Cargar las pilas

Las ambiciones de la Unión Europea para luchar contra la emergencia climática han subido dos peldaños en diciembre al ponerse como objetivo para 2030 una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero del 55%, frente al 40% previsto hasta ahora. En torno a un 21% de esas emisiones de CO2 proceden del transporte por carretera, de ahí que la sustitución del uso de vehículos con motor de combustión hacia los propulsados por baterías eléctricas sea una de las vías más eficaces para reducir la contaminación. España todavía tiene que despegar en ese contexto comunitario.

Ni el parque de vehículos eléctricos es el que le corresponde por el tamaño de su mercado ni la infraestructura de recarga está preparada para incentivar unas matriculaciones a las que, incluso con ayudas públicas, les cuesta ganar peso. Junto a los precios de adquisición, esa nueva generación de turismos todavía tiene que superar el temor de los conductores a su supuesta falta de autonomía y a la dificultad de asegurarse cómo repostar la batería.

El Gobierno se ha marcado este año alcanzar en 2023 los 100.000 puntos de recarga, lo que supondría multiplicar por 12 la red existente. Más allá del hito numérico, el plan gubernamental carece de concreción. Es necesario conocer cuál es el calendario de esa implantación, la distribución territorial y qué tipo de potencias se instalarán en cada emplazamiento. España, además, arrastra del pasado problemas normativos —trámites burocráticos, costes de la electricidad, homogeneización territorial—, cuyas soluciones son ahora urgentes ante los objetivos que marca Bruselas. El Ejecutivo trabaja para sacar adelante ese enredo normativo a través de la tramitación de leyes, decretos y reglamentos. El objetivo es ambicioso y las necesidades, urgentes. Y resulta necesario lograr consensos políticos para que el retraso en el despliegue de la red de puntos de recarga no vaya a más.

Hay otros retos. Como el de asegurar que la energía de los puntos de recarga es de fuente renovable, o se correrá el riesgo de convertir el uso del vehículo eléctrico en pura retórica: su contribución a frenar la crisis climática solo tiene razón de ser con una carga “verde”.

Los operadores eléctricos, por otro lado, no pueden desviar toda la responsabilidad a las Administraciones y deben asumir que habrá puntos de recarga que no serán viables. Está en sus manos la creación de una red mallada en el conjunto del territorio español que no olvide aquellos puntos con menos densidad para evitar que el coche eléctrico juegue un rol de segundo vehículo familiar. Mantener el dogma de que el vehículo eléctrico solo sirve para la ciudad será un freno más para su expansión en España. Las marcas, como lo hacen con el resto de sus modelos, deben jugar un papel prescriptor en esa línea.