Preparar nuevos pasos

El decreto del estado de alarma que el Gobierno aprobó el 25 de octubre se queda corto ante las peticiones de un creciente número de comunidades autónomas, que lo ven insuficiente dado el rápido aumento de contagios y solicitan su ampliación para hacer posible el confinamiento domiciliario. Es cierto que, dentro del marco jurídico aprobado, los Gobiernos regionales aún tienen márgenes para adoptar más restricciones. El Gobierno vasco lo hizo anoche al anunciar el cierre total de bares y restaurantes, el adelanto del toque de queda a las 22.00 y más límites al comercio. Se suma así a otras comunidades que han ido avanzando en las restricciones en distintos grados y ámbitos, desde el teletrabajo y la hostelería a los confinamientos municipales. Pero el Gobierno de la nación tiene la obligación de tener preparado el siguiente paso, máxime cuando la media de casos en el país seguía ayer por encima de los 500 por cada 100.000 habitantes en 14 días, con un récord de muertes de esta segunda ola (368 en 24 horas) y una alta presión hospitalaria. Comunidades importantes siguen por encima de los 700 casos por 100.000 habitantes (Castilla y León, Cataluña, La Rioja y Ceuta) y tres territorios superan los 1.000 (Navarra, Aragón y Melilla).

En este contexto, las declaraciones del ministro Illa, que ha asegurado que el escenario del confinamiento domiciliario “rotundamente no” se contempla ahora mismo, plantean dudas. Aun siendo de desear que no haga falta llegar a la medida más extrema y socialmente extenuante, la gravedad de la situación requiere que el Gobierno tenga la herramienta perfilada y preparada para una eficaz y rápida utilización si fuera necesario. Sobre todo ante un modelo de gobernanza tan complejo como el español, donde cada actuación no es resultado de una decisión centralizada y veloz, sino de un trabajo de consenso en el Consejo Interterritorial y después en el Parlamento, que necesita días y agónicas discusiones.

El Ejecutivo ha alegado, con razón, que hay que dar tiempo a las medidas actuales, que requieren dos o tres semanas para surtir efecto. Y así debe ser. Pero Gobiernos de todos los colores —desde Asturias, socialista, a Castilla y León, del PP— lo han solicitado ya. Otras como Andalucía o País Vasco lo han sugerido. Y es obligación del Gobierno central tenerlo preparado. El ejemplo que están dando países del entorno muestra la vía de un confinamiento menos radical que el de la primavera, ya que los colegios, el deporte o el paseo al aire libre y los trabajos en general pueden quedar a salvo. La mayor flexibilidad posible es deseable ante el agotamiento de la población y de la estructura económica. Pero el debate debe estar adelantado y la herramienta y los criterios creados antes de que, una vez más, el virus demuestre ir más rápido que la capacidad de reacción del sistema español.