Intersticio catalán

El horizonte ya oficial de unas próximas elecciones autonómicas a consecuencia de la inhabilitación de Quim Torra como president ha sido recibido con tangible alivio en Cataluña. Porque abre la posibilidad —quizá más remota que probable— de un retorno a algo semejante a la normalidad a medio plazo. En lo inmediato, ofrece un intersticio para atemperar la tensión provocada por el cesado. No prefigura aún lo deseable, pero es mejor que lo que había: un unilateralismo fragmentador, como lo fue bajo Carles Puigdemont, retórico y asfixiante.

La propia despedida de Torra ilustra cómo su apuesta por la “confrontación” general, hoy por hoy, naufraga. El simbolismo victimista pretendido por un pleno parlamentario de homenaje quedó deslucido por la deliberada ausencia de medio hemiciclo y el escaso entusiasmo de sus partidarios. También el escuálido jaleo callejero a Torra a su salida de la Generalitat se manchó de desobediencia hacia las únicas instrucciones correctas que este dio en su mandato: la de guardar las distancias y portar mascarilla para prevenir el virus. Y la celebración del tercer aniversario del referéndum ilegal del 1-O radiografió sus 30 meses: no concitó más que a algunos centenares de miembros violentos de los CDR, expertos en la sofisticada tarea de quemar contenedores.

No debe minimizarse el fracaso de este entierro político de tercera, que fue convocado por las habituales organizaciones activistas, pues en otras ocasiones concitaron grandes audiencias y ahora han tenido un eco marginal. Ese declive puede no ser permanente, dada la persistencia de la conflictividad política, pero es ahora mismo real. Se conjuga con el estado de espíritu que indica la última encuesta de la propia Generalitat: el 56,6% de los catalanes quiere que el Govern priorice la gestión de los servicios públicos de su competencia sobre el asunto del litigio político (39,9%). Datos que certifican la sensatez ciudadana en esta preocupante oleada de la pandemia frente a las desatinadas derivas de algunos de sus dirigentes.

La etapa del Govern que se abre ahora queda bajo la “coordinación” del vicepresidente Pere Aragonès, de Esquerra: legalmente, una presidencia suplente e interina, pero rebajada en forma y sustancia. Un gesto hacia Torra, de quien su sucesor no ocupará despacho, título, recursos presupuestarios, ni todas las funciones propias del presidente sustituto. Es un peaje que los republicanos pagan a Junts per Catalunya por tener la fiesta de su encumbramiento temporal en paz.

Al Govern le acecha también el riesgo de la parálisis y de su prolongada inoperancia, ya que sus socios se han comprometido a consagrar la total autonomía de los consejeros como si fueran virreyes. Pero al menos han firmado una garantía de evitar demasiados excesos, pues la más pragmática Esquerra podrá ejercer el veto en todas las decisiones “extraordinarias”, una novedad respecto al olvidable mandato anterior.

También es relevante que Aragonès (y Esquerra) hayan contrarrestado la pretensión radical de dotar a las próximas elecciones de un sesgo plebiscitario y unilateralista. Aunque al mismo tiempo postulan “repetir” la composición del actual Govern, ampliándolo. Es un contrasentido, pues quienes se enfrentan a diario por sus diferencias estratégicas difieren en las tácticas. Y en la gestión. Repetir la experiencia es repetir la división paralizante.