Retrasos que hieren

Una ayuda que no llega a tiempo no es una ayuda eficaz y esto es especialmente grave en un momento en que las consecuencias económicas de la pandemia están agravando todas las brechas sociales. Es lo que ha ocurrido con la iniciativa destinada a asegurar que los alumnos más vulnerables dispongan de las herramientas tecnológicas necesarias para poder seguir el curso. El cierre de colegios durante el confinamiento puso de manifiesto la gravedad de la brecha digital en el sistema educativo español. Un número importante de alumnos no pudo seguir las clases a distancia por carecer de un ordenador o conexión a Internet. En un esfuerzo loable por garantizar la igualdad de oportunidades, el Ministerio de Educación anunció en junio un plan para adquirir 500.000 dispositivos dotados de conexión a repartir en el primer trimestre del nuevo curso. Cinco meses después, hay que lamentar que los ordenadores no hayan llegado aún a los escolares y las primeras entregas no se esperan hasta finales de enero.

El cálculo de necesidades se basaba en los datos del Informe Pisa de 2018, según el cual el 9% de los 5,5 millones de alumnos que cursan estudios preuniversitarios no disponía de un ordenador en casa. A ello hay que añadir aquellos hogares en los que sí hay un ordenador, pero los niños han de compartirlo con hermanos o padres que teletrabajan. El programa, dotado con 260 millones de euros, va por tanto en una dirección correcta, pero la ambición ha quedado empañada por una mala ejecución.

La compra debía gestionarse para que los ordenadores y tabletas llegaran a tiempo de cubrir la educación a distancia si fuera preciso y en todo caso, para mejorar lo antes posible las oportunidades educativas de los niños vulnerables. La aplicación del programa exigía firmar convenios entre el Ministerio de Educación, la empresa pública Red.es y cada una de las comunidades autónomas, además de Ceuta y Melilla. Pero la maraña burocrática que rodea la contratación pública y la mala gestión de las comunidades han hecho que hasta esta semana no se hayan podido licitar los primeros seis concursos.

Lo ocurrido con los ordenadores es un ejemplo de cómo la ineficiencia administrativa puede dificultar la aplicación de políticas sociales que para ser efectivas resulta vital que lleguen a tiempo. Esto resulta especialmente importante en un país azotado por una dura crisis económica y en el que, según apunta un reciente estudio, crece con fuerza la desigualdad. Lamentablemente, este programa no es el único caso. Nadie pone en duda la necesidad de mecanismos de control en la licitación pública y de la gestión compartida con las comunidades autónomas, pero ello no debería traducirse en una burocracia estéril que obstaculiza la rápida ejecución. El proceso administrativo es claramente mejorable en España.