Parlamento al revés

La portavoz del Grupo Popular, Cayetana Álvarez de Toledo, cruzó este miércoles la línea de lo admisible en una democracia al acusar de terrorismo al padre del vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias. Sus expresiones intolerables no justifican las provocaciones del propio vicepresidente, quien se dirigió a Álvarez de Toledo por su título nobiliario en lugar de por el tratamiento de señoría y, al día siguiente, lanzó acusaciones de golpismo contra el portavoz de la ultraderecha en la comisión de reconstrucción. Pero tampoco obligan a confundir al país con disquisiciones de cara a la galería, como si lo que exigieran estos episodios fuera dirimir con precisión escolástica lo que se puede o no se puede decir en el Congreso.

La excusa de responsabilizar a los demás de los desafueros propios, como la que dio Álvarez de Toledo, sería infantil si no estuviera afectando a asuntos tan graves como la convivencia y la salud de las instituciones: los miembros de la Cámara saben que juegan sin arriesgar personalmente porque sus expresiones están cubiertas por la inmunidad. Lo que muchos de ellos parecen haber olvidado es que esa inmunidad no es una coartada para la descalificación o para la injuria, sino la garantía prevista por la Constitución ante la responsabilidad que contraen cada vez que toman la palabra. Es de esta responsabilidad de lo que se está haciendo burla día tras día al intentar que una escalada de ofensas, irrefrenable y estéril, ocupe el lugar que corresponde al debate político.

Lo sucedido este miércoles en el Congreso de los Diputados fue más lejos de lo que había ido hasta fechas recientes, pero ni constituye una novedad ni es previsible que desaparezca, como bien se pudo comprobar al día siguiente. En realidad, estas malas formas parlamentarias responden a una estrategia política que aparece y desaparece de la vida pública española desde 1993, que a punto estuvo de poner en jaque al sistema constitucional y que amenaza con volver a hacerlo en estos momentos. De acuerdo con esta estrategia, la acción de gobierno no debe ser nunca objeto de control por parte de los diputados, sino de juicios apocalípticos sobre las intenciones que se imputan al presidente o los ministros. La realidad del país sigue entonces un camino y el debate político otro diferente, en el que las necesidades de los ciudadanos son solo el señuelo para esconder la obscena brutalidad de la lucha por el poder.

En democracia, el Parlamento sirve para resolver mediante la representación política los legítimos conflictos de intereses entre los ciudadanos. La práctica en España está creando un auténtico mundo al revés en el que los ciudadanos son emplazados para asumir como propios los conflictos políticos creados en el Parlamento, desentendiéndose de sus intereses.