Unidos hacia la reconstrucción europea

Abusamos tanto del adjetivo histórico que cuando llega un momento realmente histórico tenemos la sensación de que, al denominarlo así, no acabamos de transmitir su verdadera importancia. Cuando el pasado 27 de mayo, Úrsula von der Leyen anunció los detalles del Plan de Recuperación Europeo al Parlamento Europeo, fue realmente un momento histórico: la mayoría de los eurodiputados y de las eurodiputadas jamás pensamos que íbamos a vivir para ver una gran emisión de bonos conjuntos de la Unión Europea.

Pero todavía no hemos llegado al final, a que los jefes de Estado y de Gobierno y el Parlamento Europeo hagan suyo este plan anunciado por la presidenta de la Comisión. Confiamos en que ese, sin duda también histórico, momento ocurra dentro de unos días.

El plan es un buen punto de partida. Pero los 500.000 millones en inversión directa que propone son el mínimo necesario para dar una respuesta europea creíble a una crisis tan grave como la de la covid-19. Por eso, estamos aquí para manifestar públicamente que, como diputados electos, nos oponemos de manera conjunta a cualquier reducción.

Hace poco más de un mes, 505 de los 705 miembros del Parlamento Europeo —una auténtica alianza transversal, intergeneracional y multipartidista, de Norte, Sur, Este y Oeste de la Unión— votamos a favor de un paquete de dos billones de euros para mitigar el impacto social y económico de la crisis y avanzar hacia los objetivos de la agenda digital, la estrategia industrial de la UE y la lucha contra el cambio climático. Así que, en primer lugar, la cantidad no puede rebajarse más.

En segundo lugar, y puesto que es una enorme suma de dinero, el Parlamento Europeo se volcará ahora en cómo gastarlo, en qué proyectos específicos financiará el instrumento de Next Generation EU. El punto de partida no permite ninguna ambigüedad: se trata de financiar inversiones orientadas al futuro que aporten un claro valor añadido a la UE. En su núcleo deben estar el Pacto Verde y la transformación digital, para sostener y hacer más productiva la economía, mejorar su resistencia y crear puestos de trabajo, generar oportunidades para los jóvenes, reducir desigualdades, ayudando al mismo tiempo a la transición ecológica y a fomentar el desarrollo económico y social sostenible, incluida la autonomía estratégica de nuestro continente.

La solidaridad es también responsabilidad. La transición no puede hacerse a costa de sectores específicos. Estos proyectos deben servir para aplicar una estrategia que preserve los sectores industriales básicos de la UE. La industria no es el enemigo, sino el aliado que necesitamos para reconducir el cambio climático.

Y avisamos. El Parlamento debe participar plenamente en este proceso. No solo porque habrá más garantías de transparencia en el uso de los fondos y el control sobre su ejecución. Sino porque, sobre todo, es una cuestión de responsabilidad democrática. Utilizaremos todos los medios a nuestra disposición para lograr este objetivo.

Y ahora, el dinero. Cuando se nos presentó el plan se nos dijo que se financiaría mediante nuevas fuentes de ingresos de toda la UE: nuevos recursos propios, en el lenguaje de la Unión. En nuestra opinión, esto es fundamental. De lo contrario, vamos a trasladar las cargas a los futuros presupuestos, los que deberían financiar los sueños de las próximas generaciones. Los políticos responsables saben que las prioridades no desaparecen cuando acaban sus mandatos. Nosotros tenemos que dejar a esas futuras generaciones de europeos una UE resistente, que prospere de manera sostenible y que no deje a nadie atrás. Ser serios y llevar a cabo un plan de devolución es también una prueba de credibilidad y solvencia.

Pero la credibilidad que más nos importa es la de los ciudadanos, los millones de familias, de trabajadores, hombres y mujeres que sufrieron la crisis de 2008 y que miran con temor que la historia pueda repetirse. Hay muchas lecciones que aprender de lo que ocurrió entonces y de lo que no debe volver a ocurrir ahora. Hay muchas cosas que se hicieron bien, pero muchas otras podían haberse hecho mejor. No explicamos acertadamente el porqué de determinadas decisiones, y acabamos provocando el descrédito de nuestras instituciones.

Tomamos nota. Esta vez debemos y vamos a hacerlo bien a la primera. Habrá dificultades, pero no falsas promesas que no podamos cumplir. No por nuestra parte.

Y ese es nuestro mensaje: es esencial que, cuando vuelvan a reunirse en el mes de julio, los jefes de Estado y de Gobierno de los 27 se pongan de acuerdo sobre la necesidad de introducir nuevos recursos propios. El Parlamento dará su consentimiento al próximo marco presupuestario 2021-2017 (MFP) sólo si ocurre eso. Los primeros recursos propios deben estar en funcionamiento a partir de 2021. No nos conformaremos ya con promesas de “propuestas futuras” o “grupos de trabajo de alto nivel”. Exigimos a la Comisión Europea y al Consejo Europeo que se comprometan a adoptar las disposiciones legales vinculantes necesarias así como un calendario para la introducción progresiva de ese dinero en el curso del próximo marco presupuestario, para alcanzar un nivel de ingresos que sea suficiente al menos para reembolsar la totalidad del capital y los intereses del préstamo.

Y es crucial la velocidad. La Comisión tiene razón al proponer que parte de los fondos de recuperación se pongan a disposición lo antes posible. El Parlamento está preparado para negociar la revisión del actual presupuesto y tener los 11.500 millones que la Comisión solicitó listos para desembolsar. El dinero tiene que llegar ya a los ciudadanos, las empresas y las regiones que más lo necesitan. Y con ese objetivo estamos trabajando unidas las fuerzas políticas con mayor representación en la Eurocámara.

También debemos asegurarnos de que los próximos presupuestos anuales de la Unión (MFP) estén adecuadamente financiados. La UE tiene que financiar políticas de largo plazo y nuevas prioridades (pensemos en la política industrial europea o en el cambio climático) que no se han evaporado a causa de la pandemia, y el próximo presupuesto no puede convertirse en un “presupuesto de crisis”.

Nuestras ciudadanas y ciudadanos deben ver, confiemos en que antes del comienzo de las vacaciones de verano, un acuerdo político del Consejo Europeo sobre el Plan de Recuperación, el MFP existente y el nuevo MFP. Y hay que encontrar un acuerdo interinstitucional: cualquier nueva herramienta presupuestaria debe estar bajo una fuerte supervisión parlamentaria. Que nadie dude de que nosotros, los representantes elegidos, vamos a negociar y defender los intereses de la ciudadanía europea.

Las decisiones de los próximos meses para hacer frente a la crisis tendrán un impacto a largo plazo en nuestras sociedades. Las instituciones y los países de la UE tenemos que garantizar que Europa saldrá más fuerte. Esta es la esperanza de nuestros ciudadanos: no nos podemos permitir defraudarles. Este no es tiempo de indecisiones sino de liderazgo europeísta, de estar a la altura del reto al que nos enfrentamos. No es tiempo de miedo, sino de coraje y determinación. Por eso pedimos al Consejo de la UE que mire hacia el futuro y lo vea. Que se atreva a hacer más. Que se una a la ambición del Parlamento Europeo y la Comisión en el diseño y la forja del compromiso de este histórico proyecto que se llama Unión Europea.

Esteban González Pons es vicepresidente del grupo popular europeo, Javier Moreno es jefe de delegación del PSOE en la Eurocámara y Luis Garicano, de la delegación de Ciudadanos.