Error del chavismo

La destitución, ordenada por el Tribunal Supremo de Justicia venezolano, de Juan Guaidó de su cargo de presidente de la Asamblea Nacional es un paso atrás para una salida ordenada, pacífica y dialogada al peligroso bloqueo institucional que sufre Venezuela. El órgano judicial, controlado por el chavismo, ha colocado en el cargo a Luis Parra, un diputado proclamado presidente de la Cámara el pasado enero sin ni siquiera tener el quórum legal necesario, en una sesión donde el Ejército impidió físicamente a Guaidó entrar en el recinto para presentarse a la reelección. Fue finalmente investido, con la mayoría necesaria, pero en la sede de un periódico al que acudieron los diputados que le apoyaban.

Juan Guaidó es el líder político reconocido por la comunidad internacional para ayudar a pilotar el retorno de Venezuela a la democracia. Y lo es porque en su calidad de presidente de la Asamblea Nacional —órgano legítimo de representación de la soberanía de los venezolanos y que por decisión de estos tiene una mayoría de diputados contrarios al régimen de Nicolás Maduro— y con el respaldo legal de esta, fue proclamado en enero de 2019 “presidente encargado” del país. Una denominación que evitaba cuidadosamente la de “presidente de la República”, cargo que ostenta Maduro. Son ellos dos y sus colaboradores quienes están obligados a pactar cómo llegar a la única solución posible al caos institucional: la celebración de unas elecciones presidenciales libres, transparentes, sin presos políticos, con igualdad de condiciones entre los candidatos y bajo supervisión internacional. Pretender apartar a Guaidó como está intentando el régimen no ayuda en nada a cumplir esta aspiración de millones de venezolanos.

Lamentablemente, Venezuela está viendo cómo se desperdicia la oportunidad de aprovechar la dramática situación creada por la pandemia para que todos los actores políticos del conflicto aúnen esfuerzos en encontrar una solución democrática. La rocambolesca operación paramilitar contra el régimen de Maduro, que empezó y terminó el pasado 3 de mayo y se saldó con siete muertos, es un hecho grave porque además de ser una salida absolutamente inaceptable a la situación del país significa también que coloca a parte de la oposición venezolana fuera del marco de diálogo imprescindible. Tampoco ayuda en nada que Maduro haya denigrado a la Conferencia de Donantes como “espectáculo fraudulento” cuyo fin es “engañar”. El mandatario no puede desdeñar este esfuerzo económico internacional, en momentos de grandes dificultades en todo el planeta, para paliar la situación de cinco millones de refugiados venezolanos y que también está afectando a los países de acogida vecinos, en su mayoría, de la propia Venezuela.