Purgas y medioambiente

“Todas las cosas ya fueron dichas, pero como nadie escucha es preciso comenzar de nuevo” (André Gide). América Latina alberga la cuarta parte de los bosques tropicales del planeta y el 50% de la biodiversidad global sin que sus gobiernos hayan atendido los insistentes llamamientos a alianza estratégicas contra la deforestación, la contaminación y la sequía, cooperadoras necesarias de la pobreza de 184 millones de personas y la miseria de otros 62 millones. El inventario de la depredación ambiental es tan terrible como escuchado hasta la saciedad por Estados, empresas y organizaciones con capacidad para atajar las calamidades. Los aldabonazos para que las impidan se suceden año tras año y deben continuar aunque la percepción de los resultados sea descorazonadora.

El desánimo colectivo es lógico cuando los incendios causados por el descontrol y la rapiña económica devastan más de 8500 kilómetros cuadrados de la Amazonía brasileña, la producción de un gramo de cocaína se lleva por delante cuatro metros cuadrados de bosque en Colombia y la dieta de la ciudad más contaminada de la región, en Bolivia, consume partículas metálicas a destajo. La tala peló Haití, la contaminación de cuencas y suelos malogra suelos y cultivos, y se multiplican los riesgos asociados al cambio climático y la emisión de gases de efecto invernadero. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son sueños imposibles porque ni hay acciones nacionales concertadas, ni se obtiene la vacuna regional contra la retórica y la demagogia.

La reunión ministerial preparatoria de la XXVII Cumbre Iberoamericana de Andorra acordó la semana pasada articular una hoja de ruta hacia la protección y crear una agenda con políticas comunes para converger con los compromisos del Acuerdo de París. Los flancos y derivaciones del fenómeno son múltiples: la no aplicación de medidas drásticas contra las emisiones de dióxido de carbono implica multiplicar en 2050 las muertes por envenenamiento.

La declaración final del IX Foro Iberoamericano de ministros de medio ambiente de Chile, celebrado hace 11 años, y la declaración final de la Conferencia de Andorra, reunida virtualmente el pasado día 16, son prácticamente intercambiables, bienintencionadas. Inciden en lo mismo, con la salvedad de que la reunión del Principado insta al protagonismo de la inversión pública y privada para evitar que el impacto del coronavirus frene la capacidad de los gobiernos para financiar la promoción del desarrollo sostenible.

Además del rutinario llamamiento al intercambio de información y cooperación, los jefes de Estado y de Gobierno deberían instar a otra purga medioambiental urgente: la busca y captura de los funcionarios, políticos y mafias enemigas del bien común, coludidas con multinacionales que operan en sectores industriales estratégicos de los 22 países iberoamericanos con estándares prohibidos en el primer mundo; lo hacen aprovechando que el subdesarrollo necesita inversión extranjera y está dispuesto a ignorar vertidos y suciedades de todo tipo para conseguirla o no perderla.