Primer impacto

A pesar de que el parón de una parte significativa de la economía se produjo a partir de la segunda semana de marzo, la encuesta de población activa (EPA) correspondiente al primer trimestre del año ha registrado el mayor descenso del empleo trimestral desde 2012, cuando la economía española sufría la fase más aguda de la recesión. Durante este primer trimestre el empleo ha caído en 286.000 personas, el paro ha aumentado en 121.000 y la tasa de paro se ha situado en el 14,4%. La suposición de que muchos de los que se han declarado inactivos en este periodo sean en realidad parados efectivos permite suponer que la tasa de paro real es mayor de la registrada en la EPA. En la EPA del segundo trimestre se apreciará el daño de la crisis vírica en toda su amplitud.

Lo más probable es que el perjuicio sobre el empleo sea mayor de lo esperado, coherente con la recesión que han pronosticado el Banco de España y otras instituciones económicas. Recuérdese que el Banco prevé una contracción de la economía de hasta el 13% este año. Es decir, en los próximos trimestres continuarán aflorando las consecuencias del colapso motivado por la covid-19 y la caída del empleo y la ocupación se va a acentuar.

La EPA conocida ayer refleja además la sensibilidad extrema del mercado laboral español a cualquier variación de las condiciones de crecimiento. Cualquier descenso en la actividad se traslada con rapidez al empleo, debido a la elevada tasa de temporalidad. Apenas 15 días de congelación parcial de la actividad en el cálculo estadístico de un trimestre (que estacionalmente no suele ser bueno para la ocupación) han bastado para deteriorar significativamente la evolución del empleo. El daño se ha centrado, como era de esperar, en los puestos de trabajo que presentan un grado mayor de precariedad; de los 286.000 empleos perdidos, aproximadamente 255.000 son temporales.

El recurso a los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) va a frenar el primer impacto de la crisis; pero no hay que olvidar que la EPA contabiliza 578.000 afectados por este tipo de regulación que por su propia definición legal no cuentan como parados. Es probable que cuando se reanude la actividad, una parte del empleo retenido en los ERTE pase a ser objeto de Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), porque la economía no va a recuperar la velocidad de crucero en 24 horas. La hipótesis de un periodo de recuperación mínimo de tres trimestres a partir de la “vuelta a la normalidad” es más correcta e, incluso, ligeramente optimista.

El impacto dañino sobre el empleo de la covid-19 dependerá como es lógico de cuánto deba prolongarse la parálisis de la actividad económica y, por tanto, de cuál sea la capacidad de recuperación de las empresas, pequeñas y medianas en su mayoría. Con el fin de que la caída del empleo no se convierta en un factor más de depresión, el Gobierno y los agentes sociales deberían comprobar con asiduidad el grado de cumplimiento de las medidas del plan de choque, en particular las que afectan a la protección de las pymes, autónomos y desempleados. Es prioritario elevar la protección de los parados y cuidar en la medida de lo posible el andamiaje empresarial frente a los efectos de un cisne negro que, por muy breve que sea su impacto, se prolongarán al menos hasta 2022.