Editorial
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Masacres en Colombia

La tardía reacción del presidente Duque pone en evidencia la ausencia de una sólida estrategia de seguridad

Familiares y amigos sostienen globos blancos en el funeral Yoimar Muñoz, una de las víctimas de una masacre en la provincia del Cauca, en Popayán (Colombia).
Familiares y amigos sostienen globos blancos en el funeral Yoimar Muñoz, una de las víctimas de una masacre en la provincia del Cauca, en Popayán (Colombia).ERNESTO GUZMAN JR / EFE

Las matanzas perpetradas durante las dos últimas semanas en Colombia, que han dejado más de una treintena de muertos en diferentes puntos de su geografía, retrotraen al país sudamericano a los recuerdos más siniestros de un pasado que creía haber dejado atrás, pero que, a tenor de lo ocurrido, se encontraba simplemente oculto por otros asuntos. La tardía reacción del Gobierno de Iván Duque, inmerso en la gestión de la pandemia, pero también en salir a defender al expresidente Álvaro Uribe, mentor del actual mandatario y actualmente en prisión domiciliaria, ha puesto de evidencia la carencia de una sólida estrategia de seguridad.

Los organismos internacionales, la Defensoría del Pueblo, así como múltiples analistas han venido alertando desde hace tiempo de la tendencia al alza de las matanzas en los últimos años, que se han ido desvaneciendo en la agenda mediática frente a otros asuntos, como las marchas que sacudieron al país a finales del año pasado o, evidentemente, la pandemia del coronavirus. No obstante, las señales de que la crisis de seguridad se iba agravando eran bastante evidentes.

Tras la firma de los acuerdos de paz entre las FARC y el Gobierno se han sucedido decenas de asesinatos de líderes sociales ante la inacción del Ejecutivo colombiano, que no ha logrado poner freno a esta terrible deriva. La desaparición de la guerrilla de las FARC, una vez que se llevó a término el proceso de paz, provocó que muchos de los territorios que estaban bajo su control quedaran sujetos a la disputa entre distintos grupos criminales, como facciones de la extinta formación armada, el ELN o grupos armados organizados. Uno de los errores que se le achaca al Gobierno es haber abordado este asunto como si se tratara de un problema vinculado exclusivamente al narcotráfico, cuando está de sobra constatado que han surgido, y en muchos casos se han consolidado ya, otras economías ilegales, como las vinculadas a la minería o la trata de personas.

El presidente Duque no deja de culpar de los problemas de seguridad a su antecesor, Juan Manuel Santos, que terminó su gestión hace dos años o al proceso de paz con las FARC, una narrativa que le aupó al poder. El mandatario ha dado más importancia a defender a su mentor, Álvaro Uribe, del proceso judicial que encara que a las últimas matanzas, a las que ha respondido con más de una semana de retraso. Bien haría Duque en abandonar estos análisis apresurados y sin fundamento, fijar sus prioridades como presidente de todos los colombianos y clarificar cuál es la estrategia de seguridad con la que pretende poner freno a las masacres.

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