Protesta legítima

Lesbos, Lampedusa y, aunque de manera todavía no tan dramática, Canarias se han convertido en los tristes símbolos del fracaso de la política migratoria de la UE. Una tras otra, las propuestas de la Comisión Europea para resolver uno de los dilemas existenciales del club comunitario se han estrellado por su falta de realismo político (como el caso de las cuotas obligatorias de reparto de asilados), por la falta de solidaridad de algunos Estados miembros (léase sobre todo Hungría y Polonia) o por la flagrante ineficacia sobre el terreno (como la frágil actuación de Frontex y EASO, la agencia europea de asilo). El nuevo intento de la Comisión por ordenar y regular los flujos demográficos hacia el Viejo Continente, bautizado como Pacto de Migración y Asilo, llega cargado de buenas intenciones, pero parece también condenado al fracaso si no se atienden en mayor medida las demandas y necesidades de los socios europeos en primera línea del problema.

Los primeros ministros de España, Italia, Grecia y Malta, en un movimiento conjunto de una contundencia poco habitual, han expresado esta semana por escrito sus objeciones a un paquete migratorio que, a su juicio, les dejaría expuestos a afrontar en solitario un fenómeno que es un reto común. Los movimientos secundarios demuestran que la mayoría de las personas que llegan de manera irregular a España, Italia o Grecia no aspiran a quedarse en esos países sino a seguir camino en cuanto puedan hacia Alemania, el Reino Unido, Francia o Países Bajos, por sus bajas tasas de paro y sus poderosos sistemas de protección social.

La Comisión propone zanjar ese problema con una triple intervención: blindaje de fronteras, con el refuerzo de Frontex y el despliegue de hasta 10.000 guardias europeos de fronteras; política expeditiva de devolución, para aumentar las tasas de retorno situadas en apenas el 40%; y un mecanismo de solidaridad obligatoria entre los Estados miembros para repartirse la carga de los migrantes irregulares, pero con varias vías de concreción (cuotas, apoyo en retornos, o proyectos en países de origen).

Los países del sur ven en el Pacto un claro desequilibrio entre la “estricta y detallada” precisión de sus responsabilidades y el carácter “complejo y vago” de unos mecanismos de solidaridad que, en la práctica, se auguran difíciles de ejecutar y casi imposibles de verificar. Tienen razón. Sin una mayor precisión en esos mecanismos, el desenlace previsible será el escaqueo de muchos socios, caóticas soluciones ad hoc en los momentos críticos y una acumulación de personas de muy difícil gestión en los puntos de entrada del continente, como en Canarias.

La conversión de los terrenos insulares de la UE en grandes campos de retención de migrantes no es una solución aceptable. Ni la UE puede dejar en los hombros de pocos países la gestión de un reto común; ni ella y sus países miembros pueden establecer praxis indignas que vulneran sus valores fundamentales. Es imperativo hallar una solución acorde a esos valores y que resulte ecuánime entre los socios. El Pacto es un buen punto de partida para resolver un problema coyuntural y ocasional como las crisis de refugiados. Pero debe mejorarse en lo que concierne a la migración económica estructural, que es la parte principal. Deben precisarse los mecanismos de solidaridad. Y en general, deben mejorarse los canales de asilo y migración regular.