¡Españoles, a las cosas!

Muchos son los daños colaterales de la covid-19, entre los que destacan la depresión y el miedo de la sociedad, incitados a mansalva por televisiones públicas y privadas; amenazas de la autoridad; decisiones de dudoso fundamento jurídico que limitan y retuercen los derechos de las personas, y contradicciones constantes entre los responsables políticos. La paralización de la Administración durante meses sigue pasando factura a los más débiles, que encuentran ventanillas cerradas, funcionarios desbordados, promesas incumplidas, teléfonos sin respuesta y oscuridad ante su futuro. Esta semana comienza una verdadera prueba de fuego con la vuelta a la escuela y el comienzo de curso, abandonadas como han sido las comunidades autónomas a su suerte por el Gobierno central, y cuando frente a la escasez de medios se hace público casi un ultimátum de la Fiscalía a los padres que fomenten el absentismo, temerosos de que sus hijos se contagien. No todo se ha hecho bien, desde luego. No salimos más fuertes como siguen proclamando los carteles oficiales. No existe hoja alguna de ruta que infunda confianza, y es irritante la incapacidad de los representantes políticos para ponerse a trabajar en las cuestiones que interesan a la población, abandonando reyertas de poder, fanfarronadas y escenificaciones de su ego.

Pero no todo se ha hecho mal tampoco, ni todos son tontos, aunque entre ellos haya muchos, ni malvados, ni mediocres. Ahí está por ejemplo la eficacia del diálogo social que empresarios y sindicatos junto con la ministra de Trabajo vienen manteniendo, su capacidad de llegar a acuerdos, su transparencia en la negociación y su atención a los problemas reales de la economía. O los esfuerzos, tardíos, débiles e insuficientes, pero encomiables del jefe de Gobierno y el de la oposición por rectificar la polarización política que amenaza con destruir la convivencia.

En este terreno, al margen, la permanente alarma sanitaria, que durará todavía varios años, hay dos cuestiones inmediatas que merecen el mayor de los empeños: la recuperación económica y el fortalecimiento institucional que permita poner en marcha un proyecto de país para España. Ninguna de las dos se puede llevar a cabo unilateralmente. Es necesario el consenso y, al igual que en el caso de la pandemia, tanto el Gobierno como la oposición harían bien en abandonar vetos ideológicos que nada tienen que ver con la realidad imperante y ponen en peligro seriamente el bienestar y la convivencia de los españoles.

El desafío económico tiene ante sí un calendario explícito que marcan las leyes y los compromisos europeos. En septiembre, según la Constitución, necesitamos unos Presupuestos aprobados en Cortes; en octubre debemos enviarlos a Bruselas, que expresará su opinión al respecto; en enero la Comisión Europea debe recibir, en el marco de un Programa Nacional de Reformas, los planes de inversión que se financiarán con los fondos de resiliencia y apoyo a la recuperación de los Estados miembros; en abril el Consejo Europeo tomará en consideración las propuestas y decidirá sobre ellas por mayoría reforzada. Aunque ya en la primavera pueden recibirse algunos anticipos a cuenta no es probable que antes de septiembre lleguen fondos en cantidad considerable. El plan en su conjunto dura siete años y debe ir conectado, según los casos, a los programas del semestre europeo y a los del Fondo Europeo de Inversiones Estratégicas. En definitiva, tanto los subsidios como los créditos, su desembolso, su adecuación a los fines previstos, y su calendario de ejecución, van a ser fuertemente vigilados y controlados por la Unión Europea. El objetivo de las ayudas es precisamente evitar una salida de la crisis que aumente las desigualdades y diferencias entre los países miembros. De ahí lo complejo del mecanismo de distribución que puede ser además entorpecido por la pesada burocracia existente.

