Editorial
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Calidad universitaria

La sobreoferta universitaria puede inducir una competencia a la baja capaz de erosionar el prestigio del conjunto del sistema

El ministro de Universidades, Manuel Castells, durante un pleno del Senado.
El ministro de Universidades, Manuel Castells, durante un pleno del Senado.Chema Moya / EFE

Para poder cumplir su función social, una universidad no puede limitarse a impartir docencia por excelente que esta sea. Ha de contribuir también a la expansión del conocimiento con una actividad investigadora de nivel superior y ha de transferir los avances a la sociedad. En las últimas décadas, el sistema universitario español se ha expandido con un considerable número de nuevos campus que no siempre cumplen con estos tres requisitos. El Ministerio de Universidades se propone ahora regular las exigencias mínimas de calidad docente e investigadora para poder ofrecer títulos. Para ello prepara un decreto en el que se establecerán condiciones más exigentes para crear una nueva universidad y obligará a las ya existentes a adaptarse a ellas en cinco años.

El sistema universitario español está formado por 50 universidades públicas y 36 privadas de muy diferente tamaño y cometido. Si se dejara a la inercia de los últimos años, el prestigio global podría verse amenazado por proyectos más orientados a una rentabilidad basada en los estudios de máster que a satisfacer una formación superior completa. El último campus incorporado, la Universidad Internacional de la Empresa (UNIE), fue aprobado hace unas semanas por la Asamblea de Madrid pese al informe negativo del Consejo Universitario y en medio de una fuerte polémica por las dudas sobre la calidad del proyecto. Con esta nueva universidad, Madrid suma ya 12 privadas, el doble que universidades públicas. El Gobierno autonómico ha aprobado cuatro nuevas universidades privadas en 15 meses. La pretensión es convertir Madrid en un nodo global de formación universitaria, pero la cantidad no es garantía de calidad. Por el contrario, la sobreoferta universitaria puede inducir una competencia a la baja capaz de erosionar el prestigio del conjunto del sistema universitario.

El bajo perfil investigador de las universidades privadas penaliza la posición del conjunto del sistema español, algo que debe corregirse. España ocupa un lugar muy discreto en los principales rankings globales. En el prestigioso índice de Shanghái, por ejemplo, solo 13 universidades españolas figuran entre las 500 mejores del mundo, y todas son públicas. Es preciso pues aumentar la exigencia. Por eso resulta adecuado que para ser acreditados, los nuevos centros universitarios deban impartir, como establece el borrador de decreto, al menos 10 carreras de tres de las cinco áreas de conocimiento, y que al menos la mitad de los alumnos sean de grado. Deberán además acreditar planes plurianuales de investigación y resultados en concursos competitivos. Estos requisitos garantizarán una masa crítica mínima para alcanzar los objetivos. No se trata de frenar el desarrollo universitario, pero sí de garantizar la calidad necesaria.

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