_
_
_
_
Colombia
Columna
Artículos estrictamente de opinión que responden al estilo propio del autor. Estos textos de opinión han de basarse en datos verificados y ser respetuosos con las personas aunque se critiquen sus actos. Todas las columnas de opinión de personas ajenas a la Redacción de EL PAÍS llevarán, tras la última línea, un pie de autor —por conocido que éste sea— donde se indique el cargo, título, militancia política (en su caso) u ocupación principal, o la que esté o estuvo relacionada con el tema abordado

Valiente imputación II

De los muertos en combate durante el Gobierno Uribe, ¿la mitad fueron falsos positivos?

Diana Calderón
Manifestación en contra de las ejecuciones extrajudiciales en Colombia
Una manifestación en contra de las ejecuciones extrajudiciales perpetradas por el Ejército colombiano, en 2018.RAUL ARBOLEDA (AFP)

Se veía venir. Ahora el turno es para las fuerzas del Estado y sus crímenes dentro del conflicto. El informe de la Justicia Especial para la Paz, la jurisdicción transicional que surgió de los acuerdos de paz, dio a conocer sus avances en torno a las ejecuciones extrajudiciales en Colombia. El resultado: la prueba de cómo en la guerra la degradación los incluyó a todos, guerrilleros, militares y más. No fueron, dice la JEP, 2.248, sino 6402 personas asesinadas, 4.154 inocentes más, jóvenes, incluso discapacitados, para cobrarlos como triunfos ante del jefe militar y ganarse si acaso mil dólares adicionales como incentivo.

La JEP, como hiciera en el caso de las imputaciones al secretariado de la FARC por sus secuestros, revela ahora el informe sobre la manera sistemática, sí, sistemática y no como actos de algunas manzanas podridas, en que, en Colombia, desde los batallones, se asesinó al mayor número de jóvenes entre 2002 y 2007 durante el Gobierno del expresidente Álvaro Uribe.

¿De dónde saca la JEP una cifra tan inimaginable? Según el documento de 38 páginas, tienen determinados los casos con nombre y cédula, y la evidencia en este caso es muy importante para demostrar que no se trata de informes con sesgo político, sino información probada, así como se estableció por ejemplo con los cuerpos encontrados en un cementerio de Antioquia, en Dabeiba, a donde los propios militares condujeron a los investigadores para exhumarlos. Para llegar a esta cifra, el tribunal ha recibido información de más de 200 militares.

Cuando un tema da mucho que hablar, lee todo lo que haya que decir.
Suscríbete aquí

Es fundamental saber detalladamente por qué 4.154 homicidios no se conocieron por más de 10 o 12 años desde cuando estalló el escándalo de los jóvenes desaparecidos y asesinados de Soacha. Es cierto que se trata de colombianos humildes, de esas vidas que poco existen para los otros, pero que sus muertes tampoco fueran reveladas cuando los desaparecieron, los uniformaron, y luego los presentaron como caídos en combate, resulta por lo menos muy oscuro. ¿Alguien logra desaparecerlos así? Falta mucho por saberse en este caso. ¿O de los muertos en combate durante el Gobierno Uribe, la mitad fueron falsos positivos?

La directiva del asesinato tiene por número el 029 del 17 de noviembre de 2005 cuando era ministro de defensa Camilo Ospina y se crearon los llamados incentivos para los militares que dieran de baja a miembros de estructuras armadas ilegales. Los casos según el informe de la JEP empezaron a bajar en 2007 con el ministro de defensa Juan Manuel Santos y el viceministro entonces, Sergio Jaramillo y la renuncia del comandante del ejército. Pero volvieron a incrementarse en 2008 en el Catatumbo colombiano.

El informe de la JEP es el resultado de la investigación hasta el momento en 10 departamentos del país con el mayor número de casos, el 78% del total y donde se concentran por ejemplo las divisiones primera, segunda, cuarta y séptima, la cuarta brigada del Ejército en Antioquia y el Comando Caribe Conjunto No. 1, el mecanizado Juan José Rondón, estos últimos comandados por los comandantes de Mario Montoya y Nicasio Martínez, tan enredados en tantos temas incluyendo el espionaje telefónico o chuzadas, también los ubicados en las cercanías del Batallón la Popa en el Cesar, con un importante número de víctimas indígenas. Así como las brigadas de artillería no. 4 del coronel Jorge Eduardo Sánchez y Juan Carlos Barrera.

La reacción, la esperada. Lo de las FARC, si es cierto, imperdonable. “Lo de los militares tiene un sesgo político y me están haciendo daño”, ha dicho Uribe, en medio de un país donde cada día se profundiza la ruptura y se hace necesario proteger el trabajo de la JEP que tiene el desafío de hacer transparente cada palabra de sus informes para no ahondar en las divisiones y alcanzar el propósito de la verdad.

Ojalá los políticos de la izquierda ahora unidos en el llamado Pacto Histórico, los del centro que están anunciando la coalición de la esperanza, los exalcaldes y exgobernadores que empiezan a unirse en la llamada centro derecha, de cara a las elecciones de 2022, tengan la claridad de ver lo que se está empezando a conocer, que deberá probarse, y que tendrá un efecto devastador, pero asimismo de enormes posibilidades para la sociedad que tendrá que conducir cualquiera de los que ahora se están ocupando de sus mecánicas electorales.

Y todo esto pasó mientras llegaban a Colombia las primeras 50.000 dosis de la vacuna contra la covid-19 y el Gobierno nacional hizo todo un espectáculo de visibilidad de su gestión por conseguir la vacuna con fotos y videos de las cajas de las vacunas bajando de un avión de DHL; algunos alcaldes incluso les agarraron la manito a los médicos mientras recibían el pinchazo de la dosis de la vida. A Colombia llegaron por fin las primeras vacunas y a Marte, la misión de la NASA. Así somos acá en esta tierra que se ve tan lejos de las estrellas.

Regístrate gratis para seguir leyendo

Si tienes cuenta en EL PAÍS, puedes utilizarla para identificarte
_

Más información

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
_
_