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Quienes valoran el Estado de derecho deben apoyar a la Corte Suprema colombiana

La reforma a la justicia que actualmente propone Álvaro Uribe podría socavar seriamente la independencia judicial en Colombia

El ex presidente de Colombia, Álvaro Uribe, llega a la Corte Suprema para ser interrogado en un caso de manipulación de testigos, en Bogotá, Colombia, el 8 de octubre de 2019.
El ex presidente de Colombia, Álvaro Uribe, llega a la Corte Suprema para ser interrogado en un caso de manipulación de testigos, en Bogotá, Colombia, el 8 de octubre de 2019.IVAN VALENCIA / AP

Esta semana la Corte Suprema de Colombia tomó una valiente decisión al ordenar la detención domiciliaria como medida de aseguramiento de Álvaro Uribe, el político más poderoso del país. Sus simpatizantes han ido en embestida contra la Corte. Quienes creen en el Estado de derecho y en los derechos humanos deben apoyar a la rama judicial, no al autoritario expresidente.

La decisión de la Corte, que se dio a conocer el 4 de agosto, es parte de una investigación sobre si Uribe ofreció beneficios a ex paramilitares para cambiar sus testimonios acerca del rol que él habría jugado en la conformación de estos grupos armados irregulares.

Los colombianos deben sentirse orgullosos del mensaje que esta resolución envía acerca del Estado de derecho. En países donde el Estado de derecho es débil —incluyendo varios en la región—los jueces rara vez tienen el coraje de detener a políticos poderosos. Mucho menos en dictaduras como Venezuela, Cuba y Nicaragua, donde los jueces jamás fallan en contra del partido en el poder.

Los simpatizantes de Uribe, entre ellos influyentes líderes políticos de Colombia, reaccionaron ante la decisión judicial con amenazas y acusaciones infundadas de sesgo ideológico. Incluso se han atrevido a proponer una reforma integral al sistema judicial, en aparente retaliación contra la resolución. Estos pronunciamientos pretenden calumniar e intimidar a la corte.

La Corte Suprema necesita recibir señales de respaldo urgentes. Lamentablemente, algunas figuras políticas de la región están haciendo exactamente lo contrario. La reacción de varios miembros de la oposición venezolana, que se enfrentan a la brutal dictadura de Maduro, es particularmente preocupante. Algunos han apoyado abiertamente a Uribe, llegando a llamarlo un “defensor de la causa democrática”. Otros, como el líder de la oposición Juan Guaidó, han expresado su solidaridad con el expresidente.

Es cierto que Uribe los ha apoyado en sus disputas contra Maduro, pero no por un compromiso con el Estado de derecho. De hecho, en esta materia Uribe ha actuado de forma mucho más similar a Chávez de lo que muchos líderes de la oposición venezolana parecen creer.

Como presidente, Uribe atacó de forma rutinaria el Estado de derecho y socavó las instituciones democráticas básicas, que son esenciales para la vigencia y protección de los derechos humanos. Su Gobierno impulsó un patrón general de ataques verbales e intimidación a periodistas y magistrados de la Corte Suprema. Al igual que Chávez, Uribe eludió los límites de la reelección presidencial. Reformó la Constitución Política de Colombia para lograr un segundo mandato e intentó realizar un referéndum en 2010 para obtener un tercero.

Afortunadamente, Uribe no logró —como lamentablemente sí lo hizo Chávez— controlar el Poder Judicial de su país, y la Corte Constitucional frenó su intento de perpetuarse en el poder. La reforma a la justicia que actualmente propone Uribe podría socavar seriamente la independencia judicial en Colombia, tal como hizo Chávez al apoderarse de la Corte Suprema de Venezuela en 2004.

La anulación de los frenos y contrapesos en Venezuela ha permitido que Chávez y su sucesor Nicolás Maduro intimiden, censuren y castiguen a sus críticos. Actualmente, las fuerzas de seguridad venezolanas y los “colectivos” cometen graves atrocidades, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y tortura. Como Maduro controla el poder judicial, la impunidad es la norma.

El Gobierno de Uribe también estuvo marcado por graves abusos contra los derechos humanos. Entre 2002 y 2008, en casos que luego fueron conocidos como “falsos positivos”, soldados del Ejército cometieron asesinatos sistemáticos a sangre fría de miles de civiles inocentes para inflar las cifras de guerrilleros dados de baja durante el conflicto armado. A mediados de los años 2000, Uribe promovió la impunidad para abusos cometidos por grupos paramilitares y lideró una fallida desmovilización paramilitar, que llevó a la creación de nuevos grupos armados que aún cometen graves crímenes, incluyendo asesinatos de defensores de derechos humanos. Decenas de aliados de Uribe han sido condenados por sus vínculos con grupos armados irregulares.

Aún hay preguntas pendientes sobre la responsabilidad de Uribe en estos casos de graves abusos. En años recientes, los tribunales han solicitado que Uribe sea investigado por su posible rol en la conformación de grupos paramilitares, en masacres cometidas en los noventa cuando él era gobernador del departamento de Antioquia, y en interceptaciones telefónicas ilegales a jueces, periodistas y defensores de derechos humanos que ocurrieron durante su presidencia.

La decisión de la Corte Suprema es una prueba de fuego para el Estado de derecho en Colombia, acaso la prueba más dura desde que la Corte Constitucional frenó los planes de reelección de Uribe hace una década. Quienes apoyan la democracia en la región —y en especial quienes han visto con sus propios ojos la destrucción del Estado de derecho en Venezuela— deberían respaldar a la Corte, no a Uribe.

José Miguel Vivanco es Director de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW).

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