Hito con sombras

La holgada aprobación de la prórroga del estado de alarma que se produjo ayer en el Congreso es buena noticia en un escenario de conflictos políticos, ascenso de los contagios y tensión en la capacidad hospitalaria del país. El Gobierno debía actuar tras la petición del estado de alarma por parte de la mayoría de las comunidades autónomas y activar la herramienta jurídica apropiada para tomar medidas más restrictivas. La opción adoptada es un paso adelante con respecto a la caótica situación anterior, pero dista de ser óptima. Tal y como está formulado, el decreto provoca inquietudes.

En primer lugar, el texto entrega a las comunidades autónomas la autoridad para determinar la activación y modulación de las medidas restrictivas. El decreto no fija criterios generales claros, así que los poderes territoriales tienen libertad para aplicar o no los confinamientos perimetrales, la limitación de las reuniones y, a partir del 9 de noviembre, también el toque de queda. El Gobierno central, por tanto, delega en las comunidades un poder sobre la restricción de derechos fundamentales que no está claro que pueda delegar, lo que genera serias inquietudes: en términos de inseguridad jurídica sobre quién puede restringir las libertades individuales y los derechos fundamentales; de establecimiento de un antecedente que podría en el futuro resultar peligroso y de ineficacia, al permitir la inacción de autoridades recalcitrantes.

El Ejecutivo acierta en no haber querido centralizar la gestión de la crisis. La arquitectura institucional autonómica debe ser defendida y puesta en valor; pero esta delegación está lejos de resultar ideal. La necesidad de obtener apoyos en el Congreso de fuerzas políticas territoriales —exacerbada por las insistentes negativas del PP en el pasado— ha desempeñado sin duda un papel en esta decisión. El caso alemán —donde los Estados federados se pusieron de acuerdo en cuestión de horas en medidas más restrictivas que las españolas— evidencia las deficiencias y las múltiples responsabilidades de las fuerzas políticas españolas: un poder central ineficiente en la coordinación y que tiende a confundir la negociación con la adhesión; poderes autonómicos recalcitrantes y un PP que hasta ahora no ha ofrecido garantía de negociación moderada y por tanto aboca a buscar otro tipo de apoyos.

En segundo lugar, las medidas adoptadas serán con toda probabilidad insuficientes. Basta comprobar el duro confinamiento domiciliario al que vuelve Francia o los cierres de actividades en Alemania e Italia para evidenciar el corto alcance de las medidas españolas. El actual estado de alarma no ampara restricciones más contundentes, con lo cual se abre un desagradable escenario de temprano regreso a la casilla de salida.

En tercer lugar, en el plano puramente político, es inexplicable que el presidente Pedro Sánchez no defendiera en persona el estado de alarma más largo de la democracia, que durará en principio hasta mayo y que solo le obligará a responder cada dos meses ante el Parlamento. La sede de la soberanía que representa a todos los ciudadanos y que tantas veces se ha devaluado en los últimos meses con tonos insultantes y crispados merecía su intervención. A Pablo Casado cabe reprochar no tanto la abstención sino su apoyo a la desconcertante actuación de la presidenta de la Comunidad de Madrid, cuya huida hacia adelante no parece tener límites. Las referencias de Casado a los liderazgos de Macron y Merkel ocultan cosas importantes: que Francia es un país presidencialista y centralizado; que en Alemania la labor de coordinación de Merkel se ve facilitada por la leal cooperación de los Estados federados, cosa que aquí no se ha dado.

Otras formaciones sí votaron a favor, con lo que la prórroga fue aprobada por 194 síes, una cifra notable. Pero en un escenario en que la pandemia se ha convertido en terreno de lucha política, la necesidad de la concreción y la claridad es mayúscula. Precisamente una indefinición del texto —que establece la aplicación de las medidas durante al menos siete días, sin especificar que estos son consecutivos— ha facilitado la errática actuación de Madrid en cuanto al cierre perimetral. La prórroga de ayer es un paso adelante. Pero corre el peligro de que los hechos —pandémicos y políticos— lo dejen pronto atrás.