Mientras tanto, la cobertura social española afronta serios problemas de liquidez. O sea, que en el corto plazo vienen tiempos difíciles, pese al volumen de las ayudas previstas. En la gestión de ese enorme caudal de dinero al que Sánchez se refiere a veces como si fuera maná que llueve del cielo, es esencial el respeto a las directrices comunitarias sobre las cuentas públicas de los Gobiernos. Además, contra la equivocada percepción de que nos hallamos ante una mutualización del inmenso crédito que la Comisión va a suscribir, cada país es responsable de una parte alícuota del riesgo, que ha de garantizar. El nuestro tiene uno de los déficits más elevados del área y una deuda superior al 100% del PIB, lo que condiciona su calificación por los mercados. De modo que los Presupuestos que el Gobierno necesita aprobar en Cortes no son ni moderados, como exigen Ciudadanos y el PP, ni progresistas, como prometen PSOE y Podemos con el aplauso interesado de sus hooligans, sino los que permitan sostener un modelo de crecimiento razonable y al tiempo combatir las desigualdades generadas por el neoliberalismo salvaje. Cuando los números hablan, los adjetivos sobran. Por lo demás, hay suficiente ciencia y capacidad económica en las cúpulas de los partidos para dejarse del “yo no me hablo con fulanito y yo tampoco con menganita” y ponerse a discutir cuanto antes sobre los temas concretos.

Necesitamos que los Presupuestos se aprueben cuanto antes, con el mayor acuerdo posible a izquierda y derecha del arco parlamentario. Casado cometerá una gran ingenuidad si sigue practicando el “no es no”, y su error lo pagaremos todos los españoles. Es preciso al tiempo que el Gobierno haga público en qué consiste el plan de reformas que la Unión exige. Francia ha anunciado que piensa invertir 100.000 millones de euros, un 40% de los cuales con cargo a las subvenciones europeas. Lo ha hecho aprovechando la celebración del 150º aniversario de la fundación de la República, que no es un concepto solo sentimental como aquí, sino que responde a un proyecto político integral “jamás terminado, siempre preciso de reconquistar”, en palabras de Macron. La semana pasada, en un discurso de tintes gaullistas, quizá el mejor desde que llegara al Elíseo, el joven presidente advirtió que la República es indivisible y no admite aventuras separatistas; exige una común participación de todos los ciudadanos, unidos “no solo por un contrato social, sino por una cultura, una historia común… y un idioma que es el cimiento de la nación”. Ya dijo Albert Camus que su patria era la lengua francesa.

Aunque a muchos les gustaría oír aquí expresiones semejantes, cada vez menos frecuentes en el entorno de Moncloa, no esperamos de Sánchez o Casado un nivel de oratoria semejante. Tampoco suelen hablar mucho de cultura en ningún caso. En Francia la ministra del ramo acaba de anunciar que el 2% del plan de relanzamiento estará precisamente dedicado a ese rubro. Es decir, dos mil millones de euros. Sonroja comparar estas cifras con las de la patria común del territorio de La Mancha. El porcentaje de participación de las industrias culturales en el PIB de Francia y España es relativamente similar. En números absolutos, nuestro vecino nos dobla la cifra: 80.000 millones frente a unos 40.000 en el caso español, de los que poco más de 5.000 dependen de la financiación pública.

No sé cuán avanzados estén los trabajos del Gobierno respecto al plan que ha de presentar a Bruselas, aunque me temo que no demasiado, habida cuenta del silencio al respecto. Sin embargo, este puede ser el momento de que nuestro Estado sea fiel al modelo republicano, como quiere Pablo Iglesias, y dedique al desarrollo cultural un esfuerzo añadido similar al francés, que en nuestro caso equivaldría al menos a mil millones de euros. También España es algo más que un contrato social: una historia, una cultura y una lengua común, mal que les pese esto a algunos. Y, por supuesto, una economía.

Si los líderes siguen saludándose a codazos, que es una antigua forma de agresión, y discutiendo sobre sus narcisistas actitudes antes que de las soluciones concretas a los problemas que afrontamos, habrá que espetarles el descarnado grito que lanzó Ortega y Gasset, en su caso dirigido a los argentinos. ¡Españoles, a las cosas!