El carbón queda atrás

El cierre de siete centrales térmicas de carbón a partir de hoy indica que los criterios y previsiones del Plan de Transición Energética se están cumpliendo al ritmo previsto. Quizá incluso con cierto adelanto, que en este caso no supone en principio un riesgo para el suministro de electricidad al conjunto de ciudadanos y de la industria. Otras cuatro plantas de carbón han solicitado su cierre, de forma que después de su retirada solo quedarán cuatro enganchadas a la red. La generación eléctrica a partir del carbón quedará probablemente eliminada en España a partir de 2025, gracias a los efectos combinados de una política energética española y europea que impone considerables inversiones para garantizar la limpieza medioambiental (inversiones que eliminan la rentabilidad de los grupos eléctricos de carbón) y a una escalada del precio del CO2 que seguirá una tendencia alcista al menos durante los próximos 10 años.

El carbón tiene que ser abandonado como fuente de energía primaria y secundaria; este es un principio que forma parte del consenso energético al menos desde 2010. Ahora bien, su retirada del sistema no puede hacerse de un plumazo y no quedará satisfactoriamente resuelta con cierres decididos por rentabilidad. Para que no dañe el equilibrio del sistema eléctrico, tiene que cumplirse la condición de que al menos hasta 2030 se mantenga una potencia de respaldo suficiente a la introducción paulatina de las renovables. Lo cual significa que, de la forma más justa posible y menos onerosa para los intereses del consumidor, hay que mantener la potencia en marcha de los ciclos combinados y, probablemente, de las nucleares. Los ciclos combinados están infrautilizados y en estos momentos no son rentables. Esta es una amenaza que tendrá que conjurar el Gobierno con procedimientos de retribución por disponibilidad u otros complementos al mercado.

El cierre de las centrales de carbón también plantea a corto plazo un problema laboral. Las siete instalaciones cerradas dan empleo a 1.100 personas; las cuatro en el umbral de cierre dan empleo a otros 800 trabajadores. Puesto que el Plan de Energía y Clima incluye como uno de sus parámetros de acción lo que llama “transición justa”, será esta una buena oportunidad para comprobar que los cierres no implican despidos y que existe un plan de recolocaciones (la solución óptima será en los nuevos grupos de renovables) y de reindustrialización de las localidades afectadas por los cierres. Es un problema de recursos públicos (reforzados por fondos europeos), por supuesto, pero también de iniciativa laboral. Transición Ecológica y Trabajo tienen que mantener la presión sobre las compañías eléctricas hasta que se resuelvan las recolocaciones, en todo o en gran parte.