Editorial
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Razón democrática

La investigación a don Juan Carlos prueba la fuerza del Estado de derecho

El rey emérito, Juan Carlos I.
El rey emérito, Juan Carlos I. / Europa Press

La Fiscalía General del Estado ha encargado a la del Tribunal Supremo que prosiga la investigación iniciada por Anticorrupción a raíz de las informaciones que vinculaban al rey emérito con el cobro de comisiones por la construcción del tren de alta velocidad entre las ciudades saudíes de Medina y La Meca. La intervención de la Fiscalía del Supremo se debe a la condición de aforado que conserva don Juan Carlos después de su abdicación en junio de 2014, y significa que los indicios acumulados hasta ahora por Anticorrupción son suficientes, al menos, para proseguir las indagaciones. El caso puede ascender otro escalón en el itinerario judicial si, como consecuencia de lo que llegue a saber la Fiscalía, el Tribunal Supremo considerase abrir diligencias contra el anterior jefe de Estado, una vez fijados los límites de la inviolabilidad que le correspondió mientras estuvo en el ejercicio de su cargo.

La decisión de seguir investigando la actuación de don Juan Carlos viene a constatar que en el sistema constitucional español nadie está exento de responsabilidades, incluido quien fue uno de sus principales artífices. Y es precisamente esta evidencia la que pone de manifiesto que no se puede confundir el valioso legado político de don Juan Carlos con su reprobable actuación personal. Si hoy se investiga a don Juan Carlos, y si, reuniéndose las circunstancias, debiera eventualmente responder ante unos magistrados que en tantas ocasiones ejercieron la justicia en su nombre, es porque una vez puesto en pie el vigente sistema constitucional dejó de estar sometido a cualquier voluntad que no sea estrictamente la de los ciudadanos, expresada a través del voto y concretada en las normas que aprueba el Parlamento y aplican los jueces.

El Estado de derecho establece las mismas obligaciones para todos, incluido el rey emérito. Pero también reconoce idénticos derechos, de los que nadie, ni siquiera el rey emérito, puede ser despojado. Así, mientras el camino judicial al que podrían dar lugar las investigaciones de la Fiscalía no llegue a término, ya sea en el sentido del archivo de la causa, en el de la absolución o el de la condena, ni don Juan Carlos puede ser privado de la presunción de inocencia ni el Tribunal Supremo presionado directa ni indirectamente a través de espectáculos y juicios paralelos. La prueba a la que se enfrenta el Estado de derecho es colectiva, en la medida en que obliga a preservar las instituciones de todos por encima de las personas que las han encarnado, y que presuntamente habrían buscado ilícitos beneficios privados.

No es, sin duda, beneficioso para el sistema constitucional de 1978 el hecho de que quien encarnó su máxima magistratura durante cuatro décadas decisivas para el progreso y las libertades esté siendo investigado por corrupción. Pero eso no significa que de manera inexorable tenga que salir debilitado en lugar de fortalecido. Por lo pronto, si una figura de tanta relevancia como el rey emérito está siendo investigada, al punto de que podría acabar ante los tribunales como cualquier otro ciudadano, no es porque haya triunfado un expolicía que, valiéndose de sus debilidades y actuando desde las cloacas, pretendió inútilmente chantajear al Estado. Antes por el contrario, la única razón es democrática, y se resume en que las instituciones y las leyes han funcionado.

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