Terminator, Trump y la justicia internacional

Bosco Ntaganda, exlíder rebelde congoleño, fue sentenciado hace pocos meses por la Corte Penal Internacional a 30 años de prisión después de ser hallado culpable de crímenes de guerra y de lesa humanidad. Las huestes seguidoras de Ntaganda habían llevado a cabo terribles masacres contra civiles en zonas de la frontera entre Congo y Ruanda.

Apodado “Terminator”, Ntaganda se rindió el 2013 en la embajada de EE UU en Ruanda y de allí fue puesto bajo la jurisdicción de la CPI. Esto permitió su procesamiento y condena luego de un proceso con todas las garantías. Fue declarado culpable por la Corte de 18 delitos (asesinatos, violaciones, esclavitud sexual y uso de niños soldados); la primera persona condenada por esclavitud sexual.

Esos mismos jueces, la fiscal y los funcionarios de la CPI están ahora sujetos a sanciones por el gobierno estadounidense y sometidos al inmisericorde verbo de Trump. Un nuevo Ntaganda hubiera quedado ahora en la impunidad, ya que una colaboración estadounidense con la justicia de la Corte sería imposible.

Lo que se está haciendo es asestar un golpe a la independencia de uno de los tribunales más importantes del mundo. “Sanciones económicas” a sus integrantes y la remoción de sus visas son pasos que violan las inmunidades que les corresponden, así como una gama de otros derechos, como actuar con independencia y sin presiones de ningún tipo.

La CPI fue establecida en 2002, a través del Estatuto de Roma adoptado en 1998 y del que son parte más de 120 países. Entre ellos prácticamente todos los países latinoamericanos, los europeos y buena parte de los africanos. El propio Bill Clinton lo firmó, aunque luego el país no lo ratificó.

La Corte no reemplaza a los tribunales penales nacionales; es estrictamente complementaria. Si un Estado tiene jurisdicción sobre la persona sindicada y está dispuesto a llevar a cabo la investigación o enjuiciamiento, el tribunal internacional ya no puede hacerlo. Solo en caso ello no ocurra actúa la CPI. Lo hace y viene haciendo en situaciones en las que galopa la impunidad. Por ejemplo atrocidades en Bangladesh y Myanmar, Burundi, Darfur y Sudán, Palestina o Filipinas.

Bangladesh y Myanmar: autorizó en noviembre a la fiscal a investigar presuntos delitos cometidos “contra el pueblo rohinyá u otros”. Burundi: ataques “generalizados y sistemáticos” contra la población civil por agentes estatales; se examinan, preliminarmente, como crímenes de lesa humanidad. Darfur y Sudán: el Consejo de Seguridad remitió a la CPI hechos que constituyen “una amenaza para la paz y la seguridad internacionales” en un contexto de destrucción a gran escala de aldeas, 1,65 millones de desplazados internos y más de 200.000 refugiados en el vecino Chad. Palestina: examen de una solicitud de la fiscal para que determine el alcance de la jurisdicción territorial del tribunal. Filipinas: analizando delitos presuntamente cometidos en el contexto de la campaña “guerra contra las drogas” lanzada por el Gobierno.

La CPI, pues, tiene varios asuntos graves y trascendentes entre manos. Por eso, lo que presenta Trump como la “protección” de sus connacionales no es tal, sino un socavamiento del derecho internacional que la debilita, afectando, con ello, bases de la justicia internacional. Tratándose de personal estadounidense sindicado como responsable de supuestos delitos cometidos en Afganistán (Estado parte de la CPI), el Estado del que son nacionales (EE UU) podría bien investigarlos y, de ser el caso, sancionarlos. La CPI ya no tendría jurisdicción.

Muy pertinente, por eso, la declaración emitida este martes por la mayoría de Estados partes del Estatuto de Roma dándole su “apoyo total” a la CPI como “institución judicial independiente e imparcial” y “central en la lucha contra la impunidad y en la búsqueda de la justicia, componentes esenciales de la paz duradera, la seguridad y la reconciliación”. El día de ayer, junto con la mayoría de relatores temáticos de la ONU, por nuestro lado, hemos condenado en Ginebra este ataque al derecho internacional.

Afectar la independencia de magistrados o fiscales es, en cualquier situación, una afrenta al Estado de Derecho y a la democracia. Hacerlo con el tribunal internacional que debe enfrentar la impunidad frente al genocidio y demás crímenes de lesa humanidad, es sumamente grave y frente a ello el mundo felizmente está reaccionando.