Pésima gestión

En pocos días, la situación de la pandemia en Lleida se ha descontrolado. La débil estructura de los servicios de vigilancia epidemiológica no ha sido capaz de cortar las cadenas de contagio. Ante la evidencia de una transmisión comunitaria en rápida expansión resulta urgente adoptar medidas adicionales que permitan controlar el brote. En una situación tan grave como esta, lo peor que puede ocurrir es que el Gobierno que debe dirigir la estrategia actúe de forma errática, sin la necesaria lealtad institucional y sea incapaz de sustraerse a planteamientos partidistas. En lugar de generar confianza, la actuación del Ejecutivo catalán ha provocado confusión y una enorme frustración.

Apenas una semana después de haber decretado el aislamiento perimetral del Segrià, para el que obtuvo la correspondiente autorización judicial, el Gobierno de Quim Torra decidió el sábado el confinamiento domiciliario de los 160.000 habitantes de Lleida y otros siete municipios. Pero esta vez la medida no obtuvo la autorización judicial. La juez de guardia suspendió la orden basándose en dos tipos de objeciones: el informe presentado era tan defectuoso que ni siquiera ofrecía datos que objetivaran la necesidad del confinamiento y, en todo caso, la suspensión de derechos fundamentales de forma tan masiva es una competencia que corresponde al Gobierno central.

La propia juez sugiere que se solicite al Gobierno central una declaración del estado de alarma parcial. Pero esta es una posibilidad que no ha contemplado el Ejecutivo catalán. En su cansina disputa competencial, ha decidido actuar de nuevo de forma unilateral ignorando que el principal argumento por el que el Gobierno central pidió y obtuvo del Congreso de los Diputados la autorización para prorrogar varias veces el estado de alarma es que resulta imprescindible para mantener la suspensión de ciertos derechos fundamentales. Una gestión leal, diligente y constructiva de la situación hubiera sido pactar con el Ejecutivo central la cobertura jurídica necesaria para controlar el brote, que no pasa necesariamente por el estado de alarma. Pero el presidente Torra ha preferido hacer de nuevo ostentación de un poder que no le corresponde y prescindir de cualquier cooperación institucional. A ese vicio inicial se sumó ayer el despropósito de considerar la suspensión judicial una “traba burocrática”, demostrando su pobre concepto del orden jurídico. Tras rechazar de nuevo la posibilidad de pedir al Gobierno un estado de alarma parcial, recurrió a la ambigüedad para sugerir una voluntad de desobediencia que en absoluto se corresponde con sus actos posteriores. 

La Generalitat aprobó ayer un decreto para dar cobertura a otras medidas que permitan controlar la situación en Lleida. El Gobierno central, en una actitud mucho más constructiva que la de Torra, está dispuesto a colaborar en una solución. El confinamiento domiciliario no es la única actuación posible. Aragón, por ejemplo, ha tomado medidas que afectan a más del 50% de la población sin violentar el orden jurídico. Y, por cierto, esas iniciativas han demostrado ser más eficaces que las decretadas hasta ahora por el Govern. Es urgente arbitrar medidas de coordinación que impidan crisis de gestión como esta, que lo único que hacen es demorar la respuesta necesaria para frenar los rebrotes. El Gobierno presentó ayer su plan de respuesta temprana y control de la pandemia. Es imperativo coordinar esfuerzos.