Plan anticrisis

Hay un amplio consenso entre las instituciones y los economistas sobre el alcance destructivo del colapso económico causado por la epidemia de covid-19. Las estimaciones de Bruselas apuntan a una caída del PIB europeo este año del 7,7%, con una recesión “a dos velocidades” que afectaría más intensamente a España e Italia. Más que hablar de recesión quizá habría que conceptualizar lo que está ocurriendo como una depresión, por su profundidad. Las previsiones europeas para España coinciden, con décimas de diferencia, con las expuestas por el Gobierno y por la Autoridad Fiscal Independiente (Airef) y son coherentes con el hundimiento del empleo en España apuntado por el paro registrado en abril. Aunque todavía es pronto para un control detallado de daños, en dos meses el número de parados ha subido en más de 600.000 personas y la Seguridad Social ha perdido en torno a un millón de cotizantes. Si se tiene en cuenta que queda al menos un mes de parálisis parcial de la economía, no es aventurado suponer que los costes en empleo y afiliación puedan duplicarse durante este periodo,

Hay que prestar atención a las descripciones complementarias de la crisis firmadas por la Comisión, el Gobierno, el Banco de España o la Airef. Durante los próximos dos años (al menos) la economía española necesitará de un programa detallado de estabilización financiera para corregir el desvío del déficit (superior al 10% este año) y la deuda, que quizá supere en ese mismo periodo el 115% del PIB. La recuperación “a dos velocidades” es lógica y dolorosamente previsible. España tiene una estructura económica caracterizada por la dependencia excesiva del sector servicios, en especial del turismo, y una debilidad casi congénita de las finanzas estatales para sostener desde el sector público el tejido empresarial y las rentas sociales. Alemania o Austria, por ejemplo, disponen de la fortaleza fiscal suficiente para salir casi indemnes del atolladero. La cruda realidad de las “dos velocidades” reclama a voces un plan europeo para inyectar dinero en las economías más afectadas; un plan Marshall, o como quiera denominársele, que alivie la escasez de recursos de los Estados del sur, ya muy castigados por la crisis de 2008.

Ya que en principio España no recuperará el PIB de 2019 hasta 2022 y tendrá abiertas profundas heridas en déficit y deuda, la lógica impone que el Gobierno ha de activar un plan de recuperación al menos para lo que resta de legislatura, que este plan debería ser una de las piezas básicas de la Comisión de Reconstrucción, y que debe apoyarse en pactos presupuestarios con otras fuerzas políticas. Es también evidente que el plan tiene que incluir una subida proporcionada de la presión fiscal, más allá de las tasas Google o financiera, que parecen recursos escuálidos ante lo que se avecina. Hay que discutir además una estrategia para reorientar el gasto que entre en el detalle de la idoneidad de cada partida.

El plan tendría que apoyarse en las decisiones sociales y empresariales ya tomadas. La aplicación de los ERTE ha frenado el hundimiento del empleo; sería un error no prolongar su extensión más allá de 2020 con las mejoras legales necesarias. Las ayudas extraordinarias han de incluir una renta mínima garantizada. Cuanto antes se apruebe, mejor; será de gran ayuda para reactivar la demanda y el consumo.