Juan Carlos I: la democracia española necesita explicaciones
La ciudadanía merece tener pleno conocimiento de las conductas del rey emérito
Solo dos días después de que el Rey recordara el destacado papel que tuvo su padre en la derrota del golpe del 23-F, una actuación por la que la democracia española le estará siempre agradecida, este periódico revelaba que el abogado de Juan Carlos I había presentado una segunda regularización fiscal en nombre de su cliente. Si en diciembre pasado abonó 678.393 euros, correspondientes a la cuota defraudada, más intereses y recargos, por las tarjetas opacas que se nutrían con los fondos de un empresario mexicano, esta vez han sido 4.395.901 euros por los más de ocho millones en vuelos en jets privados pagados por una fundación propiedad de su primo lejano Álvaro de Orleans.
Se trata de una pésima noticia, no porque el rey emérito regularice sus cuentas con Hacienda, lo que debió haber hecho hace mucho tiempo, sino porque supone reconocer, una vez más, que quien durante casi 40 años ejerció la Jefatura del Estado incumplió de manera flagrante y reiterada las leyes que él mismo sancionaba. En palabras del presidente Sánchez, la mayoría de los españoles siente “rechazo ante estas conductas incívicas”.
La conducta del rey emérito ha sido más que incívica. Constituye un oprobio que recae directamente sobre su protagonista, que no supo estar a la altura que la dignidad de su cargo exigía, pero empaña también a todo un sistema político en cuya Constitución solo figura un nombre propio: el de Juan Carlos I de Borbón. No basta con que el anterior jefe del Estado regularice su situación con Hacienda, aunque deba hacerlo, de una vez por todas y no por partes, pues la ley exige que la confesión de culpa ante la Administración tributaria sea, para surtir efecto, “veraz y completa”. Como personaje público que ha sido, el primero de todos durante casi cuatro décadas, también debe una explicación a los españoles, al menos tan exhaustiva y verídica como la que exige Hacienda.
A todas las instituciones que tienen un papel en este triste escándalo —Agencia Tributaria, Fiscalía, Casa del Rey, Gobierno en su conjunto— les corresponde extremar los esfuerzos de diligencia y transparencia para despejar cualquier sospecha de que el rey emérito goza de un trato de favor. Es evidente que estas sospechas existen en la ciudadanía. Desentenderse de ellas sería un grave error.
Sobre todo, debe refutarse con argumentos claros la idea de que se ha demorado la puesta en marcha de un expediente tributario que hubiera impedido la presentación de una declaración voluntaria que neutraliza cualquier posible acusación de delito fiscal. Desde que abdicó en 2014, perdiendo la inmunidad ligada a la Jefatura del Estado, Juan Carlos I es un ciudadano igual a todos los demás ante la ley, con la única singularidad, no privilegio, de estar aforado ante el Tribunal Supremo.
El Gobierno y la Casa del Rey, finalmente, no pueden aplazar más las reformas prometidas. El pasado 29 de diciembre, el presidente Sánchez anunció que el Ejecutivo, de la mano de Felipe VI, estaba trabajando en “una monarquía constitucional adaptada a la España del siglo XXI”, basada en la “renovación” y “rendición de cuentas”. En tono enigmático, añadió: “Ya irán conociendo cómo se materializa la hoja de ruta hacia la transparencia y la ejemplaridad”. No se sabe si fue solo una forma de resolver la rueda de prensa de final de año o realmente existe esa hoja de ruta, pues desde entonces no ha vuelto a saberse más de ella. Es hora ya de que se conozca su contenido y, sobre todo, de empezar a transitarla.
El inmovilismo no es una opción. Por un lado, conviene explorar vías de reforma: estudiarlo y debatirlo de forma inclusiva ya es una señal positiva. Por el otro, el Estado de derecho debe actuar hasta aclarar todas las circunstancias, sean cuales sean las consecuencias. No puede haber titubeos. Es la imprescindible cláusula moral y jurídica de las democracias: todos iguales ante la ley. El sistema democrático español, que falló en prevenir conductas reprobables, debe demostrar ahora su vigor en el control posterior. Es la manera más adecuada de demostrar la solidez del orden constitucional que ha garantizado a España décadas de progreso. Y es lo que la ciudadanía española merece.
