Controlar al controlador

En política lo más difícil suele ser la elección del momento oportuno para adoptar una determinada decisión. Seguro que en el Gobierno se habrán acordado de esta máxima al percibir que la aprobación de su orden ministerial de “actuación contra la desinformación” ha resultado coincidir, precisamente, con una de las más descaradas campañas de desinformación que hemos visto en un país democrático, la promovida por Trump para poner en cuestión la limpieza del proceso electoral estadounidense. Porque, y este es el punto decisivo, su característica fundamental no es que sea instada por alguna potencia extranjera, sino que parte del poder mismo. Seguro que hay también bots o mensajes de algún que otro país interesado en la desestabilización, pero estos coinciden en todo caso con lo impulsado desde la Casa Blanca. Ya ven, el momento para poner en marcha la regulación sobre el tema no es el idóneo.

Todos sabemos, sin embargo, que algo hay que hacer para defendernos de este tipo de intromisiones, el problema no es el qué, la exigencia de establecer mecanismos coordinados de prevención y respuesta frente a estas campañas, es el cómo hacerlo. Lo sabe bien el Gobierno, porque las mismas razones que ahora lo motivan para llevarlo adelante fueron las que en su momento hicieron que lo intentara el Gobierno de Rajoy, el requerimiento de la UE para abordar esa cuestión. Y quienes ahora lo promueven fueron los mismos que en su día pusieron el grito en el cielo cuando desde la oposición criticaron la pretensión de establecer lo que entonces ya se llamó “Ministerio de la Verdad”. Lo gracioso es que sea la actual oposición la que se rasgue las vestiduras porque el Gobierno haga ahora lo que ellos también pretendieron. En fin, la posición objetiva condiciona la forma de ver el mundo, que diría el viejo Marx.

Insisto, que se trate de un serio y urgente asunto de seguridad nacional creo que nadie lo discute, y por eso mismo fue impulsado en 2018 desde el mismo Consejo Europeo. Pero a nadie se le escapa tampoco lo delicado de la tarea, el penetrar, ni más ni menos, que en el resbaladizo campo de la libertad de información y opinión. Pero no solo por eso. Es sencillo definir cuándo estamos en presencia de una campaña hostil promovida desde una potencia extranjera para interferir en unas elecciones, por ejemplo, pero imaginemos que aquella coincida con el interés de quien ostente el gobierno —como en el caso de Trump—. Si es así, ¿se actuará con la misma contundencia?

Todo revierte al final sobre lo mismo, sobre el viejo problema de quien controla al controlador, que es también donde, por lo que he visto, se fijan todas las críticas. Me parece desmedida la obsesión mediática con Iván Redondo, de quien dependería la dirección de la famosa Comisión. Pero lo cierto es que se encomienda al ejecutivo una tarea con amplias zonas grises que pueden dar lugar a abusos más o menos marcados. ¿Es suficiente garantía el hecho de que se incorporen también a la Comisión Permanente los medios de comunicación y la sociedad civil? O quizá lo decisivo, ¿qué papel va a jugar en esto el Parlamento? El Congreso debería ser el custodio último, el controlador de los controladores.