Pacto de consolación
El acuerdo de Nissan con los sindicatos no compensa el desajuste económico, laboral y político causado por el cierre
El acuerdo de Nissan con los sindicatos para cerrar la planta de Nissan en la zona franca de Barcelona más los centros auxiliares de Montcada i Reixach y Sant Andreu de la Barca tiene un significado inquietante: es el primer cierre de una fábrica automovilística en los últimos diez años, desde que se produjo el de Santana. Debe interpretarse, además, como un acuerdo de consolación. El cierre de Nissan se mantiene, la plantilla (2.525 trabajadores) será despedida, pero las condiciones del ajuste laboral son razonables y, en todo caso, las que se han considerado por los negociadores como mínimas exigibles para atenuar el cierre de una planta industrial clave para la economía catalana y española. No habrá despidos forzosos hasta diciembre de 2021, pero sí bajas voluntarias, y se han pactado indemnizaciones relativamente generosas para los despedidos.
La fecha de diciembre de 2021 persigue el objetivo evidente de que las Administraciones públicas dispongan de tiempo para buscar opciones de inversión para sustituir la producción cerrada. Un buen propósito; pero no conviene olvidar que las búsquedas apresuradas de capital industrial, por muy bienintencionadas que sean, no suelen acabar con éxito. De la misma forma que la inversión de Nissan en Cataluña fue el resultado de una oportunidad nacida de la necesidad estratégica de la firma japonesa, habrá que esperar a otra oportunidad estratégica para encontrar inversión y puestos de trabajo. Oportunidad que la desaceleración global de la economía hace extremadamente improbable en los próximos dos años.
El pacto de consolación no compensa el desajuste económico, laboral y político de fondo causado por el cierre. Nissan abandona su fábrica después de haberse beneficiado de unas condiciones laborales y fiscales de carácter excepcional que costaron dinero y recursos al erario público. Nissan está en su derecho, por supuesto. Pero quizá vaya siendo hora de que los poderes públicos exijan compromisos más firmes de permanencia y compensaciones institucionales y sociales a los inversores que pretenden condiciones especiales.
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