, un pronunciamiento sobre las fraudulentas elecciones del 6 de diciembre. La condena llegó como una especie de bala perdida, con efecto retardado, y reactivó los conflictos, en un contexto bastante distinto al del momento en que se habían realizado esos comicios. Europa impuso sanciones, que incluyen congelamiento de activos financieros, para 19 funcionarios venezolanos. Entre los penalizados están, entre otros, la vicepresidente, Delcy Rodríguez; la presidente del Consejo Nacional Electoral, Indira Alfonzo; varios integrantes del Tribunal Supremo; y el máximo jefe militar, Remigio Ceballos. Muchos de ellos tienen familiares en España.

Los castigos generaron en el régimen una gran perplejidad. Desafían la capacidad del chavismo para decodificar las señales que llegan desde Europa. Sobre todo, desde España. Esas penas contrastan con el espíritu dialoguista del canciller socialista Josep Borrell, dispuesto a tender puentes entre la oposición y Maduro. Su compañera Arancha González Laya, ministra de Relaciones Exteriores, dispuso a fines del año pasado el reemplazo del embajador Jesús Silva Fernández, un profesional muy competente, que asiló en su residencia a Leopoldo López, por el más amigable Juan Fernández Trigo, quien llegó a Caracas desde Cuba y fue designado con el rango inferior de encargado de Negocios. Estos gestos, que autorizaban a pensar en una flexibilización que, desde Madrid, se extendería a toda Europa. Coincidían con la presunción de que el presidente Pedro Sánchez está sometido al influjo de los amigos de Podemos. E hicieron juego con la militancia pro chavista de otro eminente socialista, José Luis Rodríguez Zapatero. Una militancia que acaba de censurar, escandalizado, un viejísimo amigo de Venezuela, como es Felipe González.

Los vientos cambiaron, de repente, para desconcierto del tirano. Maduro despotricó contra la canciller González Laya porque, en su visita a Bogotá, felicitó a Iván Duque por oficializar la acogida para más de un millón de venezolanos. Los chavistas se irritan cuando se les menciona a los exiliados. Tiene lógica: la migración masiva demuestra, contra todo argumento, que el paraíso del siglo XXI no atrae a las personas; las expulsa. Si no fuera porque refieren a un drama doloroso, los argumentos de Maduro provocarían risas. A pesar de que se dirigía a una española, le lanzó un “go home”. Además, le recomendó inquietarse por los refugiados africanos, y dejar de hacerlo por los de Venezuela, ya que en este caso se estaría inmiscuyendo en los asuntos internos de otro país. Curiosa variación de un filántropo, diría Borges.

En el ambiguo mar de señas y contraseñas que separa a Caracas de Madrid, Maduro vuelve sobre un dato que despeja ambigüedades y se constituye en un criterio: España es el país que se ofreció como hogar de Leopoldo López, a quien el régimen ve como su principal enemigo.

La hipótesis de que con Biden llegaría al Gobierno de los Estados Unidos una diplomacia menos agresiva todavía no se verificó. Al revés. El nuevo secretario de Estado, Anthony Blinken, adelantó que la Administración demócrata seguirá reconociendo a Guaidó como única autoridad legítima de Venezuela. Hace una semana, el embajador de los Estados Unidos James Story confirmó las versiones sobre una reunión que mantuvo en Bogotá con los opositores Leopoldo López, Julio Borges y Manuel Rosales.

Más allá de estos detalles, la peor noticia que llegó al palacio de Maduro desde el exterior tiene que ver con la Corte Internacional de Justicia. El 12 de febrero fue elegido el nuevo fiscal ante ese tribunal: el británico Karim Khan. Funcionario de la ONU con larga trayectoria en la investigación de crímenes aberrantes, Khan se impuso, con 72 votos, sobre otros tres candidatos. El irlandés Fergal Gaynor, que obtuvo 42 votos; el español Carlos Castresana, con cinco; y el italiano Francesco Lo Voi, con tres.

Durante su campaña para acceder al cargo, Khan prometió agilizar las investigaciones preliminares para abrir los expedientes, denunciando que existe una demora injustificada. Un reproche a la fiscal interina Fatou Bensouda que, entre otras causas, inició una en la que están imputados, en una lista de 45 sospechosos, los máximos jerarcas del régimen venezolano por crímenes de lesa humanidad. Las denuncias se sostienen en 1.165 casos de personas que fueron asesinadas o privadas de su libertad. Entre esas víctimas figuran líderes políticos, militares, sociales o sindicales. La investigación presenta dos notas atípicas. Se ha puesto sobre la lupa un Gobierno que está en ejercicio y que, además, se presenta alineado con la izquierda.

El reemplazo de Bensouda por Khan coincide con otra novedad, también amenazante para Maduro y sus secuaces. Estados Unidos reasumieron su banca en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, abandonada durante la gestión de Donald Trump. Biden levanta la bandera de esos derechos como una forma de defender un conjunto de valores. Pero también como una forma de enfrentar a un conjunto de adversarios: China, Rusia, Irán y, también, Venezuela.

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