Gibraltar europeo

Las conversaciones que mantienen Madrid y Londres, cuya delegación incluye a representantes del Peñón, han asentado unas prometedoras bases para un nuevo estatuto de Gibraltar después de que el Reino Unido se retire definitivamente de la Unión Europea al inicio de 2021. Su hilo conductor apunta a que esta nueva situación de la colonia británica, sin cercenar sus lazos con la metrópoli, afiance sus vínculos con España a través de la Unión Europea, incorporando a los habitantes del Peñón a la zona de libre circulación de Schengen, a la que se negó siempre a adherirse el Reino Unido.

El diseño implica afianzar el espacio común de bienestar con el circundante Campo de Gibraltar, consolidando la libre circulación de los residentes a uno y otro lado de la línea. Ofrece ampliar los derechos a la movilidad de los llanitos, que gozarían de libre circulación por toda la Unión, y por las asociadas Noruega, Suiza, Islandia y Liechtenstein, superior al de los ciudadanos de la isla. Y persigue evitar una frontera dura entre España y el Peñón. Así como otorgar el control del acceso aéreo y portuario al mismo no a los aduaneros británicos, sino a la agencia europea Frontex, de la que forma parte España.

Todo esto presupone una espectacular novedad en relación con lo previsto para las relaciones de la mayor isla británica con Irlanda del Norte: a diferencia de lo que ocurre en ese caso, los ciudadanos británicos que visiten la Roca deberán exhibir su pasaporte. La frontera de esta para personas lo será con el Reino Unido, no con España.

Así que la resultante principal de esta ecuación es históricamente novedosa. España, gracias a su papel en la UE (y a que goza del derecho de veto en todo lo que se refiere a las decisiones europeas sobre la colonia), galvaniza una extraordinaria oferta de mejora de la situación a los vecinos del Peñón. Seguramente la más atractiva que haya jamás formulado y que, con el correr del tiempo, debería procurar resultados en función de acercamiento y fragua de una comunidad de intereses, sin duda provechosa. Es algo que viene a sintonizar con el apego de los gibraltareños a su adscripción europea, manifestado por su abrumadora mayoría (del 96%) contra el Brexit en el referéndum de 2016, y con su consiguiente distanciamiento de la actual política secesionista británica de la Europa comunitaria.

Además, se producirá una traslación de la logística práctica de la soberanía aduanera en beneficio de la realidad geográfica e histórica de España, si bien no directa, sí indiscutible, a través de la UE. Cada uno es libre de presentar siempre el lado para él más amable de los acuerdos que ultima, pero lo que es innegable es que Frontex es un instrumento de la UE para el control de fronteras, y que España forma parte del club, a diferencia del Reino Unido. Londres puede ser informada; a Madrid se le debe obligatoriamente rendir cuentas.

No es excluible que las pulsiones chovinistas de los más radicales campeones del Brexit duro pretendan rebobinar la dinámica de este acuerdo. Con ello solo conseguirían frustrar los legítimos anhelos de mejora de los gibraltareños, cuyo criterio prometieron siempre respetar. También podría obstaculizarlo un fiasco en la negociación Londres-Bruselas para el futuro bilateral en que se enmarca el diálogo hispano-británico. Pero su desenlace es inminente y demasiados intereses trabajan a su favor.