Editorial
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Corrupción en el PP: asumir todo para pasar página

El partido tendrá que reconocer que su caja b fue una degeneración estructural

El extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas, a la salida de su casa en Madrid en mayo de 2018.
El extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas, a la salida de su casa en Madrid en mayo de 2018.Álvaro García

La confesión de Luis Bárcenas, el extesorero del PP condenado a 29 años de cárcel por corrupción en el caso Gürtel, junto con el inminente comienzo del juicio por la financiación ilegal de la formación conservadora vuelven a situar en el centro del debate público una de las más oscuras circunstancias políticas de la reciente etapa democrática española. Bárcenas ha remitido un escrito a la Fiscalía Anticorrupción, que lleva 11 años investigando sus andanzas y que forzó su entrada en la cárcel por primera vez, en el que afirma que durante estos últimos siete años no ha dicho todo lo que sabe sobre cómo se financiaba su partido. En su nueva confesión, Bárcenas sostiene que el PP usaba desde 1982 el sistema de aceptar donativos en dinero negro y pagar a la cúpula del partido con ese fondo; que ese sistema era conocido por todos los dirigentes —incluido Mariano Rajoy, que según el relato destruyó con una trituradora los comprometedores papeles—; y señala, lo que es más novedoso con respecto a anteriores declaraciones, que en algunos casos los pagos de los empresarios sí se enmarcaban en un esquema en el que estos esperaban a cambio la adjudicación amañada de contratos.

Corresponde a la justicia comprobar la veracidad de estas alegaciones. El juicio que empieza el lunes analizará la existencia de una caja b en el PP que funcionó durante al menos 19 años —y que este periódico dio a conocer en 2013—. Pero en este proceso sólo se juzgará si en uno de esos años, 2008, el PP pagó con dinero b una parte de las obras de reforma de su sede, y si el dinero utilizado para ese pago debería haberse declarado en el impuesto de sociedades al tener un origen ilegal. En el banquillo sólo se sentarán Bárcenas y el exgerente del PP Cristóbal Páez. Ellos dos manejaron la caja b, pero el partido y algunos de sus dirigentes fueron los principales beneficiarios. No se juzgará por tanto si la cúpula del PP desde 1990 a 2009 cobró suculentos sobresueldos trimestrales que nunca declararon a Hacienda porque procedían de la caja b. Ni tampoco la actuación de los empresarios en cuestión. Aun así, el juicio tendrá una gran fuerza simbólica y el pelotón de los testigos se llenará de sospechosos, Rajoy y Aznar entre otros.

La acción judicial, naturalmente, es fundamental, pero no menos lo es la dimensión política del asunto. El PP ha renovado su cúpula y los dirigentes de esa época oscura ya no están en el puente de mando. Esto es un paso necesario pero no suficiente. A falta de que se complete el recorrido judicial en todas sus vertientes, ya hay suficientes elementos comprobados —incluso en una sentencia firme del Supremo— que desvelan la naturaleza estructural de la corrupción que carcomió al PP. Pablo Casado busca mantener una distancia de ese inaceptable pasado, pero no lo logrará de la manera adecuada mientras evite reconocer que aquello no fue cuestión de algunas manzanas podridas, sino una podredumbre sistémica. Por el bien de su propio partido, y sin duda de la democracia española, Casado y el nuevo liderazgo del PP deberán en algún momento tener la altura moral de asumir la trascendental gravedad de lo ocurrido y condenarlo en toda su dimensión. Cuanto antes, mejor.

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